El Pleno de la Corporación ha aprobado esta semana, con votos a favor de PSE, PNV y PP y abstenciones de SPI y EH Bildu, el convenio marco con la Diputación de Gipuzkoa para que ésta desarrolle en Arbes la nueva residencia de mayores de la ciudad que, en virtud de lo plasmado en el documento, irá acompañada de otros servicios para convertir el proyecto en un complejo asistencial.

La aprobación del convenio es una buena noticia en sí misma, un paso importante, no hay duda al respecto. Es igualmente cierto que no es un paso que garantice nada, visto lo ocurrido en la última década. Un primer acuerdo con la institución foral, en 2007, se saldó con la promesa de que las obras arrancarían en 2010, aunque a comienzos de ese año, se aplazó el inicio a 2011. Lo que llegó entonces fue un convenio que ambas instituciones aprobaron pero que nunca se realizó. «Vamos a estar vigilantes para que ésta vez se cumpla lo comprometido», dijo el delegado de Bienestar Social, Sergio Corchón, en su intervención plenaria. «Hemos exigido que se cree una comisión de seguimiento».

Aunque el PP votó a favor y Sí se Puede Irun y EH Bildu se abstuvieron, los tres grupos de la oposición fueron muy críticos. Jokin Melida, portavoz de la coalición abertzale, arremetió por varios frentes: la ubicación (porque le pareció que quizá la nueva residencia no quede tan integrada en la ciudad como la actual de Ama Xantalen), los servicios que ofrecerá y el convenio no define, el destino de las actuales trabajadoras de Ama Xantalen...

David Soto (SPI), se reconoció «de acuerdo con la dotación prevista», pero sostuvo la abstención en ese futuro no definido de la plantilla de la actual residencia, en el modelo de gestión de la nueva y en otras cuestiones «que no se abordan». También criticó los incumplimientos precedentes, que es en lo que más ahondaron las dos ediles populares, Muriel Larrea y Juana de Bengoechea. Votaron a favor porque «este convenio mejora al anterior», pero no olvidaron el pasado. «El terreno estaba disponible ya en 2007. Son 10 años de retraso. Llegamos incluso a plantearle a Diputación que podíamos afrontar la construcción desde el Ayuntamiento, pero la respuesta fue que si lo hacíamos no nos concertarían camas. Así de duro. Eso pasó», recordó Bengoechea.

El propio delegado, pese a defender las bondades del nuevo convenio con la Diputación, admitió que «llega 10 años tarde. Es verdad». Advirtió también que pese a que se pondrán desde su área todos los medios para que no vuelva a paralizarse, «es un proyecto de magnitud importante y, si queremos hacerlo bien, llevará tiempo».

El portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, afirmó que para su partido el «envejecimiento de la población es una realidad que vemos como un gran reto que exige un compromiso claro y nítido por parte de las administraciones públicas». Aseguró que es un tema «prioritario tanto para el Ayuntamiento como para la Diputación» y destacó «entre las respuestas que damos, los servicios residenciales y el Servicio de Ayuda a Domicilio. En 2018, Diputación apoyará económicamente este último, de competencia municipal», lo que en el caso de Irun supondrá «una aportación de 500.000 euros». A su socio de gobierno, el portavoz socialista y delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, no le gustó que Iridoy agradeciera eso y le recordó que «el Ayuntamiento paga un millón anual de déficit de la residencia, una competencia foral que Diputación lleva diez años sin querer asumir».

El convenio no incluye una programación de actuaciones, un cronograma de los futuros pasos que de alguna manera haga firme el compromiso. «Eso llegará con la redacción de los pliegos de contratación», aclaró ayer el alcalde, José Antonio Santano, en una comparecencia sobre el desarrollo del pleno. «Diputación está redactando las condiciones para adjudicar la construcción y gestión del futuro complejo, pero no se pueden aprobar si antes no aprobamos este convenio». En cualquier caso, y por más que se quiera correr, «no creo que esto pueda llegar antes de 2021».