Una parcela de Oinaurre, en la calle Jostun, será la que acoja los primeros apartamentos dotacionales de alquiler para menores de 35 años. Lo que hace no tanto era una intención, ha empezado ya a concretarse. Irunvi abrió un concurso hace unos meses para recibir proyectos básicos y de ejecución para esa parcela y ayer la Mesa de Contratación de la Sociedad Municipal de Vivienda abrió los sobres, veintiuno, que ha recibido como respuesta a su convocatoria.

Condiciones. Será para ciudadanos de menos de treinta y cinco años, para un plazo de cinco, que fomente la rotación. Las plazas de garaje, opcionales, tienen un coste mensual de 60 euros.

Casas de una habitación. Con ingresos de menos de 15.000 euros brutos anuales se pagan 150 al mes; entre 15.000 y 21.000, 200; entre 21.000 y 25.000, 250; entre 25.000 y 35.000, 300, y con ingresos de más de 35.000, 350.

Casas de dos habitaciones. Para jóvenes con ingresos anuales inferiores a 15.000 euros brutos se pagan 180 al mes; entre 15.000 y 21.000, 240; entre 21.000 y 25.000, 300; entre 25.000 y 35.000, 360, y con ingresos de más de 35.000, 420.

Lo adelantó en la sesión plenaria del miércoles el delegado de Vivienda, Xabier Iridoy, a raíz de una pregunta de la portavoz del PP, Juana de Bengoechea, que quiso saber el uso que iba a dar el Gobierno al dinero consignado en el presupuesto municipal de este año, 1,9 millones, para el desarrollo de viviendas de alquiler protegido. Iridoy explicó que los sobres que ayer se abrieron en Irunvi contenían «los proyectos para construir entre 35 y 40 pisos en la parcela de equipamiento dotacional de Oinaurre».

En su comparecencia de ayer para detallar los dictámenes plenarios, el alcalde, José Antonio Santano, tuvo que explicar que el Ayuntamiento, a través de Irunvi, afrontará la inversión en esos pisos, «pero con un acuerdo con el Gobierno Vasco, que es quien tiene la competencia, para que ellos los gestionen después». Elegir esa parcela y no otras del mismo ámbito, responde a una cuestión de coste de suelo, «ya que esa se le ha entregado gratis al municipio, mientras que otras nos han costado tres millones de euros que queremos recuperar. Si no, el precio de hacer pisos para el alquiler protegido sería inasumible. Tenemos operaciones», como las de Behobia o San Miguel-Anaka, «en las que esta situación se repetirá y las vamos a aprovechar. Si el dinero fuera infinito podríamos hacer alquiler en esta parcela y en otras, pero no lo es. Hay que sacar el máximo provecho de cada euro. Con aproximadamente 1,5 millones, aquí haremos 35 pisos o más; de otra manera, podríamos hacer 10».

Señaló que la resolución del concurso y la aprobación del proyecto llevará algo de tiempo, pero que cree que los pisos se podrán construir el año que viene, un 2017 en el que también espera ver obras en la parcela de Alberto Larzabal en la que Gobierno Vasco tiene comprometida una promoción similar, también para jóvenes: «No nos olvidamos de otras franjas de edad que también necesitan vivienda de alquiler público. Tenemos previstas viviendas para familias y personas de entre 35 y 55 años en otros ámbitos».

La sorpresa y la incertidumbre siguen siendo la tónica dominante entre las instituciones en torno a la remodelación a la que tendrá que someterse el aeropuerto de Hondarribia. Las localidades del Bidasoa siguen muy atentas las informaciones que se han publicado las últimas semanas. No en vano, una hipotética ampliación del aeródromo repercutiría en las viviendas y zonas industriales de los alrededores. Los regidores de ambos ayuntamientos se muestran «asombrados» con la necesidad de recortar la pista 300 metros por motivos de seguridad.

El alcalde de Irun, José Antonio Santano, reconocía ayer que aún estaba asimilando las informaciones porque «ha sido una sorpresa mayúscula, es una circunstancia que nos devuelve de lleno a la incertidumbre». No es para menos. Tras años de discusión sobre la viabilidad del aeropuerto de Hondarribia, hace dos años consiguió la declaración de excepcionalidad concedida por el Ministerio de Fomento para seguir operando con normalidad. Pero ahora la situación ha vivido un vuelco considerable. Tal y como adelantó DV en su edición del lunes, el aeródromo deberá recortar 150 metros por cada extremo de la pista para ajustarse a las normativas de seguridad que exige la European Aviation Safety Agency (EASA).

