El grupo municipal Bildu presentó una enmienda a la totalidad, argumentando que «vemos la necesidad de un nuevo modelo». El portavoz, Oinatz Mitxelena, aseguró que «hay que abrir un nuevo camino en Irun. Es necesario un cambio profundo en cuanto a la gestión y organización de la ciudad, basado en distintos elementos: ingresos económicos, gestión de servicios públicos, vivienda...».

Según defendió Mitxelena, para saber «qué tipo de ciudad queremos hay que hablar con los tres sectores de actividad económica. Fortalecer el primero, porque es la base de nuestra vida; atraer al segundo y crear una red de industria en Irun; y unir al tercer sector con el primero». Para lograr que el modelo que plantearon sea una realidad, desde Bildu apostaron por «la participación ciudadana. Hay que darles a los ciudadanos la palabra y la capacidad de decisión». Oinatz Mitxelena reprochó al Gobierno municipal que su modelo de participación «es solo informativo».

Miguel Ángel Páez, delegado de Hacienda, respondió al portavoz de Bildu que «no hay cuestiones de fondo que hagan necesaria esta enmienda a la totalidad. Estamos caminando en nuevos tiempos, en los que hay que pelear por alcanzar acuerdos con todas las formaciones políticas. No sé dónde se hace lo que ustedes quieren que se haga aquí», afirmó Páez, que se mostró en contra de que «los iruneses sirvan como conejillos de indias de prácticas que no sabemos dónde van a acabar. Prefiero que discutamos y debatamos cuantas veces se quiera, pero sobre bases más sólidas, más allá del discurso, con propuestas en la mano», señaló el delegado de Hacienda.

Finalmente, la enmienda a la totalidad presentada por Bildu no salió adelante al cosechar únicamente el apoyo de Ezker Batua-Berdeak; mientras en el resto de los grupos votó en contra.

Una sesión que arrancaba a las ocho y media de la mañana y terminaba once horas después se saldó con la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento para 2013. El fruto fue una previsión de gasto con tres claves: inversión, prudencia y flexibilidad. Irun dispondrá, en principio, de 67.815.321 euros (75.269.450 sumando a empresas y organismos públicos municipales). El matiz sobre la provisionalidad de la cifra se debe a que cuando se liquide 2012, el mes que viene, podría incorporarse cerca de otro millón más, cuantía que podría duplicarse toda vez que la Diputación Foral anunció ayer que la desviación en la recaudación del pasado año ha sido menor de lo esperada.

Con estos mimbres, y con la incógnita propia de una economía inestable, «aún no hemos salido de la crisis», recordaba ya hacia el final de la sesión el delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, la Corporación (con votos a favor de PSE y PP, abstención de PNV y voto contrario de Bildu y EB) aprobó un presupuesto que deja margen en cualquier sentido. Entre una partida para amortización voluntaria de deuda (que es en realidad una reserva de fondos) y lo que la liquidación de 2012 puede añadir, el consistorio irundarra ha aparcado más de 4 millones en un limbo que, lo mismo que puede servir para hacer frente a desviaciones en los ingresos, puede valer para acometer nuevas, y potentes, inversiones si las entradas de dinero previstas se van confirmando.

Y al margen de eso, se prevén «más de ocho millones de euros de inversión en 2013 y varias partidas plurianuales hasta el final del mandato, sin recurrir a créditos. «Eso nos da credibilidad a todos, como Ayuntamiento, para seguir avanzando», comentaba Páez al término de la sesión.

Había sido él mismo quien casi once horas atrás había abierto el Pleno exponiendo el contenido del proyecto presupuestario que presentaba el Gobierno y agradeciendo el trabajo de los técnicos de la oficina presupuestaria por su labor en la confección del documento. Agradecimiento que hizo extensivo al resto de áreas municipales por «facilitar el ahorro manteniendo la calidad de los servicios», lo que permite «invertir en obras que mejoren los barrios y ayuden a mantener el empleo en la ciudad». Además de en proyectos más ambiciosos como la mediateca de San Juan o la urbanización de la plaza Urdanibia y su entorno.

