El grupo municipal EH Bildu denunció ayer que el gobierno local «no cuenta toda la verdad» cuando afirma que «el gasto derivado de las liberaciones eventuales y políticas que se aprobaron en el pleno no suponen un incremento presupuestario». Según la coalición abertzale, el PSE, al que denomina PSOE, «omite voluntariamente informar sobre que los gastos de personal en las liberaciones (puestos eventuales y políticos) se han incrementado en unos 130.000», de un total de 813.321 euros a 944.700. Para Bildu, el gobierno ha recurrido «a juegos presupuestarios», propios de «trileros», en los que «todo parece limpio, pero tiene truco y eso, en el ámbito político, tiene un nombre: falta de transparencia».

Bildu señaló que los 130.000 euros de incremento en salarios de políticos y puestos eventuales se cubren detrayendo 102.000 euros de las asignaciones mensuales a los grupos, tanto la fija, que baja de 725 a 525 euros, como la que se abona por cada concejal, de 724 a 430; «es decir, lo pagamos todos los partidos 'a escote'».

La diferencia aún existente se compensa con la renuncia del alcalde a uno de sus tres escoltas, cuyo sueldo pasa «de computar en la misma partida presupuestaria que los liberados eventuales y políticos, a la partida presupuestaria de la Policía Local» y para que estas cuentas tampoco «se vean afectadas, amortiza un puesto de trabajo. Una artimaña para no decir a la ciudadanía que la partida destinada a liberaciones eventuales y políticas ha aumentado». Subrayó que «es políticamente incorrecto y queda mal» admitir eso, «pero es peor no decir toda la verdad a la ciudadanía y ocultarla con un cambalache presupuestario, mediante la amortización de un puesto de trabajo».

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Irun señaló ayer que, tras lo aprobado la semana pasada por el Pleno se han incrementado «los gastos de representación política» y criticó «la solución que, según nos informan, se va a realizar para subsanar este aumento del gasto. Van a eliminar una plaza vacante de agente de la Policía Local, que en este momento está ocupada por un funcionario interino. Evidentemente este trabajador se va a la calle. Con lo que se van a ahorrar con el despido de un trabajador se va a pagar ese otro desfase de dinero».

Su queja parte de que «la plantilla de la Policía Local es pequeña (78 agentes), claramente inferior a los ratios que se aplican en nuestro entorno. Hace ya unos años el ayuntamiento contrató a una empresa especializada que realizó un estudio de la plantilla y las posibles necesidades de la misma». Según la Junta, Irun «como ciudad fronteriza con un volumen muy alto de personas de paso y de extranjeros que desde Francia vienen diariamente a comprar ocio... necesita una plantilla mayor. Ese estudio terminó en el fondo de algún cajón». Denunció que «el ayuntamiento, con un superávit de tres millones, despide y elimina a un policía local para pagar una desviación económica en el incremento del gasto en su gestión política».

Ayer mismo por la tarde, el Gobierno municipal hizo pública una nota en la que negaba que «la reorganización de servicios de la Policía Local que se deriva de la aprobación plenaria del pasado jueves, vaya a suponer el despedido de ningún agente». Si admitía «un cambio en los servicios y, por lo tanto, alguna modificación en la asignación de personal adscrito por parte de Policía Local a algunas tareas concretas, y eso se traduce en una reorganización interna del personal, pero en ningún caso en un despido». Según el Gobierno «hay diferentes necesidades y calendarios a los que se ajustan los servicios de los agentes locales y es a esa organización interna a la que afectan los cambios, pero nunca en forma de despido».