Santano reconoció que este nuevo escenario desempolva un debate que creían estaba acabado tras conseguir la declaración de excepcionalidad. «Llevamos a vueltas con el tema más de catorce años y cuando creíamos que todo estaba normalizado, ahora nos vienen estas informaciones», subrayó. El alcalde irundarra enfatizó en que aún no entiende cómo «año y medio después de conseguir esa certificación, ahora nos dicen que hay que recortar la pista en 300 metros. Pido seriedad a las instituciones que están implicadas en este tema para que consigan el consenso necesario».

El regidor irunés también teme que la afección en un 16% en la operatividad que sufrirá el aeropuerto de Hondarribia merme «el potencial turístico e industrial con el que cuenta la comarca y Gipuzkoa». Por eso, pidió «seriedad tanto a Fomento como al Gobierno Vasco para que tengan en cuenta» las afecciones que puede provocar esta reducción de la pista del aeropuerto.

En cuanto a la hipótesis planteada sobre una futura ampliación de la pista, Santano reconoció que «ahondar es complicado, sobre todo por la poca información oficial con la que contamos». Sí apuntó que los que se verán más afectados con esta posibilidad serán «los vecinos de los alrededores. Hay que tenerles en cuenta y creo que es muy poco serio por parte de Aesa y Fomento insinuar una posible ampliación cuando hay tanta gente afectada».

Alcalde de Irun

Alcalde de Hondarribia

Como en tantas otras ocasiones, los vecinos y trabajadores del barrio hondarribiarra de Mendelu vuelven a estar pendientes de la terminal guipuzcoana. El alcalde de la localidad bidasotarra, Txomin Sagarzazu, quiso dejar claro ayer a este periódico que el recorte de la pista no «repercutirá al ordenamiento de la ciudad» por lo que mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos. No obstante, Sagarzazu sí subrayó que una posible ampliación puede tener su incidencia en los proyectos que en un futuro deberán acometer desde el Ayuntamiento. «Los próximos meses queremos aprobar el plan general de ordenación urbana y las decisiones que pueden tomar, tendrán un impacto directo sobre él».

Sagarzazu también puntualizó que los agentes implicados se tienen que dar cuanta de que el aeropuerto «está en suelo de Hondarribia. Y no hay que olvidar que durante los últimos años los vecinos de Mendelu han tenido que soportar una presión enorme». Por sus características geográficas, la localidad costera no tiene mucho terreno por donde expandirse urbanísticamente, y en esta situación esta zona se torna importantísima. «Lo que sí sabemos es que una posible ampliación no tendrá ningún beneficio para nuestra ciudad, pero nos tiene sumidos en una gran incertidumbre. Antes de meternos en otras valoraciones, al igual que las demás instituciones, también queremos estudiar en profundidad los informes oficiales».

El aeropuerto de Hondarribia vuelve a estar en el centro del debate después de que la agencia de seguridad europea obligue a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) a recortar las dimensiones de la pista para cumplir la normativa europea de seguridad.

Hasta ahora, la terminal guipuzcoana ha operado gracias a esta norma que le ha permitido acoger vuelos sin tener que ampliar su pista de 1.754 metros. Tras los trabajos de remodelación, su longitud se quedará en los 1.450 metros.

Fuentes de Aena aseguraron a este periódico, que la certificación se otorgó según los parámetros previstos por la normativa española, que ahora serán revisados y modificados, según los criterios a los que obliga la agencia europea. Así, los 300 metros que quedaron habilitados y operativos para los aviones, y que además servían de tramo de seguridad para las aeronaves, ahora quedarán inhábiles. Se colocarán una serie de señales que exige esta nueva normativa pero los aviones no podrán utilizar ese espacio, a no ser que exista alguna emergencia en la terminal.

El cronograma de Aena es claro. Para el mes de septiembre esperan que los trabajos, que tienen una duración aproximada de seis meses, ya estén licitados. Si todo transcurre por los cauces previstos, las máquinas comenzarán a trabajar en febrero de 2017 y terminarán en agosto. Tienen que estar terminadas antes de diciembre. El presupuesto de las obras asciende hasta los 638.000 euros y Aena los costeará en su totalidad.

El lavado de cara al que se someterá el aeropuerto tendrá sus consecuencias en su operatividad. El CRJ-200 de Air Nostrum -50 plazas-, que realiza la ruta entre Hondarribia y Madrid no podrá utilizar la terminal. Además, el Airbus 319 de Vueling -150 plazas- podrá seguir operando en Hondarribia pero con una limitación de carga, por lo que tendrá que acotar el número de pasajeros, confirmaron fuentes de Aena.

Esta nueva situación puede provocar que las compañías aéreas se replanteen la viabilidad de mantener vuelos regulares con la terminal guipuzcoana.


Un avión aterriza en el aeropuerto de Hondarribia. / MIKEL FRAILE