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Un jurado técnico, conformado por dos funcionarios municipales (un técnico del área de Urbanismo y el director de Vía Pública y Obras), un representante de Bilbao Ría 2000 y otro de Logroño Integración del Ferrocarril, ha sido el encargado de resolver la última fase del concurso público para adjudicar la redacción de la modificación del Plan General en el espacio ferroviario, es decir, de elegir el estudio que diseñará, con cierto detalle, la futura ordenación de la actual brecha ferroviaria.

De la terna de aspirantes que alcanzaron la fase final, la opción elegida ha sido la unión temporal de empresas formada por el estudio de arquitectura Ábalos+Sentkiewicz y la empresa Técnicas y Proyectos SA (Typsa), dos firmas avaladas por una trayectoria amplia e internacional. En el caso de los arquitectos, que serán quienes en mayor medida vendrán a diseñar el futuro de Vía Irun, aparece el proyecto de integración del tren en Logroño, con un centro de transportes, un parque urbano y cinco torres residenciales. El donostiarra Iñaki Ábalos y la polaca Renata Sentkiewicz han firmado, además, trabajos en medio mundo: Estados Unidos, Suiza, Argentina, Taiwan, China, Francia, Colombia y Nicaragua, además de en diversos lugares de España.

Esta adjudicación era «una decisión importante», valoró ayer el alcalde, José Antonio Santano, «porque vamos a tener que convivir mucho tiempo con este equipo. Son los urbanistas y arquitectos que van a pilotar el futuro de todo ese gran espacio de vías que va a convertirse en más ciudad; son las personas que van a empezar a poner sobre el papel la ordenación de todo ese espacio y su viabilidad».

El contrato tiene un precio de 205.397 euros y un cronograma muy claramente definido. Una vez firmado el contrato por ambas partes, se presentará en dos meses un avance y, finalizado el consiguiente proceso de participación en torno a él y previo a la aprobación inicial, los criterios y objetivos. El documento para la aprobación inicial llegará antes del 31 de enero de 2019 y el de la aprobación provisional, no más de dos años después de la firma del contrato. Otras instituciones emitirán sus preceptivos informes llegados a este punto y dos meses después de recibirlos, la empresa entregará la documentación final.

Según ese calendario, será en este 2018 cuando se abra el periodo de participación ciudadana. «Ya hemos formulado la modificación para que otras instituciones puedan ir haciendo los informes previos que se requieren. Ya tenemos también al equipo de urbanistas. El próximo paso», anunciaba el alcalde, «es la convocatoria del Consejo Asesor de Planeamiento, el órgano de participación institucionalizado y exigido por ley. Pero queremos que la participación en este caso vaya más allá de lo que se pide para modificar un Plan General». Según el alcalde, el proceso de participación que se llevará a cabo «se ha hablado ya con los grupos políticos y se irá dando a conocer, pero, como dijimos, esto se va a hacer junto con la ciudadanía. Queremos profundizar mucho en la divulgación y en la búsqueda de la opinión de los ciudadanos».