En concreto han sido 12.674 personas las que han respondido a la llamada de un colectivo de 30 hendaiarras, que desde primeros de agosto han recogido firmas. La villa, con unos 17.000 habitantes (de los cuales un tercio se calcula que es de origen guipuzcoano), cada vez está más molesta con la actitud del Ministerio del Interior galo, que prolonga el cierre del puente sin expectativa de apertura.

En un acto que se ha desarrollado en la entrada del Ayuntamiento de Hendaia con la presencia del alcalde, Kotte Ecenarro, así como los primeros ediles de Irun, José Antonio Santano, y Hondarribia, Igor Enparan, portavoces del colectivo impulsor de la recogida de firmas las han entregado al dirigente hendaiarra, que las remitirá al prefecto, equivalente al delegado del Gobierno, aunque con mayores competencias que en el Estado español habida cuenta de la estructura centralizada de Francia.

En los últimos meses, el prefecto, Julien Charles, ha trasladado la responsabilidad de la reapertura al Gobierno español, al que emplaza a sufragar patrullas del río conjuntas. “Queríamos que el puente Avenida estuviera abierto para la temporada de verano, pero no ha podido ser”, llegó a decir a comienzos de julio en Hendaia.

Al mismo tiempo y reconocida la escasez de los recursos humanos, París quería que drones sobrevolaran la frontera para controlar la “inmigración irregular”, decisión llevada a juicio por una robusta sociedad civil, cada vez más concienciada con las personas que están muriendo entre Irun y Hendaia en busca de un futuro mejor. El Consejo de Estado dio la razón a los abogados de Baiona y Pau al no quedar acreditada ni justificada la necesidad de esos drones, que además son invasivos con la intimidad de miles de vecinos.

En esa clave de escasez de recursos se encuadra la petición de Charles, de que España pague patrullas conjuntas. Una solicitud cuestionable cuando ya existe un puesto fronterizo en el que participan policías de ambos lados del Bidasoa, incluida la Ertzaintza.

Aun así, las declaraciones de Charles no han obtenido respuesta pública ni desde La Moncloa ni desde el Ministerio del Interior español, ambos en manos del PSOE. Mientras tanto, se han sucedido las protestas como la del 6 de julio, que provocó que centenares de ciudadanos cortaran el puente Santiago y el tráfico rodado.

La alerta antiterrorista desde los ataques a Bataclan en noviembre de 2015 ha provocado cierres puntuales de la frontera, que en el caso del Puente Avenida se ha convertido en fijo desde enero de 2021. Cabe la opción de transitar por el contiguo Puente de Santiago (el tercero es el del ferrocarril), si bien es el Avenida el que tiene la mejor conexión con el bidegorri de la bahía gracias a un ascensor utilizado por centenares de personas cada día. Además, es el recorrido más recto para unir a pie o en bici Ficoba y la estación de tren de Hendaia.

La decisión del cierre corresponde al Gobierno francés, que reabrió el puente por unas horas con motivo del paso del Tour de Francia por este enclave. Los alcaldes de Hendaia e Irun se personaron de madrugada en el Puente Avenida para celebrar la decisión, que el Gobierno de París deshizo a las horas, terminada la etapa ciclista en los términos que recogía el decreto de reapertura temporal. Ambos primeros ediles se volvieron a dar cita en el mismo punto para denunciar la “vergüenza y la ofensa” de que exista esta barrera en la Europa del siglo XXI.

Construido en 1915, el Puente Avenida fue el punto de escape para miles de vascos durante los primeros meses de la Guerra Civil española. Años después, el president catalán en el exilio, Lluís Companys, fue entregado por las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial al Gobierno franquista, que lo ejecutaron en Barcelona.

A mediados del siglo XX, la construcción del puente de Santiago redujo el tránsito del histórico puente Avenida, que en 2020 sufrió una remodelación estructural que como la construcción de 1915, corrió a cargo del Ayuntamiento de Irun.

Tras el acto de entrega de firmas de este sábado, se ha inaugurado una exposición con 75 retratos de vecinos de las tres ciudades.

Los citados servicios serán, por un lado, la asesoría para la homologación de estudios e itinerarios formativos, que se ofrecerá el último martes de cada mes, de 16.00 a 20.00 horas. Denominado Iguálate, estará dirigido principalmente a mujeres migrantes que trabajan en el ámbito de los cuidados y del servicio doméstico.

