Hace pocas fechas, las páginas de este periódico recogían unas palabras de Ignacio Fernández-Toxo, secretario general de CC OO, en las que aseguraba que «tener un empleo ya no es una garantía para salir de la pobreza. Millones de trabajadores tienen la condición de pobres». La precariedad laboral provocada por al crisis económica hace que, en muchos hogares, el salario recibido por el trabajo no sea suficiente para llegar a fin de mes. Y no es algo que ocurra en las comunidades, en teoría, más pobres del Estado. En Euskadi, una de cada cinco personas solicitantes de ayudas de emergencia social (AES) tiene ingresos por trabajo. El perfil del perceptor de una de estas ayudas en Euskadi es el de una mujer, de entre 30 y 45 años, que necesita el dinero para hacer frente al pago de la vivienda, sea en alquiler o para ayuda de la cuota de la hipoteca.

Las ayudas de emergencia social (AES) son prestaciones económicas para que personas sin recursos puedan hacer frente a gastos imprevistos, como no poder pagar el alquiler de la vivienda, cambiar una lavadora o renovar las gafas. Se trata de una ayuda sufragada por el Gobierno Vasco, pero gestionada por los ayuntamientos, que llega alrededor de 35.000 beneficiarios en Euskadi. A diferencia de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), no se trata de una ayuda subjetiva por lo que, cuando termina la cuantía presupuestaria destinada, se termina de percibir hasta que el año siguiente se vuelve a destinar dinero. Ocurrió en 2013 y también en el recién acabado. El Gobierno Vasco había destinado 20,5 millones de euros que han sido insuficientes. Según los ayuntamientos, para cubrir la demanda de este año se necesitarían diez millones más, el doble de lo necesitado el año pasado. Así se lo hicieron saber al propio Gobierno Vasco, que decidió no aumentar la cuantía. Ante esta tesitura, muchos ayuntamientos han optado por poner dinero de sus arcas para cubrir la demanda de las AES que realizan sus vecinos.

Para el presupuesto de 2015, el Gobierno Vasco ha aumentado la cuantía un 2,4% hasta alcanzar los 21 millones de euros. Pero está previsto que esa cifra aumente un poco más después de que el PSE haya anunciado que, en la negociación de los presupuestos, ha pactado con el PNV una enmienda para aumentar la partida de las AES en 2,2 millones de euros.

Según se desprende de una respuesta parlamentaria del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, a una pregunta del PSE sobre el perfil de los demandantes de estas ayudas, el 21% de las personas que solicitan las AES están trabajando, «tanto por cuenta ajena como propia». El sueldo que cobran por esa dedicación es tan bajo que no les llega para salir de una situación de pobreza, lo que les permite cumplir con los requisitos para pedir este tipo de ayudas.

Este porcentaje, aunque desvela la precariedad laboral de algunos empleos provocada por la crisis, ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Según se recoge en un informe elaborado por el Centro de Documentación y Estudios SiiS, el 33% de los perceptores que cobraban esta ayuda en 2009 en Euskadi tenían rendimientos de trabajo.

Para dar con el porcentaje de 2014, se han tomado como base 16.594 solicitudes de AES de distintos municipios de Euskadi, que ofrecen una «información fiable» al respecto. En el caso de Gipuzkoa, aunque en la lista no aparece Donostia, hay municipios en los que el porcentaje de perceptores de AES que tienen un trabajo es superior a la media, como es el caso de Zarautz (39%), Azpeitia (33%), Oiartzun (33%) o Pasaia (28%), Lasarte-Oria (28,1%) u Hondarribia (24,7%). En el caso de Bizkaia, Bilbao coincide con la media vasca (21,6%).

Según los datos aportados por el departamento de Empleo y Políticas Sociales, el 49,72% de los perceptores compagina esta ayuda con otras, como puede ser la RGI, la prestación complementaria de vivienda u otras ayudas municipales o forales. Así pues, resta solo un 28,84% de solicitantes que salvo las AES, no cobra ningún tipo de ayuda ni rendimiento de trabajo.

La respuesta parlamentaria incide en el perfil del solicitante de AES. Así, destaca que seis de cada diez son mujeres (59,89%), una proporción que se repite en los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia, pero que en Araba se reduce al 56%.

Por edades, la mayoría de los perceptores se concentra entre los 30 y 45 años (39,31%), y entre los 45 y 60 años (25,9%). No obstante, también hay perceptores menores de 30 años (11,51%). En este sentido, en el Gobierno Vasco recuerdan que «muchos jóvenes forman parte de unidades convivenciales en los que se perciben las AES, pero no constan como solicitantes de la ayuda».

También solicitan las AES personas mayores de 60 años, que suponen el 23,28% del total. Al respecto, la respuesta parlamentaria matiza que «convendría distinguir en este tramo de edad a las personas con edad previa a la jubilación, pues su situación general puede ser radicalmente diferente».

A la hora de elaborar este perfil, el Departamento de Política Social destaca que casi la mitad de los solicitantes de AES, el 44,88%, eran hogares compuestos por una única persona. Las unidades convivenciales entre dos y cinco miembros, que corresponden sobre todo a parejas o personas solas con hijos a cargo, son el 52%. Queda un porcentaje del 3% para hogares con seis o más hijos. En este punto, en el Gobierno Vasco recuerdan que los límites máximos de cuantía de las AES son los mismos para un hogar de tres miembros que para uno de seis.

El motivo por el que se solicitan las AES ha variado en el tiempo. Destaca así que cada vez se dediquen menos AES a pagar los créditos hipotecarios, que en 2011 eran el 22,74% y en 2014 son el 9,51%. Según el Gobierno Vasco, en esto ha tenido peso la entrada en vigor del decreto 4/2011, que limitó a 12 meses el plazo durante el cual se podían obtener ayudas para las hipotecas, «salvo en los supuestos excepcionales regulados para los pensionistas».

Los datos revelan que se han incrementado las ayudas para gastos de mantenimiento (ayudas para pagar las facturas de la calefacción, la luz o el agua), que ahora supone el 28,36%. También han aumentado las demandas para necesidades primarias (13,94%), como pueden ser cambiar unas gafas, ayuda a la lactancia materna artificial o la factura del dentista. Las ayudas para mobiliario y electrodomésticos son el 2,21% del total y las dedicadas a «endeudamiento» el 9,57%.