(Ruben Plaza)

DONOSTIA. A pesar de ser una petición a voces por parte de los ayuntamientos guipuzcoanos, la Diputación no permitirá el pago aplazado a varios años de las cantidades que los consistorios adeudan al Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM) a causa de la diferencia existente entre las previsiones de ingresos tributarios en el territorio y la recaudación real, que siguió cayendo en 2011. La institución foral ha exigido a los responsables de los gobiernos locales que paguen este mes la mitad del total de 49,7 millones que, correspondientes a 2011, deben al FFFM -la principal fuente de recursos para los municipios- y les permite abonar el resto en tres plazos, concretamente en mayo, agosto y noviembre.

De esta manera, la Diputación que gobierna Bildu no ha atendido a la reclamación de varios ayuntamientos del territorio, que solicitaron transferir el 50% del dinero este año y, tras un 2013 de carencia, terminar por devolver la otra mitad entre los ejercicios 2014 y 2015. El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y la diputada de Hacienda y Finanzas, Helena Franco, comparecieron ayer ante los medios justo después de mantener una reunión con alcaldes, a los que transmitieron la decisión de la Diputación de permitir solo un aplazamiento a lo largo del presente ejercicio.

Las cuentas municipales están muy mermadas en estos momentos y en varias localidades se encuentran al borde del colapso. "Sabemos que algunos ayuntamientos están en situación de extrema gravedad y la Diputación no puede hacer como que mira a otro lado y que cada uno se las arregle", dijo Franco a la hora de explicar que la administración foral permitirá a los municipios unas fórmulas para que puedan hacer frente a la devolución de esos 49,7 millones de euros.

Una de ellas es la posibilidad de que los consistorios acudan a título individual a las entidades financieras para obtener líneas de crédito dirigidas exclusivamente al pago del 50% que podrán abonar en mayo, agosto y noviembre. Franco detalló que la Diputación está negociando con bancos y cajas un convenio marco para ofrecer a los ayuntamientos esas líneas de crédito que se otorgarían si los municipios cumplen dos condiciones. En primer lugar, los préstamos que lograran para la devolución de ese 50% sobre la cantidad que adeudan habrían de amortizarlos en dos años (2013 y 2014). Y en segundo lugar, esa amortización tendrían que llevarla a cabo a través de descuentos en los cobros que perciben del FFFM, de tal manera que el dinero que la Diputación les transfiere anualmente constituiría la garantía sobre esos créditos.

De ese modo, la Diputación quiere asegurarse de que los municipios no incurren en un endeudamiento aún mayor que el alcanzado hasta ahora. Para los ayuntamientos que no puedan acceder a esas líneas de crédito porque sus cuentas se encuentran seriamente mermadas, el ente foral ofrece otra fórmula, la de los responsables municipales articulen un plan estructural orientado a sanear sus respectivas finanzas. En esa operación, la Diputación exigiría tener capacidad de decisión. "Se trataría de un plan de saneamiento a medio plazo para subsanar las deficiencias estructurales en los consistorios que voluntariamente se acojan a la medida, que tendrían que asumir todas las consecuencias", explicó Franco en lo que fue una velada referencia a una actuación intervencionista de la institución foral.

"PLANTEAMIENTO EXIGENTE" En alusión a la propuesta que la Diputación ha puesto sobre la mesa a los consistorios para hacer frente al pago de esos 49,7 millones de euros, la diputada de Hacienda reconoció que "sabemos que es un planteamiento exigente, una propuesta con poco margen" pero consideró que las fórmulas de los ejecutivos forales anteriores, que posibilitaron la devolución al FFFM durante varios años, "no hacían más que ocultar los problemas y acrecentarlos al permitir a los municipios entrar en inercias de gasto".

A su juicio, las cantidades que los consistorios deben reintegrar al Fondo Foral "no son el problema principal, que parece que no se quiere poner sobre la mesa". Franco indicó que "todos quieren ofrecer unos servicios públicos con amplios y mejores equipamientos pero con unos ingresos que no son los de antes, y eso no puede ser". Además, incidió en que "algunos ayuntamientos tienen unos problemas estructurales por las obligaciones que han contraído con entidades financieras y otros por la situación económico-social en el municipio". La responsable foral no quiso especificar cuántos consistorios se encontrarían en esa situación y se limitó a apuntar que "los hay de gran y pequeño tamaño".

Garitano agregó que la Diputación ha enviado un cuestionario a los 88 ayuntamientos del territorio para que, a través del mismo, evalúen su situación financiera y manifiesten cómo van a devolver las cuantías que deben al FFFM. Los responsables municipales deberán contestar al requerimiento la próxima semana.

Preguntados acerca de si la negativa evolución de la economía perjudicará todavía más a los ingresos tributarios y, por consiguiente, los ayuntamientos guipuzcoanos podrían ver recortados en mayor medida los recursos provenientes del FFFM, los responsables forales respondieron que "es prematuro avanzar cómo se desarrollará el ejercicio". Lo que sí señalaron es que la Diputación tiene previsto informar cada trimestre a los representantes municipales acerca del transcurso del ejercicio fiscal de cara a eventuales ajustes que hubieran de realizarse en las previsiones de cierre anual.

Los periodistas también preguntaron a Garitano y Franco sobre la supuesta investigación de la Hacienda foral sobre las empresas que el tenista Rafa Nadal tuvo domiciliadas en Gipuzkoa desde 2006 hasta 2011. Los responsables del Ejecutivo foral rehusaron hablar sobre el asunto y simplemente apuntaron que tienen intención de revisar los regímenes especiales del Impuesto de Sociedades, entre ellos el de Sociedad de Promoción de Empresas (SPE).