Sí Se Puede Irun hizo público ayer su plan para impulsar la sostenibilidad energética en la ciudad, que contiene cinco propuestas concretas. El documento ha sido remitido también al Gobierno municipal.

El portavoz de SPI, David Soto, concretó las iniciativas que plantea su grupo, que «van más allá del Pacto de los Alcaldes o la Agenda 21 Local. En primer lugar, proponemos la creación de la Comisión para la Sostenibilidad», actuación que «ya viene recogida en un proyecto de ley de la administración pública del País Vasco». Se prevé que dicho proyecto de ley se materialice en los municipios de más de 20.000 habitantes a lo largo de 2018, pero SPI aboga por que «en Irun seamos pioneros y creemos ya esa Comisión para la Sostenibilidad».

En segundo lugar, SPI propone «que el alumbrado público sea mediante consumidor directo. A raíz de la liberalización del mercado eléctrico», explicó David Soto, «existe la posibilidad de acceder directamente al mercado mayorista», en vez de a través de comercializadoras. Este planteamiento «ahorraría los márgenes de gestión que suponen las distribuidoras y comercializadoras eléctricas, las primas...». Los consumidores directos tienen que cumplir el requisito de tener un consumo estable, pero SPI entiende que dicha condición se cumple en el caso del alumbrado público, lo que hace «viable» la iniciativa.

Optar por un operador energético o comercializadora pública y prescindir de las compañías eléctricas es la tercera propuesta de SPI, una opción que se está poniendo en marcha en otros ayuntamientos como los de «Iruñea o Barcelona». La iniciativa consiste en «crear una comercializadora propia para poder determinar exactamente la energía que luego se distribuiría en el Ayuntamiento», teniendo «independencia y autonomía a la hora de gestionar la energía propia en el municipio». Mediante esa comercializadora pública, se podría «ofrecer consumo de energía a los propios iruneses». Esta opción no sólo se ha adoptado por parte de ayuntamientos grandes, sino que también «está la experiencia de Viladecans», municipio más pequeño que Irun, «que ha abordado esta posibilidad» obteniendo por dicha iniciativa «premios a nivel europeo. Creemos que sería oportuno estudiar ese camino desde Irun», afirmó David Soto.

La cuarta iniciativa de SPI se refiere a las empresas de servicios energéticos: sólo las comercializadoras y dichas empresas «pueden, a día de hoy, suministrar electricidad a un cliente final; es decir, a un ciudadano. Txinzer, haciendo un cambio en su objeto social, podría tener esas facultades de servicios energéticos además de lo que ya es, y ser la que suministrara electricidad a los clientes finales».

En quinto lugar, David Soto se refirió a las «cláusulas verdes: al margen de la adhesión que actualmente existe a la central de compras de la Diputación, creemos positivo que para otros contratos de menos de 10 kilowatios de potencia» se añadan dichas cláusulas verdes que «obligarían a la suministradora a tener garantías de energías renovables».

El portavoz de SPI señaló que todas estas iniciativas «son bastante complejas», y requerirían de «un estudio y un plan de viabilidad respecto a su aplicación en Irun». David Soto manifestó su deseo de poder valorarlas con el equipo de Gobierno, otras fuerzas políticas y agentes de la ciudad de cara a poder ponerlas en marcha.