Xabier Iridoy, portavoz de EAJ-PNV Irun, valoró ayer como «positiva» la noticia de la puesta en marcha del proyecto de la Ronda Sur por parte del Gobierno municipal de Irun. El portavoz jeltzale afirmó que «ya era hora de que el gobierno socialista empezara a ejercer sus responsabilidades y dejara de lado el enfrentamiento con otras instituciones que ha ido ejerciendo durante tanto tiempo».

Iridoy recordó la importancia de la «colaboración entre administraciones e instituciones», asegurando que el Gobierno «ha carecido de la voluntad» para llevarla a cabo «en tantas ocasiones».

Xabier Iridoy afirmó que en la Comisión de Urbanismo del lunes preguntó «si es verdad que el Ayuntamiento y la Diputación aún no cuentan con un convenio acordado». Tras confirmar esta cuestión, exigió al Gobierno local «que abandone esa actitud frentista contra la Diputación de una vez y se centre en llevar a cabo los proyectos necesarios para que la Ronda Sur se ejecute de manera efectiva». El portavoz jeltzale ha reiterado la voluntad de su grupo de seguir trabajando «para dar solución a una de las mayores problemáticas existentes en la ciudad, como es la movilidad».

El delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Páez, anunció ayer algunas de las conclusiones de los servicios técnicos municipales tras analizar la propuesta de modificación de Plan Especial que presentó la propiedad de Korrokoitz el pasado 30 de diciembre. Páez no hizo ninguna referencia directa a su antecesor en el cargo, el jeltzale Xabier Iridoy, cuyo anuncio de un «acuerdo» en este ámbito desencadenó un cruce de declaraciones en el seno del Gobierno municipal que terminó con su cese como delegado de Urbanismo por parte del alcalde y la posterior ruptura del pacto de Gobierno entre PSE y PNV.

Páez, que en su día fue el primero en advertir a Iridoy que «sin informes no puede haber acuerdos», dio cuenta de «algunos de los peros que el informe de los técnicos municipales pone a la propuesta de los propietarios». Pese a todo, mediante Resolución de Alcaldía, se ha recogido el contenido del plan, precedido de las objeciones técnicas, en una formulación que se trasladará ahora «a Aviación Civil, a la Agencia Vasca del Agua Ura y al Servicio de Costas del Estado». Señaló Páez que con la primera de estas tres administraciones no se esperan problemas, «pero las otras dos podrían hacer que tengamos que reformular la ordenación, por eso nos parecía importante hacérsela llegar cuanto antes». URA debe establecer si habrá una renaturalización del canal (como en Artia), y en función de eso «Costas dirá dónde queda el límite marítimo terrestre, lo que podría afectar al proyecto tal y como está formulado».

El informe técnico preliminar para sacar adelante la formulación «no entra en detalles, hace una lectura general de las líneas principales de la propuesta» y recoge lo que califica de «errores». Según Páez, el Ayuntamiento ha tenido «interés en facilitar la promoción» y por eso, en 2016, aceptó asumir el coste de la actuación que URA requiera para el canal, abaratando las cargas de urbanización, y aumentó en el Plan General «no los metros cuadrados de aprovechamiento del ámbito, pero sí el número de viviendas. Pero hay cuestiones, como las que ha detectado este informe técnico que, en fin... ya no se puede».

Comentó que había algunas más, pero el edil se centró en las desavenencias en tres asuntos que calificó de «líneas rojas que afectan a la defensa de los intereses de la ciudad».

Una tiene que ver con los realojos de residentes actuales con derecho a vivienda en la futura urbanización, 25 familias. La propuesta de los privados reparte los realojos en dos manzanas y, en una de ellas, con 602 m2 de aprovechamiento, ubica 18 casas. «No es admisible que la media de esas viviendas sea de 33,44 m2; el estándar es de 70 m2», recoge el informe, que considera que en ese bloque sólo caben nueve; «luego la propiedad tiene que reubicar las otras nueve con los gastos que eso le pueda suponer», aportó el delegado de Urbanismo.

En cuanto a las VPO, el informe advierte «un déficit en el cumplimiento de los estándares que deberá subsanarse». La propuesta reserva 4.103 m2 para vivienda pública «cuando el 20% de la edificabilidad residencial actual es de 4.883 m2», una diferencia que el delegado convertía en, «más menos, once viviendas, que no es anécdota».

El tercer asunto, «el más complejo», tiene que ver con lo que una promoción urbanística debe aportar al Ayuntamiento. Es «un 15% de la edificabilidad», sea en parcela o en pago económico. El informe señala «un error» en la categorización del suelo con «varias derivadas», entre las que el delegado destacó «una diferencia muy sustancial» en esa aportación que supone «una merma en detrimento de los intereses de la ciudad».

Con estas discrepancias, «entramos ahora en una fase, lógica, en la hay que tratar de llegar a acuerdos con la propiedad. Lo habitual. Su propuesta tiene que ajustarse a las determinaciones de los servicios técnicos». Por eso consideraba Páez que en las próximas semanas y meses, la relación «tendrá que ser entre los técnicos municipales y los de la propiedad. Si son solo errores de cálculo y no de cuestiones de base, de concepto, no llevará mucho tiempo hacer las modificaciones». Esas correcciones no van a cambiar el planteamiento que se ha hecho a URA y Costas, pero la respuesta de éstas, que tardará unos dos meses, sí podría obligar a replantear la ordenación. «Es una operación compleja y le queda mucho aún. Esta muy verde», valoró el delegado.