La Red de Acogida de Irun ha denunciado que el albergue de atención a migrantes del Alto de Arretxe «cerró sus puertas» la noche del martes a una mujer embarazada de cuatro meses y a su pareja.

Esta plataforma critica, en una nota, que «una vez más» se haya dejado «en la calle» a una persona «en situación de vulnerabilidad» y reclama que se aclare con «urgencia» cómo se aplican los criterios de acceso al dispositivo para migrantes en la localidad fronteriza.

Asimismo, considera imprescindible que estos criterios «se centren en velar y proteger a personas en situación de vulnerabilidad», ya que los argumentos esgrimidos para no aceptar a esta mujer fueron que ella y su acompañante «no los cumplían».

Representantes de los trabajadores de la fábrica de Pasquier-Recondo en Azken Portu se concentraron ayer en la plaza de San Juan para dar visibilidad a la situación en su empresa. Antes de la movilización pública, mantuvieron una reunión con el alcalde, José Antonio Santano, y representantes de los grupos municipales «para trasladarles nuestra versión. Sabemos que la empresa les había dado ya la suya y queríamos contarles las mentiras que hay en lo que les dijeron».

En 2016 Pasquier anunció a los trabajadores el cierre de la planta de Recondo en 2022 (aunque parece que ahora los plazos se han retrasado) al objeto de que se desarrolle allí un proyecto residencial. A la plantilla se le planteó en su momento un plan de prejubilaciones para una parte y el traslado del resto a la otra planta irundarra de Pasquier, la de Ventas, pero «no se firmó nada», aseguraba Javi Iribarren, delegado de LAB en el Comité de Empresa de Recondo. «Para mayores de 57 años plantean prejubilaciones con muy poca bonificación y una pérdida de retribución en la pensión hasta del 28%. Para el resto, un traslado con una merma salarial de 5.000 euros»

Gipuzkoa cuenta con dos Puntos de Encuentro Familiar (PEF) por derivación judicial para la realización de visitas e intercambio de niños y niñas, ubicados en Donostia y en Tolosa, a los que se prevé que se sumendos nuevos centros en Irun y Zumarraga, con cuyos ayuntamientos el Departamento de Trabajo y Justicia está trabajando para suscribir convenios que podrían materializarse antes de que finalice el año. Así lo ha anunciado la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, en la presentación este lunes de la actividad anual de estos puntos correspondiente a 2019. La red vasca está compuesta por ocho puntos de este tipo.

Los Puntos de Encuentro Familiar atendieron el año pasado a 987 familias en Euskadi, lo que supone un incremento del 5% respecto a 2018. El incremento interanual del 5% en el número de familias atendidas coincide con el aumento del número de niños y niñas usuarias del servicio, que alcanzó la cifra de 1.375, frente a las 1.299 de 2018.

Los Puntos de Encuentro Familiar son espacios neutrales que tienen como objetivo preservar el interés superior de los menores de edad y su derecho mantener las relaciones paterno y materno filiales con las máximas garantías de seguridad.

El porcentaje de niños (51%) y niñas (49%) atendidas también se mantiene prácticamente igual en cada uno de los ocho Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de la Comunidad Autónoma del País vasco: Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Portugalete, Durango, Tolosa y Gernika.

Estos espacios atendieron a 2.000 adultos, de los que en el 85% de los casos la custodia de los niños correspondía a las madres. Por el contrario, sobre el hombre recaen la gran mayoría (92%) de las 326 órdenes de alejamiento que afectaban a los expedientes analizados por este servicio, que suponen un aumento de casi el 20% sobre el año anterior.

El 63% de las 31.000 actuaciones desarrolladas por estos espacios finalizaron en su totalidad. Las visitas tuteladas fueron el servicio que registró un mayor porcentaje (42%) de cancelaciones o suspensiones. Las visitas tuteladas finalizadas fueron 7.894, mientras que en el caso de losintercambios, se realizaron el 68% de los programados, alcanzando la cifra de 11.359, que representa un aumento del 16% sobre el curso anterior.

El 46 % de los expediente judiciales con los que se trabajó procedían de los juzgados de violencia sobre la mujer, un 26 % de los de familia, y un 28 % de otros juzgados.

En total se tramitaron 1.097 expedientes, un 8 % más que en 2018 y el 63 % de las 31.000 actuaciones programadas finalizaron en su totalidad.

Según el informe, de los menores atendidos, un 82 % eran nacidos en Euskadi y la mayoría, el 62 %, tenía entre 3 y 11 años.