Definió la situación como «saneada y solvente» recordando, como volvió a hacer más tarde, «la mala situación de la que se hablaba hace no tanto desde el PNV y que ahora los datos objetivos niegan». Destacó la necesidad de «mirar a las necesidades sociales para estar junto con quienes peor lo están pasando» y la apuesta por el desarrollo económico y la creación de empleo desde Bidasoa activa, Ficoba e iniciativas como el pacto por el empleo Irun Ekintza o el nuevo Plan de Revitalización Comercial. «Creo que nadie espera que resolvamos todos los problemas ni que estemos de acuerdo en todo», dijo para finalizar su intervención, «pero sí que pongamos la ciudad por delante de otros intereses».

Hubo bastante acuerdo durante la sesión. Es verdad que las cuentas las aprobaron, finalmente, PSE y PP, pero lo es también que fue más que evidente que existía un consenso de base con EAJ-PNV, como su portavoz, Xabier Iridoy, ya había adelantado. Los jelzales se abstuvieron, pero sus enmiendas y las populares coincidían en la línea, a veces, incluso, en la petición concreta. En algún caso, hasta con enmiendas planteadas desde el gobierno municipal.

Muy diferente fue la relación con las otras dos fuerzas representadas en el Ayuntamiento. Si bien es cierto que la interacción entre el portavoz de EB, Manuel Millán, y el delegado de Hacienda estuvo siempre muy lejos del tono hostil que se han dedicado antaño con frecuencia, también lo es que no se incorporó ninguna de las enmiendas de la coalición de izquierdas. Sí se sumaron algunas de las que presentó Bildu (ayudas para aprender euskera, fomento de la memoria histórica, dotación económica para el Plan de Igualdad), pese a que esta formación ya había anunciado que votaría en contra en cualquier caso. El grueso del debate de las enmiendas parciales estuvo centrado en las baterías de propuestas de PNV y PP. El Gobierno asumió varias, muchas, enmiendas de ambos grupos. Algunas tal cual se presentaron, otras con cuantías menores, algunas sin aportación concreta específica, hubo, incluso, compromisos expresados por el Gobierno que llevaron a PP y PNV a retirar alguna enmienda por confianza en que se realizaría con cargo a partidas ya presentes en el borrador. Muchas de las enmiendas presentadas tenían que ver con actuaciones puntuales en los barrios de Artia, Belaskoenea, Ventas y Lapice.

Al PP se le quedó fuera su solicitud de cubrir las termas de Oiasso «para evitar el riesgo de que se degraden», dijo su portavoz Juana de Bengoechea. Toda vez que el Gobierno ve con buenos ojos esa actuación, se adoptó la decisión de solicitar ayudas en otras instituciones y revisar, a medio año, si el Ayuntamiento dispone de recursos para actuar. En el caso de EAJ-PNV, el mayor desacuerdo estuvo en las partidas que solicitaba para los aparcamientos de Artia y Belaskoenea. Hubo un profundo debate sobre los procesos de participación en estos barrios, incluso sobre cuáles fueron las conclusiones. El Gobierno mostró su disposición a actuar en ellos, pero no con la concreción y en la cuantía que solicitaban los jelzales.

Finalmente, se aprobó algo más de un millón en enmiendas de adición y 670.000 euros en las de disminución. Los 344.000 euros necesarios para cuadrar las cuentas se redujeron de la reserva de amortización voluntaria de deuda. «Hemos intentado llegar la máximo de acuerdos», decía Páez. El alcalde, José Antonio Santano, agradeció su trabajo «y el de todos los grupos. Tenemos un presupuesto expansivo que mantiene los servicios y plantea cierta inversión. Va a transmitir a los ciudadanos seguridad en su Ayuntamiento».