El Ayuntamiento ha encargado la redacción de un proyecto técnico para habilitar en la ciudad un parque rural destinado a usos hortícolas, o lo que es lo mismo, un parque de huertos urbanos que, en este caso, tendría como características la vocación social y la condición de ecológico.

Para acogerlo, el Gobierno municipal ha propuesto el uso de la parcela entre la Avenida de Puiana y la calle Pozuetakogaina (trasera de la avenida de Letxunborro), de unos 13.000 metros cuadrados y en la que se podrían distribuir hasta 84 parcelas para huertas de distinto tamaño, además de los espacios comunes (caseta para apeos, vestuarios, oficina, depósito...)

Desde el departamento muncipal de Medio Ambiente, se considera que la iniciativa 'Irungo Ekobaratza Parkea', serviría «para crear huertas en una parcela municipal y que se desarrollen bajo criterios medioambientales de respeto al suelo». El proyecto podría encontrar refuerzo en otros similares que en otros municipios se están desarrollando al abrigo de la Red Baratza Parkea de Kutxa Ekogunea y de iniciativas paralelas de la Agencia de Desarrollo Rural Behemendi, con quien el consistorio colabora en otras actividades. Se trata, en definitiva, de «crear un parque público abierto, dedicado al aprendizaje y al ocio» y que serviría para «acercar a los ciudadanos a prácticas y técnicas para trabajar la tierra de manera sostenible».

De forma paralela a la redacción del proyecto, el Ayuntamiento está trabajando en el borrador del reglamento que articularía el régimen de uso y explotación de las huertas.

El Foro Ciudadano Irunés llevaba tiempo reclamando al consistorio local que desarrollara una iniciativa en esta línea. Recientemente, los miembros de esta entidad dieron a conocer una propuesta que habían trasladado al Gobierno municipal.

En ella, el Foro Ciudadano defendía la implantación de este servicio en la ciudad con unos principios muy cercanos a los que regirán el proyecto en redacción: suelo de propiedad municipal, gestión ecológica del suelo (proponiendo el uso de especies autóctonas), fines sociales (que en la propuesta se ampliaban no sólo al ocio y al aprendizaje, sino a jubilados, desempleados...). Todo ello dejando sin resolver si el producto que las huertas dieran a sus labradores sería «de autoconsumo o si se permitiría también un destino lucrativo» del mismo.

Apuntaba ventajas en las áreas «educativa, social, ambiental, terapeútica y, en algún caso, económica». Destacaba entre ellas su capacidad para «potenciar la socialización, fomentar las relaciones, recuperar terrenos baldíos, hacer ejercicio saludable, disfrutar de los espacios abiertos, ayudar a familias con bajos ingresos» y otras. Entre los riesgos, señalaba las «tensiones sociales» que podrían derivarse, en la mayoría de los casos, de una normativa deficiente. El documento presentado desde el Foro Ciudadano ponía especial énfasis en que la agricultura desarrollada en las huertas tuviera un carácter ecológico, argumentando hasta quince razones para ello. Entre las más destacables aparecían, por ejemplo, su capacidad para reforzar los ecosistemas, no contaminar suelos ni acuíferos y no dañar la salud del agruicultor.