Juan Carlos alduntzin Diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa Pilar Unzalu Consejera vasca de Medio Ambiente
DONOSTIA. Tal y como se esperaba, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) confirmó ayer que pedirá la prórroga del convenio que firmó con la diputación de Bizkaia para permitir el traslado de basuras al vertedero vizcaino de Igorre. Y lo hizo convencido de que obtendrá un sí por respuesta, ya que el presidente de esta entidad y a su vez diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, aseguró que "no hay razones para que Bizkaia rechace la petición; no sería lógico".
El responsable foral recordó que el convenio que posibilita el traslado anual de 25.000 toneladas de residuos expira el próximo 12 de junio, con la posibilidad de ampliarlo por tres años más. Pero, para ello, es imprescindible que Juntas Generales del territorio vecino den su visto a la petición, algo que podría complicarse, teniendo en cuenta que Bizkaia insiste en que solo aceptará una prórroga "por causas justificadas".
Ante esta situación, Alduntzin se mostró convencido de que obtendrá una respuesta positiva porque considera que "no hay razones que justifiquen lo contrario". Argumentó que el proyecto Centro de Gestión Integral de Residuos de Zubieta, en el que se incluye la incineradora, "ya venía con retrasos desde la pasada legislatura" y que resultaría imposible finalizar todas las infraestructuras previstas antes de 2015. En segundo lugar, justificó la necesidad de una prórroga en la decisión de 34 ayuntamientos de implantar el sistema de recogida puerta a puerta, un cambio que, indicó, "nos ha obligado a revisar las proyecciones".
Desde su punto de vista, estas dos razones serían suficientes para que Bizkaia acepte la petición porque, aseguró, "Gipuzkoa continúa con los objetivos y será capaz de gestionar íntegramente sus residuos urbanos en 2015".
El titular de Medio Ambiente reconoció que una respuesta negativa "supondría un problema", aunque anunció que, si así ocurriera, "se buscarían alternativas" que no llegó a determinar.
NO HAY RESPUESTA Con la intención de recoger la opinión de la otra parte implicada, este diario contactó ayer con el Gobierno foral de Bizkaia para conocer su postura. Los vizcainos, sin embargo, optaron por no pronunciarse hasta recibir la solicitud oficial del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que, según las previsiones de Alduntzin, podría llegar el lunes.
La institución que sí habló sobre el problema de los residuos de Gipuzkoa fue el Gobierno Vasco, para apelar a la "sensatez" y exigir una "respuesta completa". La consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, opinó que es "infinitamente más sensato" tratar de dar una respuesta completa al conjunto de Gipuzkoa, que optar por una solución parcial y "desgajar localidades con el puerta a puerta".
La consejera realizó esta reflexión en el Parlamento Vasco, en respuesta a la pregunta planteada por la parlamentaria Susana Corcuera en relación al problema que supone, desde su punto de vista, la paralización del Plan de Gestión Integral de Residuos de Gipuzkoa (PIGRUG).
Unzalu mostró su "profundo respeto" por la "autonomía local" que tienen los ayuntamientos, mancomunidades y el Consorcio de Residuos para gestionar sus basuras, al tiempo que mostró su "preocupación" porque se pretenda "orillar el consenso" que se logró en torno a la incineradora para implantar un "sistema parcial" como el puerta a puerta. La consejera recalcó que éste es un "método para recoger los residuos", pero nunca una solución global. "Falta desarrollar la planificación: "qué se va a hacer, dónde se va a tratar y a dónde se va a llevar cada basura", manifestó.
Sobre la posibilidad planteada por Bildu de dar otros usos a vertederos de inertes o de residuos industriales no peligrosos, afirmó que requeriría procesos de adaptación "muy costosos" técnica y económicamente"