Por otro lado, habrá un servicio de asesoramiento legal en materia de familia, derecho del trabajo (social y seguridad social), extranjería, derecho penal, derecho penitenciario y realización de trámites judiciales. El horario será de 16.00 a 18.00 horas los lunes.

También se ofrecerá un asesoramiento sexual a mujeres mayores de 25 años, los lunes de 17.00 a 19.00 horas, y, por último, la Casa de las Mujeres será la sede del servicio público Garaitu de la Diputación Foral, que consiste en la atención psicosocial, socioeducativa y sociojurídica para mujeres que sufren o han sufrido situaciones de violencia machista y agresiones sexuales.

Para hacer uso de cualquiera de los servicios se debe solicitar cita previa, llamando al 943 505 505 o acudiendo a la Casa de las Mujeres, ubicada en el número 8 de la plaza Istillaga, de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. l

La investigación policial, llevada a cabo por el Grupo de Investigación Medioambiental de Policía Foral, contó con la colaboración de la Ertzaintza y de la Gendarmería francesa, a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Hendaia. En el ámbito judicial supuso la cooperación del Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona con la Fiscalía de Baiona.

Las IOTP (inspecciones oculares técnico policiales) realizadas, junto con la colaboración ciudadana aportando fotografías de los primeros momentos del incendio, permitieron confirmar que se trató de un incendio intencionado, con dos puntos de inicio -distantes 647 metros- unidos por una carretera.

Las manifestaciones de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad y del tráfico de comunicaciones telefónicas permitieron a los policías forales investigadores identificar a un ciudadano francés -con antecedentes judiciales en España y actualmente cumpliendo condena en Francia por otros delitos- como sospechoso de haber sido el autor del incendio. Fruto de ello, por parte de la Jueza de Instrucción, se le tomó declaración en calidad de investigado.

Los bosques de Bera, Lesaka e Irun, una semana después del incendio Noticias de Gipuzkoa

Pese a que en su Auto la Jueza afirma que “del resultado de las diligencias de investigación y las informaciones disponibles, hacen más compatibles la hipótesis inculpatoria que la exculpatoria”, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de la causa ya que “resulta necesario que todos los datos y circunstancias obrantes en las actuaciones represente más que una mera posibilidad, una certeza, deben suponer por sí mismos la probabilidad de la comisión de un delito por el investigado, y lo practicado carece de la entidad suficiente para justificar la perpetración del hecho delictivo”.

Investigación del incendio iniciado en Bera

En su Auto, la Jueza de Instrucción agradece el esfuerzo realizado por la Policía Foral en la investigación de este incendio.

Esta entidad social asistió en Bizkaia a trece víctimas de trata que vivían hacinadas en una buhardilla entre restos de comida y que fueron liberadas por la Guardia Civil en una operación desarrollada en marzo. El grupo criminal realizaba la captación de las mujeres en países de Sudamérica, principalmente Paraguay y Colombia, aprovechando su situación de vulnerabilidad, necesidad y pobreza que tenían en sus países de origen.

Díaz asegura que se trata de una realidad también presente en Gipuzkoa, y detalla las penosas condiciones en las que se desarrolla el trabajo de mujeres que ejercen la prostitución en el paso fronterizo. “Pagan a los proxenetas hasta el 60% de sus ingresos. Muchas viven amenazadas y son víctimas de robos. La mayoría atraviesan procesos migratorios complejos y no tienen padrón”, explica la portavoz.

Su testimonio, que nace de su experiencia a pie de calle, tiene su correlación con los asuntos que llegan a los tribunales, donde el mes pasado se juzgó a una banda acusada de obligar a prostituirse a siete mujeres venezolanas 24 horas al día en distintos pisos de Donostia.

“La sociedad no sé si es consciente de la cantidad de prostitución que hay en Irun, en Behobia. Es una barbaridad”

Margarita Díaz - Coordinadora nacional de la ONG Fiet Gratia, organización que ayuda a mujeres prostituídas

El escrito de la Fiscalía ofrece algunos detalles del drama, similar al vivido en Bizkaia. "La presión que ejercían los procesados sobre las mujeres; el control emocional; la dependencia generada; el hecho de ser extranjeras carentes de recursos económicos, la ausencia de apoyo de terceras personas y el miedo a que revelaran a sus familias a qué se dedicaban ellas en España". Son algunos de los términos del texto del Ministerio Público. Todo ello, junto al temor a "represalias físicas", llevó a las víctimas a obedecer y a aceptar las “indignas condiciones".

