Hubo fumata blanca. La Diputación aceptó finalmente aflojar algo más sus exigencias para que los ayuntamientos puedan hacer frente este año a la devolución de 50 millones de más que Hacienda les adelantó en base a unas previsiones de recaudación que no se han cumplido, una cifra que se suma a los 33 millones pendientes del desplome fiscal de 2009. Descartado rotundamente que el pago se haga en varios años, como reclamaron incluso ayuntamientos gobernados por Bildu, como Donostia, finalmente la Diputación aceptó ayer que el pago se haga en cuatro plazos: febrero, mayo, agosto y noviembre, en lugar del 50% que les exigía ya este mismo mes y que ponía en una situación muy complicada a muchos consistorios con mayores tensiones de tesorería. La decisión se tomó «por unanimidad» en el nuevo foro que la Diputación ha creado para debatir este asunto: una especie de asamblea de alcaldes que, de momento, está sustituyendo al tradicional Consejo Territorial de Finanzas. Al finalizar el encuentro, la Diputación se felicitó de que, pese a la sequía de ingresos que sufren los municipios, un total de 72 ayuntamientos han comunicado al fisco su intención de devolver la deuda por su propios medios, sin necesidad de recurrir al préstamo que Hacienda se ofrecía a negociar con las entidades financieras. En el otro lado de la balanza, alrededor de quince consistorios, lo que supone uno de cada seis, no tendrá más remedio que recurrir a financiación exterior al no disponer de liquidez para devolver el fondo foral. En números redondos, esos 15 municipios necesitarán un préstamo para hacer frente a cinco millones de euros. «Nos ha sorprendido los pocos municipios que acudirán al préstamo», se felicitó la titular de Hacienda, Helena Franco.
Más allá de que el Fondo Foral de Financiación Municipal tenga una denominación algo rimbombante, el debate sobre su devolución es de pantalón largo y afecta directamente a los servicios que ofrecen los ayuntamientos a sus vecinos. En este caso, además, ha alcanzado un cariz netamente ideológico sobre cómo gestionar o entender la gestión de las cuentas públicas. En otras palabras, la versión municipal del debate sobre si es bueno recurrir al endeudamiento para crear inversiones o si la guerra antidéficit debe mandar por encima de todo.
En este sentido, la Diputación ha creído conveniente que, también en el nivel municipal, deba prevalecer su receta: la segunda opción. Así se entiende que, a diferencia de lo que hicieran el PNV y Hamaikabat en 2009, Bildu se niegue a permitir que la devolución de la deuda municipal se espacie en varios años, pese al respiro que puede suponer a los municipios. «Los ayuntamientos han demostrado una gestión responsable y generosa. Están dejando de invertir en instalaciones emblemáticas o carreteras para dejar las cuentas bien saneadas. Los ciudadanos deben reconocer el esfuerzo de los alcaldes para dejar de endeudarse», se felicitó ayer Helena Franco.
2,1 millones de intereses
Cada cual puede sacar sus propias conclusiones sobre si la herramienta del endeudamiento está o no justificada. El coste de los intereses a los que Hacienda debe hacer frente este año por el aplazamiento del fondo foral de 2009 es de 2,1 millones de euros, el 10% de la carga financiera total. «Atrasar otra vez las devoluciones supone prorrogar los problemas, no afinar el gasto», remarcó Helena Franco, que quiso recordar que la situación de las finanzas forales tampoco está para echar cohetes. «No les hemos obligado a devolver todo en febrero, como marca la ley. Les pedíamos el 50%», contextualizó.
Asumida que la prórroga era una quimera, finalmente la «asamblea de alcaldes» reunida ayer, apoyó por «unanimidad» que el primer pago de febrero sea del 25% (unos 12 millones), tal y como alcaldes de Bildu, PSE y PNV habían coincidido en solicitar hace varios días en una discreta reunión con el argumento de que es entre mayo y junio cuando recaudan los principales impuestos municipales.
Tanto la asamblea de ayer, como el cuestionario previo que Hacienda envió a los ayuntamientos para conocer su situación y a qué modalidad de pago se iban a acoger, también sirvieron para constatar que algunos ayuntamientos han transmitido a la Diputación que podrían necesitar también ayuda para gestionar sus cuentas, aunque el fisco, por prudencia, no quiso ir más allá.
