IRUN - Representantes de la Asociación de Vecinos Alde Zaharra-San Juan, de la Asociación de Vecinos de Arbesko Errota y de la asociación cultural Uranzu Konpainia registraron ayer en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento de Irun un escrito, avalado por la firma de 882 vecinos, en el que se pide “la instalación de cámaras de videovigilancia en la Parte Vieja y Arbesko Errota como medida de disuasión ante la inseguridad” que se vive en la zona, causada “por un grupo de personas que residen en el mismo barrio”.
A la entrada del SAC, y momentos antes de entregar las firmas, el presidente de la Asociación de Vecinos Alde Zaharra-San Juan, Koldo Susperregi, explicó que “no se trata de un problema nuevo” sino de algo que se viene sufriendo “desde hace años pero que en los últimos tiempos se está agravando”.
Susperregi señaló que “los vecinos y comerciantes están preocupados y hartos de la actitud de un grupo de personas, de sobra conocido por todos y residente en la Parte Vieja, que lo mismo trapichea con droga en la plaza Urdanibia, que roba o que intimida y amenaza a los comerciantes o a cualquier persona que se atreva a llamarles la atención por su actitud”.
Las tres entidades que ayer registaron la petición de instalar cámaras de videovigilancia señalaron que esta iniciativa se ha llevado a cabo “a petición de los propios vecinos, que han expuesto reiteradamente la necesidad de impulsar algún tipo de medida” en las asambleas que la Asociación de Vecinos Alde Zaharra-San Juan celebró “el 6 de junio de 2014, el 18 de julio de 2014 y el pasado 27 de febrero de 2015”, según explicaba Koldo Susperregi.
EJEMPLOS El representante de los colectivos que han trasladado esta petición vecinal para la instalación de videovigilancia puso algunos ejemplos de la actitud de estas personas que estarían generando problemas en la Parte Vieja, Arbesko Errota y alrededores. “Han tomado el frontón txiki de Uranzu como suyo e incluso han averiado el sistema de cierre automático que tiene la entrada al mismo”, relataba Susperregi.
“Además, hay comerciantes y hosteleros que han sido intimidados y amenazados. El último caso es el de un restaurante en el que un grupo de personas fue a comer y se negó a pagar la cuenta. Al decirles el dueño que no vuelvan a entrar allí, van y lo amenazan. Muchos locales bajan la persiana a mediodía, por miedo a la actitud de esta gente”, relataba el presidente de la asociación vecinal.
ANTES DE QUE ESTALLE Los vecinos y comerciantes que han firmado la petición para instalar cámaras creen que estas serían “una forma de control y disuasión” ante la actitud de estos vecinos problemáticos y que “hay que hacer algo antes de que algún día ocurra algo serio y el problema estalle”.
Koldo Susperregi explicó que han tenido “mil y una reuniones con el Ayuntamiento y con sus responsables políticos, con los grupos de la oposición, con la Policía Local y sus mandos y con la Ertzaintza”.
“Todos son conocedores del problema pero no se hace nada para intentar atajarlo de una forma seria”, como podría ser “la instalación de cámaras”, medida que ya han sugerido en esas reuniones y de la que no se les ha dicho “ni sí ni no” en cuanto a “si es factible y qué requisitos legales y de otro tipo tendría que cumplir”.
“La gente está harta de la situación y quiere que se haga algo ya, sea con las cámaras u otra cosa”, concluyó el presidente de la Asociación de Vecinos Alde Zaharra-San Juan.
LA CIFRA
882
Son las firmas de comerciantes y vecinos del entorno afectado que avalan la petición para instalar cámaras de videovigilancia, presentada ayer en las oficinas del SAC de Irun.
DETALLES
Zonas conflictivas. Según explicaron los impulsores de la iniciativa, los problemas de seguridad y convivencia se centran en el entorno de la plaza Urdanibia y del frontón Uranzu, en la zona de la calle Uranzu y su parte trasera y en las inmediaciones de la guardería municipal.
Presencia policial. Koldo Susperregi señaló que “la presencia y actuación de la Ertzaintza ante estas personas problemáticas” es palpable, pero no así “la de la Policía Local, que aunque el Ayuntamiento asegure que sí hace rondas por la zona, ni se le ve”. En todo caso, los vecinos y comerciantes entienden que “la ley llega donde llega y no es posible un control policial directo las 24 horas y 365 días del año”. Es por eso por lo que piden “medidas preventivas, disuasorias y complementarias a la actuación policial en aplicación de la ley en caso de delitos o faltas, como sería la instalación de cámaras de videovigilancia”.
Diálogo imposible. Las asociaciones que han encauzado la petición vecinal señalan que “aunque algún grupo político lo ha sugerido”, consideran “imposible” entablar un diálogo para tratar de solucionar directamente el problema con las personas conflictivas. “Son vecinos del barrio y se han enfrentado directamente con otros vecinos, amenazándolos incluso cuando se les ha llamado la atención”, explican.
