Luz verde al nuevo modelo de financiación de servicios sociales entre la Diputación de Gipuzkoa y los ayuntamientos del territorio. La diputada de Política Social, Maite Peña, y representantes de los municipios han sellado este martes el acuerdo por el que se establece un nuevo reparto de la financiación del servicio de ayuda a domicilio (SAD), que el año pasado atendió a 4.800 personas en sus casas. El acuerdo venía precedido de la propuesta de la asociación de municipios Eudel, en el que EH Bildu votó en contra al considerar que se introducen"recortes" y perjudicará, a su juicio, un servicio que lleva años con una demanda a la baja.

A partir de este año y hasta 2019, el ente foral y los ayuntamientos cofinanciarán el Servicio al 50%, fijando la aportación máxima de la Diputacion en 8.192.461 euros.

El reajuste de la aportación actual se realizará de manera progresiva. Asimismo, el acuerdo también incluye que con la finalidad de promover la mejora del servicio en Gipuzkoa, un 25% de la aportación foral se destinará a la financiación de las mejoras que se acuerden de acuerdo al informe elaborado por la Comisión Técnica creada con este fin, según ha informado en una nota el departamento de Política Social.

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, ha destacado que este acuerdo “refuerza” la “firme apuesta” de la Diputacion por un servicio como el SAD, a través del cual se atiende en sus casas a más de 4.800 personas con necesidad de cuidados y que hasta ahora ha costado 14,8 millones de euros al año a las arcas públicas.

Hasta ahora, en el caso de las personas dependientes, aproximadamente el 82% del gasto lo pagaba la institución foral y el 18% restante salía de los fondos municipales; y en el caso de las personas autónomas, la Diputación asumía el 70% y los ayuntamientos el 30% restante. Pero la entrada en vigor de la Ley vasca de Servicios Sociales el pasado diciembre ha obligado a replantear ese reparto. En ese sentido la diputada ha añadido que aun cuando ya no hay dudas respecto a que el SAD se trata de un servicio de competencia exclusivamente municipal, cuya responsabilidad de financiación corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, también “resulta innegable” que se trata de un “servicio de atención”, pero también de “prevención” que permite que muchas personas “permanezcan en sus domicilios”, motivo por el que es evidente que se trata de un servicio de “interés común”.

La diputada también ha resaltado otros puntos relevantes del acuerdo como son, por un lado, que la Diputación asumirá todos los gastos derivados de la asunción de las residencias municipales en Kabia, estimados en 7,5 millones de euros. Y por otro lado, se va a realizar una distribución del Fondo de Servicios Sociales para 2017 del 50% para el despliegue de servicios de competencia foral y municipal. Esto supone que los 6.578.000 euros que están previstos para la financiación extraordinaria del despliegue de servicios de la Cartera en Gipuzkoa se repartirán en partes iguales, 3.289.000 euros para la DFG y otros 3.289.000 euros para los ayuntamientos del territorio histórico.

Por último, la Diputación y los ayuntamientos guipuzcoanos establecerán una serie de indicadores que permitan una evaluación de la consecución de los objetivos de mejora que se plantean.