11 junio 201600:17
Stop Desahucios Bidasoa anunció ayer que podría abandonar, antes de fin de año, la Comisión Mixta, órgano que nació en 2012 para que la plataforma y el ayuntamiento colaboraran para tratar de solucionar «problemas de personas y familias que por circunstancias sobrevenidas pudieran ser desahuciadas de su vivienda y otros temas relacionados», explicó Maite San Miguel, que actuó como portavoz junto a Ramón Muñoz y Bibi Liras.
El miércoles se reunió la comisión después de seis meses cuando, en principio, sus citas eran trimestrales. «Hay planteamientos que pusimos sobre la mesa hace cuatro años y siguen sobre ella. Si el plan de trabajo sigue siendo como hasta ahora, dejaremos de acudir», advertían. «Se lo hicimos saber el miércoles».
Admitían los portavoces de la plataforma «un cambio de chip» para transformar el concepto de uso de la vivienda «como derecho y no como mercadeo y por eso vamos a dar una oportunidad más», pero creen que no hay «un control de la situación por parte de la Corporación Municipal». Recordaron las mociones que Stop Desahucios llevó a los plenos de Irun y Hondarribia, sustituidas por los respectivos gobiernos locales por textos alternativos «modificados en su esencia».
«Parece que en Bienestar Social hay intención de querer hacer algo», pero subrayan que la política social sólo puede «parchear» lo que no se hace bien desde vivienda. «Es como querer usar una barca hinchable en un tsunami, 250 euros al mes de ayuda para el alquiler cuando los pisos cuestan 600». Stop Desahucios valora la apuesta por el alquiler social «en Oinaurre y en Larzabal, pero tardará tiempo en llegar. Demasiado». La plataforma pide valentía al Gobierno local, «que no ponga el ventilador mirando al Gobierno Vasco» y que trabaje «a pie de calle».
Asegura que no se producen desahucios por hipotecas «porque negociamos y los bancos no quieren mala prensa», pero advierte del aumento de riesgo en alquileres «en casas que son de grandes tenedores: bancos, constructoras... Las instituciones deben actuar». Denuncia, por último, que este mes Alokabide podría desahuciar en Hondarribia a una familia «por una deuda de menos de 3.000 euros después de 4 años pagando. Negociamos para evitarlo».
