DONOSTIA. La reunión del Consejo Vasco de Finanzas ayer constató la difícil situación económica vivida durante 2011, que llevó a las tres diputaciones a conceder aplazamientos por valor de 550 millones de euros a sus contribuyentes, es decir, a particulares y empresas que sufrieron las apreturas de la crisis. Se trata, según indicó el consejero de Economía, Carlos Aguirre, de un 20% más de la cantidad aplazada en 2010. Entonces fueron 460 millones.
Aguirre indicó que estas concesiones fueron "necesarias" y confió en que las modificaciones fiscales aprobadas a finales de 2011 por las diputaciones -la más importante en Gi-puzkoa-, permita equilibrar el balance de ingresos y gastos de las administraciones en 2012, algo que no pudo ser el pasado ejercicio. La caída recaudatoria en Gipuzkoa fue del 2,3% respecto a 2010, cuando se recaudaron 3.596 millones -84,5 menos-. Aunque fueron 344 menos de los previstos a inicios de 2011 (3.940 millones), el desvío fue de 91 millones sobre los que se esperaba el pasado octubre (3.688 millones), cuando la recaída económica era ya evidente y la previsión se reajustó a la baja.
El Ejecutivo vasco y las diputaciones aprobaron la liquidación de 2011 en un escenario de cierta tensión, marcada por el debate político en torno a las cuentas del Gobierno Vasco y su solvencia. Y en esta guerra, la batalla que enfrenta al Gobierno Vasco con la Diputación de Bizkaia es la más enconada.
Sí compartieron, sin embargo, los ejecutivos forales y vasco, el mal balance de 2011. Aunque por aquello de buscar algún elemento para la esperanza, el consejero de Economía, Carlos Aguirre, explicó que, descontados los efectos de la sentencia adversa del caso Rover y de los contenciosos con el Estado sobre las liquidaciones del Cupo, la recaudación aumentó un 3,3% sobre 2010.
La reunión sirvió para constatar que en 2011 las arcas forales recaudaron 11.480 millones de euros, 1.020 millones de euros menos que lo que este mismo órgano previó en octubre de 2010, en un nivel recaudatorio de 2005-06. Un desfase que Aguirre explicó por la coyuntura de recuperación que entonces se dibujaba para 2011 y por la confianza en que se resolvieran favorablemente los contenciosos con el Estado en torno al caso Rover y la liquidación del Cupo.
De este modo, y según los coeficientes de aportación, Araba deberá abonar al Gobierno Vasco 1.328 millones de euros, Bizkaia 3.975 millones y Gipuzkoa 2.612. Asimismo, la Diputación de Gipuzkoa recibirá 69,8 millones del Fondo General de Ajuste y Araba, los 34,5 restantes.
La pregunta ahora es, asumida la situación: ¿Y ahora qué? Aguirre habló de un "escenario razonablemente equilibrado" para 2012, en cuyas previsiones recaudatorias -se mantienen los 12.217 millones fijados en octubre pasado- incidirán modificaciones fiscales como la recuperación del Impuesto de Patrimonio.
No trató el Consejo ninguna medida adicional de recorte de gasto ni de incremento de ingresos, como la propuesta de Lakua para implantar un céntimo sanitario sobre los carburantes, una cuestión que el consejero derivó al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Ahora bien, los tres diputados generales mostraron con más o menos énfasis su discrepancia con esta medida. Martin Garitano (Bildu), diputado general de Gipuzkoa (Bildu), dejó clara su "mirada muy crítica" con cualquier incremento de impuestos indirectos.
Presentes en la reunión también los ayuntamientos -sin voto-, cuya deuda con las diputaciones acumula 310 millones de euros en 2009-11, explicó la presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, lo que supone un 25% de los ingresos municipales recibidos a través de los fondos forales de financiación.
Además, Aguirre anunció el inicio de las conversaciones para renovar la Ley de Aportaciones y que ha invitado a las diputaciones a participar en la negociación de la nueva Ley del Cupo y de las medidas de estabilidad presupuestaria.
