6 junio 201400:05
La Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa, Acubi, y la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca, Ocuv, publicaron ayer una serie de recomendaciones para aquellos afectados por las aportaciones subordinadas de Fagor y Eroski que se planteen la vía judicial. Lo primero que recomiendan es no tomar «ninguna decisión sin tener perfectamente claro cuáles son las consecuencias económicas que le va a suponer presentar una demanda judicial, siempre teniendo en cuenta el peor de los casos posibles: que pierda con costas». Por eso, aseguran que no se puede confiar en «quien asegura un resultado positivo y no habla de todas las situaciones posibles que se puedan dar y los costes que cada una de ellas acarrearía».
En ese sentido, recuerdan los gastos que supone la presentación de una demanda. «Honorarios de letrado y procurador en función de la cuantía del pleito y del acuerdo alcanzado; tasas judiciales, 150 en juicios verbales (hasta cuantías de 6.000 euros), 300 en juicios ordinarios y siempre un añadido del 0,1% de la cuantía reclamada». Si el juicio se gana con costas, «la parte contraria tendrá que abonar todos los gastos en los que hemos incurrido». Al contrario, perder con costas, supone «abonar todos los gastos de la parte contraria».
Ejemplo práctico
Para facilitar la comprensión de esta situación a los consumidores vascos, Acubi y Ocuv plantean cuál sería la situación en el caso de una reclamación de 12.000 euros. «Los honorarios del procurador ascenderían a unos 300 euros más IVA; los del letrado a 1.786 más IVA. La tasa sería de 312 euros». En este caso, «de perder el juicio con costas, además de los honorarios del letrado y el procurador y la tasa propios, el demandante debería abonar a la otra parte la cantidad de 2.398 euros más el IVA correspondiente».
Según las asociaciones esta es la información que tienen que recibir los afectados que quieran ir a juicio «para estar plenamente informados, además de estudiar las posibilidades reales a la vista del caso concreto y de la documentación de la que se dispone». Por todo, Acubi y Ocuv insisten en «desconfiar de quien no proporcione esta información y un presupuesto previo explicativo, por escrito, con toda la información indicada».
