el Ayuntamiento de Irun ya aprobó el pasado año una profunda reforma del sistema de bonificaciones y exenciones en los servicios municipales. En su sesión plenaria de esta semana, la Corporación local ha querido dar un paso más, ahondar en las ayudas a las familias que se encuentran en situaciones más desfavorecidas. «La idea es», recordaba el alcalde, José Antonio Santano, «que los que pueden pagar por el servicio lo hagan y a quienes tienen más dificultades, les ayudemos». La premisa general, aplicada en el dictamen aprobado y que se refería, en esta ocasión, al Conservatorio Municipal, la Escuela de Música y el aula de 2-3 años de la Escuela Infantil, es que el consistorio no asuma más del 50% del coste y los usuarios del servicio, al menos el 20%. Por esta razón, Santano insistió en que estas bonificaciones «son bonificaciones sobre unas tasas que ya están bonificadas para todo el mundo».

De acuerdo con lo aprobado, los tramos de ingresos que hasta ahora eran objeto de un 50% de ayuda, desde ahora recibirán un 75%. Además, se crea una nueva tabla de beneficiarios con rentas más altas que percibirán hasta un 25% de bonificación. A esto hay que sumar las modificaciones en la definición de unidad familiar y en la de sus ingresos, persiguiendo el objetivo de flexibilizar los límites para abarcar a un mayor espectro de familias.

«Después de una trayectoria de modificaciones, hoy, el Gobierno propone otra más, que llega sin un estudio para ver hasta dónde puede repercutir», criticó el portavoz de EB, Manuel Millán, que votó en contra. También lo hizo Bildu. El concejal de la coalición abertzale, Juan Carlos Martínez recordó que «el año pasado ya dijimos que los cambios no tendrían efecto. Ahora el Gobierno sigue el mismo camino y se vuelve a quedar corto. Pierde una oportunidad de hacer un bloque desde la izquierda para conseguir un efecto real».

La portavoz del PP, Juana de Bengoechea defendió su apoyo al dictamen porque «este Ayuntamiento tiene verdadera intención de ayudar y porque este dictamen demuestra que si lo que se aprueba es insuficiente, vamos a ir más allá. Un estudio es fácil de hacer; calcular el efecto real de estas bonificaciones, muy difícil». Desde EAJ-PNV, Xabier Iridoy recordó que el año pasado se cambió el criterio para que la referencia fueran los ingresos familiares «y ése es el camino para que las familias puedan acceder a los servicios municipales. La propuesta se quedó corta y por eso ahora vamos un paso más allá y si dentro de un año hay que profundizar aún más, lo haremos». El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez comentó que «ya dijimos el año pasado, en la anterior modificación, que no íbamos a quedarnos ahí. Esta propuesta ha sido muy debatida en las comisiones y creemos que estos criterios tienen mejor encaje social». Respondiendo a la demanda del PP, Páez aseguró que al igual que el pasado año «las bonificaciones serán publicitadas a través de la revista municipal y por otros medios».

Luis Mari Manterola, tras haber sido desahuciado, tuvo ayer una vista ante el Juez, para aclarar si hubo o no claúsulas abusivas en su contrato hipotecario. A partir de ahí, el juez decidirá si después de que Luis Mari haya perdido su casa, tiene que seguir pagando a Kutxabank toda la deuda que se le reclama.

Con motivo del caso de Luis Mari Manterola, ayer, frente a los juzgados de Irun, se concentró un grupo de personas convocado por la plataforma Stop Desahucios para denunciar públicamente «la estafa, los abusos de la banca, y la legitimación que el Estado español concede a los poderes financieros en contra de los derechos de la ciudadanía».

En el Auto resultante de la vista de ayer se pueden dar tres situaciones. La primera es que las claúsulas abusivas se refieran a elementos que fudamentan la ejecución, en cuyo caso se procederá al sobreseimiento de la ejecución. La segunda es que la claúsula abusiva se refiera a un elemento que no fundamenta la ejecución, en cuyo caso se continuará la ejecución con la inaplicación de la claúsula abusiva. Y la tercera es que no se observen elementos que oponer, con lo cual la ejecución continuará en los términos previstos.

Tras la comparecencia en los juzgados, la abogada de Manterola, Yolanda de Pablo, explicó la situación del caso: «Es el primer incidente excepcional de este tipo que tenemos en Irun, basado en la claúsula de interés de demora, que es un interés muy alto, porque es el 17,25%, más de tres veces el 4,25 que había en el año que se pactó el contrato. Lo que hemos querido es que se declare nula esta claúsula y que no tenga que pagar nada de interés de demora. Porque además, aunque dice el 17%, el préstamo fue de 144.000, y en el contrato ponía que podían exigir por este concepto hasta 71.000 euros, con lo cual ya no es el 17%, sino el 50 %. Nos mostramos optimistas de que se quite esta claúsula y no tenga que pagar esta cantidad, con unos costes menores. Esperemos que haya un Auto. En caso de que se nos estime parcialmente, llevaremos a cabo el experimento de recurrir».

Por su parte, los representantes de Stop Desahucios señalaron que «da la sensación de que el Gobierno central ha buscado que en los juicios en curso no nos diera tiempo de presentar 'el incidente extraordinario de oposición por claúsulas abusivas'» que se contempla en «el nuevo escenario legal» que ha dibujado los últimos pronunciamentos en Europa. «Paerce que quieran consolidar una situación injusta y beneficiosa para las entidades». En este caso, con la presentación del incidente, el Secretario Judicial suspenderá eventualmente la ejecución hipotecaria de Manterola.