Un defecto de forma durante la instrucción del caso abocó al tribunal a invalidar los dos últimos años de diligencias, lo que ha conllevado una rebaja sustancial de las penas por estos hechos. Pese a ello, hay seis condenados por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Cuatro de ellos, además, por uno o dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Casos que tratan de seguir de cerca los cuerpos policiales.

Víctimas liberadas

La Ertzaintza cuenta con un grupo de trabajo "estable" de agentes con especialización y formación en la trata con fines de explotación sexual para luchar contra "esta forma degradante y extrema de violencia contra las mujeres". La creencia general es que se trata de un fenómeno endémico de otros países más pobres o menos desarrollados, algo que desmienten los datos. La Ertzaintza ha detenido o investigado en la última década en Euskadi -entre 2010 y 2022- a 72 personas en operaciones policiales contra la explotación sexual. Durante este tiempo se ha liberado a 65 víctimas, 63 mujeres y 2 hombres. En los casos investigados hubo captación, transporte y traslado de personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción con el fin de su explotación sexual en prostíbulos, pisos particulares, y en menor medida, la calle.

Aunque es complejo saberlo, se calcula que cerca de 1.100 mujeres ejercen la prostitución en 120 lugares diferentes de la Comunidad Autónoma Vasca, según los últimos datos del Departamento Vasco de Seguridad. Parece, en todo caso, una aproximación somera de la realidad. Otro estudio publicado en 2019 sitúa la cifra entre 1.968 y 2.292 mujeres, según el trabajo elaborado por la socióloga Carmen Meneses, por encargo de la Mesa contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, que coordina Emakunde.

En este órgano interinstitucional están representados los departamentos de Políticas Sociales y Seguridad, la Ertzaintza, las diputaciones forales, la Fiscalía, la Delegación del Gobierno estatal, y organizaciones como Cáritas, CEAR Euskadi, Médicos del Mundo, Comisión Anti-Sida, Cruz Roja, Gizarterako, Askabide, Oblatas y Accem.

Según el trabajo elaborado, se estima que son víctimas de trata con fines de explotación sexual entre el 10 y 15%, lo que elevaría el número de afectadas a 300. Se aproxima esta cifra las 286 personas identificadas el año pasado en Euskadi en riesgo de explotación sexual, según el último informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio de Interior.

Un fenómeno delictivo de primera magnitud

Según este informe, la sexual es la forma más común de explotación que existe en la actualidad (59%), seguida del trabajo forzado (34%). Un fenómeno delictivo de primera magnitud que atenta contra los derechos fundamentales de las personas, “en su mayoría, mujeres y niñas". Un infierno del que no es fácil salir, pero es posible, como dice la ONG Fiet Gratia. “Aquella mujer que quiera dejarlo, tiene oportunidad de hacerlo. Hay recursos y casas de acogida”, explica Díaz.

"Aquella mujer que quiera dejarlo, tiene oportunidad de hacerlo. Hay recursos y casas de acogida"

Esta ONG lleva tres años implantada en Euskadi, y hace un año abrió una unidad de detección y asistencia en Gipuzkoa. Cuenta con un equipo de ocho personas -dos en plantilla, una de ellas trabajadora social-, con voluntarios en el territorio que se desplazan a algunos de los focos más calientes de la prostitución, tanto en clubs como en pisos, en Donostia e Irun.

La ONG trabaja en red con otras entidades, y presta servicio de atención psicológica, asesoramiento jurídico, así como derivaciones médicas, con test de VIH, revisiones ginecológicas o pruebas de embarazo.

“Lo más importante es que existe un equipo multidisciplinar de profesionales que ayudan a estas mujeres a restaurar sus vidas”, señala la portavoz. Así lo han hecho con las trece víctimas de la red criminal detenida en Bizkaia. Las mujeres estaban confinadas en una casa del barrio bilbaíno de Zorrotza, donde vivían en condiciones infrahumanas e insalubres, hacinadas entre restos de comida y suciedad.

Sólo podían salir una hora al día, se las controlaba por un circuito cerrado de televisión y eran obligadas a aceptar clientes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Ayudar a estas mujeres a transitar un nuevo camino es lo que hace Fiet Gratia: darles herramientas para que puedan empoderarse, rompan con el ciclo de vulnerabilidad, y logren finalmente una inserción sociolaboral. “Mientras estas mujeres están en el recurso, si se demuestra que son víctimas de trata o de explotación sexual, los abogados, por derecho, se encargan de tramitar su documentación”, explica Díaz.