27 noviembre 201400:06
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Irun aprobó ayer, con el apoyo de PSE-EE, EAJ-PNV y PP, una declaración en la que pide a la presidenta de las Juntas Generales, Lohitzune Txarola, «respeto a Irun y los iruneses».
En el comunicado señalan que el martes, Día Internacional contra la Violencia de Género, «era un día para poner en evidencia este problema, denunciarlo públicamente y mostrar nuestro máximo rechazo ante un asunto de tamaña gravedad». El texto recuerda que Lohitzune Txarola realizó «unas declaraciones en las que literalmente decía que 'los alardes privados son la imagen más nítida, masiva y pública de violencia contra las mujeres que vivimos en Gipuzkoa'». Los portavoces citan la sentencia del Tribunal Supremo que «ratifica la legalidad del Alarde tradicional, asegurando que 'no parece que pueda afirmarse que la celebración del alarde en su concepción llamada tradicional suponga una desigualdad para las mujeres, porque no hay exclusividad en la promoción de iniciativas de este tipo'».
Los portavoces afirman que «la violencia machista es un delito, grave, penado y que requiere de toda la contundencia en la denuncia de la sociedad y las instituciones. No debemos hablar por hablar. Es una lacra que en ningún caso queremos que sea vinculada a Irun y a la representación histórica y legal que se hace del Alarde». Por ello, el comunicado lamenta «las desafortunadas e hirientes declaraciones de la presidenta de las Juntas Generales, que han insultado de nuevo, de manera grave, a Irun y a todos los iruneses e irunesas».
«Que dejen de hacerse declaraciones falsas y ofensivas contra la ciudad, sus hombres y mujeres»
Los portavoces solicitan «que dejen de hacerse declaraciones falsas y ofensivas contra la ciudad, y contra sus hombres y mujeres». Piden, además, «respeto para la ciudad y la ciudadanía irunesa, en las diferentes formas de ver y vivir la representación del Alarde», así como «una rectificación pública de quien debería representarnos a todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas, sin ningún tipo de discriminación hacia quienes, dentro de la legalidad, ejercen su derecho a pensar de manera diferente a la señora presidenta de las Juntas».