El PNV insistió ayer en acusar al Gobierno foral de Bildu de falta de «sensibilidad y capacidad de diálogo» en la negociación con los ayuntamientos. «Lo que observamos es un 'ordeno y mando'», denunció.
Por su parte, el PSE se felicitó de que haya imperado «el sentido común» en la Diputación al aceptar la propuesta de los alcaldes.
ECONOMÍA
TRAS DESVELAR EL DESFASE DE 51 MILLONES, DV HA NARRADO AL MINUTO EL DEBATE INTERNO SOBRE LA FINANCIACIÓN MUNICIPAL
Las cosas no iban bien en octubre. La economía se ralentizaba y los municipios iban asumiendo que en febrero, otro año más, tocaría devolver parte del dinero adelantado de la recaudación. A medida que el año se despedía, la Hacienda foral ya les advertía: todos lo estamos pasando mal. En febrero habrá que devolver, al menos, el 50% y el resto se verá caso por caso.
El 19 de enero, en cambio, los ayuntamientos recibían un auténtico shock. Este periódico adelantaba que la factura a devolver se incrementaba finalmente un 50% sobre la previsión que Hacienda les ajustó en octubre. Desde ese mismo momento, los alcaldes de Gipuzkoa empezaron a mostrar su preocupación sobre las repercusiones que ese incremento iba a suponer sobre unas finanzas ya muy debilitadas. El primero en alzar la voz fue el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre (Bildu), que se revelaba contra la Diputación y reclamaba poder devolver ese pago -en su caso ascendía a 23 millones sumando la prórroga de 2009- en varios años.
A su petición se sumaron públicamente otros alcaldes consultados por DV, como los primeros ediles de Irun (PSE), Elgoibar (PNV) y Albiztur (Plataforma vecinal). Todos ellos, de diferente color político, coincidían apenas unos dias después de conocerse el desplome recaudatorio en pedir flexibilidad a la Diputación a la hora de hacer frente a la devolución.
El Gobierno foral, en cambio, seguía sin verlo claro. Al día siguiente de la petición de clemencia, el fisco se mantenía firme en su postura: el 50% en febrero y el resto caso por caso.
Su postura llevó a la oposición a sumarse a las críticas, llevando el debate al Parlamento guipuzcoano con varias iniciativas.
La intensidad del rifirrafe condujo a la Diputación a empezar a mover ficha: el 4 de febrero se reunía con los alcaldes para plantear alternativas. Así, se reafirmaba en cobrar este año la deuda del fondo foral pero ofrecía a los municipios la opción de recurrir a un crédito a pagar hasta en tres años, cuyos intereses debían costear los propios consistorios. En los casos más peliagudos, se ofrecía a ayudar en la gestión de las cuentas municipales.
Pese a que los alcaldes de Bildu aplaudieron el movimiento de la Diputación, mucho no les debió de convencer a algunos. Prácticamente al día siguiente de que el fisco les remitiera el calendario e importes de pago, los alcaldes de Donostia y Errenteria (Bildu), Irun (PSE) y Hondarribia (PNV) se reunían de manera discreta para debatir la posibilidad de que la devolución se hiciera en cuatro plazos, del 25% cada uno. Pese al escepticismo que reconocieron los propios ediles de Bildu, la Diputación lanzaba al día siguiente un comunicado en el que se mostraba abierta a estudiar su postura. Ayer, esta vez sí, en una reunión publica, dio el sí definitivo.
ECONOMÍA
18.02.12 - 02:29 -
El nuevo modelo de perfil asambleario que la Diputación ha empezado a mantener con los alcaldes no ha sido tan bien acogido por todos los representantes municipales. «Es muy difícil manter una interacción así. La Diputación da las órdenes y los demás las acatan», señalaron ayer a este periódico alcaldes de formaciones ajenas a Bildu. Las mismas fuentes abogan por «recuperar un punto de encuentro más operativo», y creen que el mejor foro para ello es el ya existente: el Consejo Territiorial de Finanzas. «Habría que incorporar a los alcaldes de Bildu para que estuviera bien representado», defienden. La Diputación quiere mantener «la asamblea de alcaldes» aunque busca «afinarla» para que sea operativa.
