Corchón defiende el funcionamiento del área de Bienestar Social

El delegado de Bienestar Social, Sergio Corchón, ha querido respender a las críticas que los ediles de Sí se Puede Irun realizaron el otro día sobre determinados problemas que habían detectado en los servicios que se prestan desde la atención social municipal. Quiso, antes de dar explicaciones, valorar «el buen trabajo que un gran equipo de profesionales lleva a cabo en los servicios sociales de base. Es reflejo de la enorme sensibilidad social que desde el equipo de Gobierno se tiene y se mantiene por los servicios sociales y por tener siempre la puerta abierta para quienes necesitan la ayuda de su ayuntamiento».

Corchón admitió que «siempre se puede mejorar y en ese objetivo estamos trabajando, para reducir los tiempos y agilizar algunos trámites, pero no podemos olvidar que tenemos también la obligación de cumplir unos requisitos y unos protocolos en la atención primaria». También señaló que «tenemos las limitaciones de contratación de empleados que se nos marcan desde las políticas estatales».

Dado que una de las críticas más duras de SPI llegó precisamente por el tamaño de la plantilla de trabajadoras sociales, que resumía en nueve, el delegado aclaró que «doce trabajadoras sociales componen el equipo de atención primaria. De ellas once están dedicadas directamente a la atención ciudadana general, una de ellas específicamente para los temas relacionados con desahucios, y está además la jefa del Servicio. Hay otra trabajadora que está en la unidad de acogida y se ocupa de los temas de urgencia».

El delegado reconoció que, tal como había achacado SPI, «el primer contacto del ciudadano con el área es con una administrativa» pero sólo porque «muchas veces, es para pedir documentación, información general o incluso empleo, con lo que tan sólo debe ser derivada a otro servicio. Esta persona no hace ningún tipo de informe de valoración», subrayó para aclarar que, «a partir de ahí y, dependiendo de la urgencia, se le asigna una trabajadora social». Sobre la espera para las citas, detalló que «oscila entre los 13 días y los 34», pero aclaró que los «asuntos de urgencia siempre son tratados en el mismo día o en apenas 24 horas». Se trata de todos aquellos problemas relacionados con violencia de género, maltrato a personas mayores, desprotección infantil y desahucios (u otros ligados a la vivienda). También aseguraba el delegado que «cada caso tiene asignada una trabajadora social y sólo en el caso de que ésta no esté trabajando por algún motivo, un caso se deriva a una compañera o a una sustituta».

Para Corchón «a estas alturas no creo que haga falta defender la sensibilidad social de este Ayuntamiento, que ha puesto en marcha un comedor social, yendo más allá de sus competencias y con una aportación anual de más de 220.000 euros; que completa siempre que es necesario las Ayudas de Emergencia Social más allá de las aportaciones del Gobierno vasco; que el año pasado invirtió casi 70.000 euros en ayudas especiales a más de 90 familias irunesas».

El delegado insistió, eso sí, en que «hay margen de mejora» y recordó que «la puerta está abierta para aquellas entidades sociales y grupos municipales que estén dispuestos a sumar para seguir mejorando».