El coste de una plaza en una residencia de personas mayores en Gipuzkoa ronda los 2.500 euros al mes, una de las cifras más altas del Estado. La parte que paga la Diputación por concertar una plaza en los centros privados está también en el primer puesto del ranking, con 84,2 euros por día y plaza, según datos que recoge el diagnóstico del sector realizado por el Centro de Documentación y Estudios SIIS, por encargo de la Diputación y que fue presentado ayer en las Juntas Generales.

En el informe se recogen las valoraciones del sector, principalmente de los directores de los centros residenciales, que aunque se muestran satisfechos con el modelo de colaboración público-privada, desvelan su inquietud por la sostenibilidad del sistema y demandan actualizar esas tarifas en función de lo que se incremente el coste que les supone cada plaza (por los incrementos de los costes laborales, los ratios de cobertura y la mejora de la atención). El documento analiza la evolución de las dos variables (coste y tarifa), claves de la financiación del servicio. De ellas depende el resultado económico de la actividad: si la gestión de las residencias es deficitaria o no.

La primera conclusión es que tanto el coste como la tarifa al centro han seguido un camino paralelo. Si en una década el coste de la atención a personas mayores se ha duplicado, también la parte de la tarifa que llega a cubrir entre el 90% y 100% del coste por plaza. Se trata, todo hay que decirlo, de una media y obliga a leer los datos con cierta cautela dada la diversidad del sector (hay centros municipales, públicos, privados y concertados) con diferentes situaciones económico-financieras. Gipuzkoa es «con diferencia» el territorio del Estado que abona tarifas de concertación más elevadas, superiores a las de Álava o Navarra, y alejadas «significativamente» de las que se pagan en comunidades con el mismo nivel de renta, como Cataluña o Madrid, resalta el informe.

Diputada de Políticas Sociales

EH Bildu

PSE

Podemos

El reto de la financiación late de fondo en buena parte del informe que ayer desgranaron Joseba Zalakain, director del SIIS, y la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña. Y también sobresale en un horizonte mucho más próximo. En 2017 toca negociar el nuevo convenio del sector, lo que añade más presión a esa olla que es la gestión.

Toca elegir. El dilema pasa a ser un «trilema» en el caso de la financiación del sector, como expuso ayer Zalakain. Aquí se trata de encajar los intereses contrapuestos de las personas usuarias y potenciales residentes, que siempre desean una mejor calidad, más plazas para que se reduzca la lista de espera y no pagar más (copago); el de los trabajadores y las empresas, que reclaman mejorar las condiciones laborales, garantizar la viabilidad económica del sector y el de los contribuyentes y usuarios de otras políticas, que reclaman mantener el gasto bajo control y no subir impuestos. El único problema es que no hay dinero para todo. «Dar respuesta a todos no es que sea difícil, es que es imposible», dijo Zalakain.

Si hay que elegir, el Departamento de Políticas Sociales ya ha elegido, y ayer puso sus cartas sobre la mesa. «La prioridad va a estar en la creación de plazas y en la mejora de la atención», lanzó como aviso a navegantes Maite Peña al final de su intervención, lo que descarta un modelo de gasto centrado en un aumento de tarifas. Según lo anunciado, el plan de choque foral contempla concertar 300 nuevas plazas de aquí a 2019, incrementar las estancias temporales y hacer más atractiva la prestación vinculada al servicio -que se paga a los usuarios en lista de espera para que puedan acceder a una plaza privada-, entre las principales medidas. En total, más de 6 millones de inversión.