Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, coordinada por la Europol, ha permitido desmantelar en Irun una organización criminal dedicada a la venta de productos fitosanitarios no regulados, intervenir 26 toneladas de estas sustancias e identificar y detener a 22 personas.
Según informa el Ministerio del Interior en una nota, la operación, desarrollada en dos fases y denominada Kaltegarria (Dañino), ha incluido cinco registros, uno de ellos en la localidad francesa de Castres.
22 involucrados
Los 22 presuntos involucrados han sido acusados de pertenencia a organización criminal y de distintos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la salud pública, riesgo catastrófico, falsedad documental, y blanqueo de capitales.
La actuación policial, en la que se han intervenido casi 23.000 euros en metálico, ocho vehículos (uno de ellos en Francia) y se han bloqueado 14 cuentas bancarias, se ha saldado también con un total de nueve personas jurídicas investigadas por estos hechos.
Según la Guardia Civil, la organización estaba encabezada por tres hermanos titulares del órgano de administración, constituido desde 2020.
Uno de ellos era el titular de los registros de las páginas web de ventas en internet y los otros dos realizaban las actividades relacionadas con el almacenaje y distribución de los productos químicos.
Además, el padre de todos ellos efectuaba operaciones de logística, carga y descarga de los productos fitosanitarios de uso profesional, a pesar de que carecía de la autorización requerida para estas labores.
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Sede en Irun
La organización conseguía los productos de manera clandestina y los almacenaban en la sede de la empresa localizada en Irun y un almacén ubicado en las proximidades.
Seguidamente, los anunciaba para la venta en internet a través de la web de la empresa en distintas plataformas de comercio electrónico, para distribuirlas a cualquier usuario y país.
También repartía desde el lugar de almacenamiento los fitosanitarios por medio de empresas de paquetería de distribuidores franceses o españoles, así como con vehículos propios.
Los locales donde el grupo guardaba los productos no reunían condiciones adecuadas para el almacenamiento lo que daba lugar a una mala aplicación del producto por parte de quienes los adquirían y manipulaban, según el instituto armado.
Cinco millones de euros
Se estima que la organización criminal habría obtenido un beneficio ilegal cercano a los cinco millones de euros, derivado de la venta ilícita de los citados productos químicos en el Estado, así como en Francia y en otros países europeos.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Irun, ha contado con el apoyo de las Comandancias de Gipuzkoa y de Alicante y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.