El área de Bienestar Social encargó en 2014 a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV/EHU de Donostia un estudio para conocer de forma precisa la situación de convivencia entre los adolescentes irundarras. En el estudio han participado 1.282 adolescentes de 1º y 3º de ESO, 1º de bachiller y ciclos formativos de Grado Medio y Programas de Cualificación Profesional Inicial, y los resultados se presentarán al público el jueves, a las 19.00 horas, en el Museo Oiasso.

El objetivo ha sido extraer conclusiones que sirvan para analizar la idoneidad y la eficacia de los planes de actuación existentes. Por ello, el equipo de investigación ha analizado, entre otros, las relaciones en diferentes espacios de vida, las razones que podían llevar a episodios de maltrato, reacciones que tienen ante estas situaciones o aspectos relevantes sobre el 'ciberbullyng'.

En la presentación del estudio, cuya entrada es libre, participará el equipo de investigadores de la UPV/EHU.

Las consecuencias que la crisis económica ha tenido y tiene en las familias es palpable y en algunos hogares ello ha derivado en tener que elegir entre poner un plato en la mesa o pagar la letra de la hipoteca pese a «cobrar un sueldo». El año pasado un total de 2.159 familias irundarras fueron atendidas por el Servicio de Atención Primaria -1.034 de ellos correspondientes a personas mayores de 60 años-, de las que 1.178 solicitaron algún tipo de ayuda económica. Así, durante 2015 el departamento de Bienestar Social tramitó prestaciones por un valor de 3.294.847 euros.

millones de euros fueron destinados a cubrir las necesidades de 1.178 familias irundarras.

Ayudas de Emergencia Social. Se concedieron a 754 familias, por valor de 756.335 euros.

Ayudas Especiales. Se beneficiaron 99 hogares (77.426 euros).

Dependencia. Se activaron 202 ayudas para cuidados en el entorno, 182 en asistencia personal y 33 vinculadas al servicio.

Desprotección infantil. 46 hogares participaron en el Programa de Intervención Familiar.

«El Servicio de Atención Primaria se convierte en la puerta de entrada a los servicios sociales de la ciudad, y también de la Diputación y del Gobierno Vasco», hizo hincapié el delegado de Bienestar Social, Sergio Corchón, que defendió que se trata de un servicio «necesario y prioritario en la política municipal». Por eso, el objetivo de su departamento es «mejorarlo a lo largo de este año y durante todo el mandato». Corchón pronunció estas palabras en la presentación del balance de este servicio, al que también asistió su responsable, Mila Holgado.

Entre las prestaciones económicas «más importantes» que fueron tramitadas el año pasado se encuentran las Ayudas de Emergencia Social (AES), cuya financiación procede del Gobierno Vasco pero que son gestionadas por cada Ayuntamiento. El año pasado la dotación económica ascendió hasta los 598.048 euros, una cifra que «no es suficiente», aseguró Corchón, porque «nosotros manejamos unos criterios superiores a la concesión de estas ayudas». Ello se traduce en que, según explicó Holgado, «aunque cada ayuntamiento puede 'aminorar' la cuantia y la cantidad de las ayudas, nosotros damos el máximo permitido por ley». No obstante, antes de cerrar 2015 el presupuesto se agotó, por lo que Bienestar Social decidió inyectar 158.287 euros adicionales, haciendo posible que 754 familias se beneficiaron de esta prestación dirigida al «pago de alquileres, créditos, mantenimiento de vivienda o abono de recibos de luz y agua», explicó Corchón.

A estas prestaciones se suman también las ayudas especiales, destinadas a aquellas personas que se quedan fuera de las AES o la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no cumplir alguno de los requisitos como, por ejemplo, el tiempo de empadronamiento. El año pasado se concedieron un total de 99 ayudas en las que se invirtieron 77.426 euros, unos fondos que «vienen de una línea de financiación estrictamente municipal», destacó el delegado.

Por otro lado, el Servicio de Atención Primaria también actúa en el ámbito de la desprotección infantil de carácter leve o moderado -las más graves se derivan a la Diputación Foral-. El año pasado 46 familias (que afectó a 76 menores) participaron en el Programa de Intervención Familiar, donde los hogares recibieron ayuda terapéutica y educativa para corregir las situaciones que desembocaron en esa desprotección.

Asimismo, 64 personas desahuciadas de sus viviendas o en riesgo de desahucio fueron atendidas por una trabajadora social dedicada en exclusiva a esta problemática.

Durante su intervención, Holgado hizo especial hincapié en la labor que desarrollan las trabajadoras sociales del servicio, que se convierten en «una figura de apoyo para las familias, una persona de referencia y de ayuda», un factor que es «clave». En ese sentido, explicó que el personal del Servicio de Atención Primaria «no solo atiende la demanda que el usuario que viene a nosotros pone sobre la mesa, también intentamos averiguar qué hay detrás de ello para no quedarnos en lo más explícito». También incidió en el hecho de que muchos receptores de ayudas son «familias que trabajan pero a las que no les llega el sueldo para hacer frente a los pagos».