La Asociación de Vecinos Landetxa de Ventas reclamó ayer, públicamente, la realización de un proyecto, ya redactado, para habilitar un acceso peatonal en el tramo de la carretera Olaberria-Ventas más próximo al barrio. Dicho tramo carece de acera y arcén, de manera que los peatones deben circular obligatoriamente por la calzada, con el peligro que ello conlleva. «Es un tramo transitado por vecinos, tanto niños como adultos, de una urbanización cercana, de caseríos y de villas. Durante el curso, hay tránsito diario de escolares y en verano, hay muchos vecinos que van a las pozas de Oiakinta o a pasear por la zona», señalaba Fernando Arocena, de la A VV, quien junto a Luis Clemos, vecino afectado, hicieron pública la reclamación.

El problema viene de lejos, pero fue en 2015 cuando, a petición de los afectados, la A VV se reunió «con el ayuntamiento y con el anterior director de Infraestructuras de la Diputación. Fruto de aquellos contactos, la dirección de Infraestructuras viarias realizó una visita a la zona y, tras constatar el riesgo denunciado, redactó un proyecto con su correspondiente partida presupuestaria para desarrollar un acceso peatonal seguro, en la parte más extensa y peligrosa de dicho tramo, entre el caserío Zelaiburu y la entrada al camino Mendiola, dejando al ayuntamiento la realización del tramo restante, frente a los caseríos Otatze y Zelaiburu».

El importe total, IVA incluido, de este proyecto ascendía a 144.000 euros. «En mayo de 2015, se nos notificó oficialmente que, ante la proximidad de las elecciones, el proyecto iba a ser aprobado en la comisión técnica para que constase oficialmente y se ejecutase, independientemente de quién estuviera al frente del nuevo Gobierno foral, al considerarlo de gran importancia por criterios de seguridad vial», añadió Fernando Arocena. «Por tanto, la ejecución del proyecto quedaba a expensas de que el Ayuntamiento resolviese los acuerdos con los propietarios afectados».

Tanto la A VV como los vecinos de la zona quedaron satisfechos con la respuesta institucional. Tras las elecciones y el cambio de gobierno en la Diputación, los vecinos dejaron pasar «un tiempo prudencial para que el nuevo departamento se pusiese al día».

Ante la falta de noticias, la A VV solicitó una reunión a la nueva dirección de Infraestructuras. El encuentro tuvo lugar a mediados de marzo de este año. «Nos encontramos con la sorpresa de que no había partida presupuestaria para el proyecto, ni en 2015, ni en 2016, pero se comprometieron a pedir una reunión con el ayuntamiento, en la que pedirían que ambas instituciones se repartieran los costes».

A día de hoy, los vecinos de Ventas siguen sin una respuesta, por lo que creen que hay «un bloqueo total sobre el proyecto. En cambio, hay acuerdo para desarrollar otros proyectos viarios millonarios. No entendemos qué idea de priorización tienen algunas instituciones, ya que el proyecto aprobado el año pasado impedía que vecinas y vecinos de nuestro barrio se jueguen la vida diariamente al circular por la calzada, por una cifra irrisoria, en comparación al coste de los megaproyectos que están apareciendo en Prensa».

La A VV exigió ayer «una reunión urgente» entre la Diputación y el ayuntamiento «para desbloquear este proyecto y que esté ejecutado para este año. Creemos que se debe dar prioridad a los problemas de grave riesgo peatonal, antes de que suceda una desgracia y no después, como suele ser habitual».

Además de los comerciantes de la zona de Behobia y el puente de Santiago,los camioneros también denuncian que el refuerzo de los controles policiales les está perjudicando. En más de una ocasión han puesto el grito en el cielo. Desde la Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías (Guitrans), precisan que desde noviembre ha habido 143 días de retenciones y que por cada hora parados en la frontera se pierden 55 euros. Ignacio Cepeda, presidente de la entidad, aseguraba a este periódico que las retenciones «se podrían evitar organizando mejor los controles, sacando los vehículos que se vayan a inspeccionar sin que se entorpezca al resto».

El Ayuntamiento de Irun también ha alzado la voz, ya que las retenciones en la frontera provocan que el centro de la ciudad se convierta en un enorme atasco, se ha quejado el Consistorio. «Hay que tomar medidas para que los atascos se minimicen», ha pedido el alcalde, José Antonio Santano. Por su parte, Bidegi, la sociedad foral que gestiona la autopista Ap-8, considera que la solución al problema «es un tema de competencia policial, tanto los controles en la francesa como las actuaciones del ámbito del tráfico en Euskadi, a cargo de la Ertzaintza».