El expediente de ruina que pesa sobre el número 9 de la calle Korrokoitz preveía para hoy el desalojo del inmueble. De los tres residentes, bajo, primer piso y segundo, sólo los del primero, una pareja de avanzada edad, han abandonado el edificio. Son los únicos que han recibido «una propuesta concreta desde el Ayuntamiento, desde Bienestar Social, y aunque no les era satisfactoria la han aceptado porque con su estado de salud no están para pelear», explica Asier Martín, portavoz de los afectados.

Hace un mes denunciaron públicamente su situación. Se les aplicaba un expediente de ruina por patologías del edificio que les obligaba a dejarlo y asumir el coste de su derribo. Ellos recordaban que, afectado por el desarrollo previsto del ámbito Korrokoitz, el inmueble estaba fuera de ordenación y no habían podido actuar en profundidad, pero que sí habían hecho «todo el mantenimiento posible». Aún ahora, cuando varias empresas han acudido para presupuestar la demolición, «todas nos decían que no parece que este edificio tenga patologías tan graves, que parece increíble que las detectáramos».

Desde el principio han reclamado al Ayuntamiento cierta «deferencia» con su caso, siquiera porque al consistorio le debe pesar que no empleó en su día todos los mecanismos que la ley pone a su disposición para activar ese desarrollo promocional de Korrokoitz, cuyos promotores debían adquirir esta parcela, derribar la construcción existente y realojar a los vecinos en nuevas viviendas. A la espera de ese momento, se anticipó el expediente de ruina. «Lo que el Ayuntamiento nos da es el mínimo, como si no hubiera nada excepcional en nuestro caso, como si no le tocara algo de responsabilidad por haber permitido que el proyecto de Korrokoitz se retrasara infinitamente cuando podía haberlo evitado, cuando le correspondía evitarlo». El 'mínimo' al que se refiere Martín es «una oferta de 62.000 euros por la parcela, descontando luego 32.000 euros del derribo, es decir, 30.000 a repartir: 10.000 por cada casa en una parcela en la que dentro de unos años veremos viviendas preciosas que costarán 300.000 euros».

Tampoco hay soluciones excepcionales en el caso de cada residente. «La madre con hijos del segundo tiene adjudicada una VPO que está en construcción, así que no se plantean nada, ninguna ayuda hasta entonces siquiera. Por eso no ha desalojado ¿Dónde va a vivir los próximos meses?». Para la propietaria de la peluquería del bajo «nos proponen el K-Biziak, como para cualquiera que no se haya quedado sin un local que tenía en propiedad». A la pareja mayor del primero, «Bienestar Social les da 200 euros de un alquiler de 600. Supongo que es lo mínimo si una pareja de más de ochenta años llega allí sin casa y con una pensión de menos de mil euros de la que dependen los dos».

Los vecinos lamentan que «el Ayuntamiento no ha querido tener una deferencia especial con unos irundarras a los que una situación excepcional, de la que el consistorio también es en parte responsable, les hace perder su casa a cambio de 10.000 euros».