El Gobierno local suma los votos del PP para aprobar el presupuesto de 2017

El Pleno de la Corporación aprobó ayer en el ayuntamiento el presupuesto municipal para el año 2017, una previsión de gasto que asciende a 72.634.710 euros sin tener en cuenta las de entidades que dependen del Consistorio como Bidasoa activa o el Consrocio Transfronterizo Bidasoa Txingudi. La mayoría absoluta de la que goza la coalición del Gobierno de Socialistas de Irun y EAJ-PNV anunciaba que el borrador saldría adelante.

En ese contexto hay que enmarcar las dos primeras claves de la sesión de ayer: el PP sumó sus votos a los del Gobierno y éste aprobó enmiendas parciales a los tres grupos de la oposición en un esfuerzo por compensar el hecho de que no necesita, en realidad, de ninguno de los otros tres grupos. El esfuerzo negociador del delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, fue reconocido por el Grupo Municipal Popular y por EH Bildu; también por sus socios jeltzales en el Gobierno. Sin embargo no fue suficiente como para modificar el voto contrario de la coalición de la izquierda abertzale aunque, eso sí, tanto Páez como el portavoz de EH Bildu, Oinatz Mitxelena, se reconocieron mutuo «acercamiento» fraguado en acuerdos sobre varias de las correcciones parciales.

Nada que ver con la relación entre el Gobierno y SPI. El abismo que separa a ambas formaciones creció durante la sesión, sobre todo porque Páez afeó al grupo una y otra vez durante su sesión la falta de compromiso y su ausencia en «las reuniones y foros que celebramos sobre muchos temas y a las que acuden todos los grupos políticos y los agentes sociales implicados en cada uno».

Fue el delegado de Hacienda quien inició la sesión con su explicación sobre el borrador presupuestario que el Gobierno presentaba ante los corporativos. Lo más destacable es un incremento en torno al 3,5% respecto al año anterior, principalmente por una mayor aportación del Fondo Foral de Financiación Municipal que en 2017 asciende a 39,5 millones de euros, «de los que medio millón reservamos por prudencia, por si luego la recaudación va mal y hay que devolver parte, como en este mismo 2016», advirtió. Del gasto destacó los incrementos en personal y en bienes corrientes y servicios «derivados de la apertura de nuevos equipamientos, como el CBA, por ejemplo».

Recordó que desde 2009 el Ayuntamiento no ha recurrido a préstamos por lo que las inversiones se afrontan con recursos propios. Citó varias de las que llegarán en 2017 (paseo y bidegorri, de Osinbiribil a Behobia, el frontón Uranzu o la piscina al aire libre en el Tenis Txingudy), pero se centró sobre todo en programas sociales y ayudas a la activación económica. En todos los casos, lo hizo recordando lo realizado en este 2016 y en años anteriores. Eso le sirvió para defender que el adjetivo de «continuista» con el que todos los grupos califican el proyecto de presupuestos «tienen un valor positivo y no peyorativo» para un Irun que definió como «una ciudad para vivir y trabajar, plural y diversa que integra otras culturas y pone en valor su propia identidad con el fomento del uso del euskera».

La lectura que Bildu y SPI hacen de la propuesta del Gobierno es bien distinta. Ambos presentaron sendas enmiendas a la totalidad pidiendo al Gobierno que reelaborara el documento. Cada grupo apoyó también la propuesta del otro, pero ambos recibieron el voto en contra del resto, si bien el PP introdujo un matiz. «El 'no' a Bildu es diferente del 'no' a Sí se Puede. Con Bildu hay cosas con las que estamos de acuerdo; las propuestas de SPI no las entendemos», dijo su portavoz, Juana de Bengoechea.

La enmienda a la totalidad de SPI criticaba un borrador «profundamente continuista, sin nuevas líneas en cooperativismo y autogestión, de mayor protección social o de inversión en democratización y participación» y que sigue «aumentando subcontratatas», en una «ciudad que continúa copando los puestos del paro de Gipuzkoa, bajando el paro pero sin aumentar cotizantes» y «sin dar salidas al pequeño comercio». El portavoz, David Soto, la defendió desde «tres ideas: contingencia (anteponiendo amortización de deuda al gasto social), consolidación de obra nueva construida (un mantenimiento que hipoteca el presupuesto) y no lo bastante social (por no entender lo público como la herramienta de la sociedad para combatir la pobreza). Páez desmintió que Irun lidere el paro en Gipuzkoa, «eso ya no es así», y que haya amortización de créditos, «sólo el pago de las cuotas, como no puede ser de otra manera». El gasto de funcionamiento de los nuevos equipamientos lo justificó por que si no no servirían de nada y tras rebatir el resto de argumentos achacándo a los ediles de SPI que «no conocéis esta ciudad», le invitó a presentar un modelo alternativo «porque aquí no lo hay». Soto respondió que su modelo de ciudad se reflejaba «en las enmiendas parciales».

La enmienda a la totalidad de Bildu criticó que los planes y programas del Gobierno para enfrentarse al paro «han fallado»; que su apuesta por la VPO de alquiler «es sólo a través del Gobierno Vasco»; y «no soluciona», «sólo gestiona», la necesidad de ayudas sociales. El portavoz, Oinatz Mitxelena, reclamó al Gobierno, «como en años pasados, un cambio de rumbo». Sin dejar de criticar la acción de Gobierno, Mitxelena dibujó un modelo alternativo. Soberanía alimentaria y energética, apuesta por el alquiler protegido, un área municipal de Igualdad, más ayudas al comercio... Por todo ello, pidió al Gobierno un nuevo borrador, «éste no responde a la imagen que tenemos del Irun del futuro».

Aunque en un tono diferente del usado con SPI, Páez defendió con firmeza la gestión municipal, especialmente en lo relacionado con promoción de la actividad económica y el empleo, aunque aceptando el interés de algunos de los temas planteados, invitó al grupo abertzale a seguir hablando «en los próximos meses».