Los usuarios opinan, asimismo, que la subida en las tasas es «injustificada. Se ha afirmado que está motivada por el nuevo convenio laboral que se aplicará en 2012 para empleados de instalaciones deportivas de Gipuzkoa. Sin embargo, lo que establece ese convenio en su artículo 18 es una subida del IPC más un punto, es decir, un incremento del 3,8%. La subida salarial podría ser superior a este porcentaje sólo en Azken Portu, como consecuencia del cambio de Conveniode Espectáculos Públicos al de Instalaciones Deportivas Públicas, pero siempre en porcentajes muy inferiores a los que se pretende aplicar en las tasas», afirmaron .
Asimismo, los usuarios creen que este incremento en los precios es «discriminatorio. Aunque existe una ordenanza fiscal que en función de los ingresos establece bonificaciones, el acceso a ellas está condicionado por unos ingresos porcentuales relacionados con el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en estos momentos es de 532,51 euros al mes y, por lo tanto, con efectos irreales». La comisión aportó un ejemplo para explicar los efectos de esta ordenanza en la práctica: «para que una familia de tres miembros pudiera bonificarse tendrían que percibir menos de 479 euros al mes, algo prácticamente imposible porque la Renta de Garantía de Ingresos o la Pensión Mínima ya superan dicha cantidad. Es una ordenanza ficticia».
Los abonados criticaron asimismo la supresión del abono familiar: «hay que recordar que en estos momentos el abono acoge a jóvenes hasta los 21 años sin ingresos. Ellos y muchos pensionistas, parados, etc, se verán con serias dificultades para abonar las tasas previstas».
Por estas razones, «consideramos que, de llevarse a cabo esta subida, será una agresión al bienestar de los deportistas y ciudadanos, que serán marginados y excluidos del disfrute de unas instalaciones que, realizadas con dinero público, pertenecen a todos los iruneses».
Propuestas de la comisión
«Exigimos que la subida de tarifas que se aplicará sea racional, proporcional y no cause discriminación. Entendemos que podría ser similar a la realizada por el resto de ayuntamientos, cuya media ronda entre el 5 y el 6%». La comisión considera «irrenunciables» las bonificaciones por unidad de convivencia, «ya que supone un estímulo a la práctica deportiva»; y opina que «la gestión de los polideportivos debe realizarse desde criterios de servicio público».
«La mayoría de los usuarios no estamos dispuestos a consentir tamaño abuso y nos defenderemos realizando las acciones pacíficas que sean necesarias», anunció la comisión. El grupo pidió «a todos los abonados, que no se den de baja, porque la solución es seguir abonado y trabajar por impedir el abuso».
