El Pleno solicita a las entidades bancarias que apliquen en la ciudad las medidas de protección a los deudores hipotecarios

La sesión plenaria del pasado miércoles en el Ayuntamiento resultó un tanto atípica, con pocos dictámenes desde las áreas de Gobierno y, sin embargo, cinco mociones firmadas por Euskal Herria Bildu y Sí se Puede Irun, tres y dos respectivamente. Esos textos acercaron el debate a cuestiones de lo más variadas, tres de las cuales eran de carácter supramunicipal.

Partiendo de un texto de Bildu se aprobó otro similar (para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña e instar a su desmantelamiento), aprobado por PSE, PNV, SPI y el propio Bildu, con abstención del PP. La petición de la coalición abertzale para que el Ayuntamiento se sume a la reclamación de que el 'Guernica' de Picasso se traslade a Gernika acabó en una solicitud al Gobierno central para que expertos valoren y avalen, en su caso, su traslado al País Vasco, pero con una referencia a exposiciones temporales. Las modificaciones fueron excesivas para Bildu y SPI e insuficientes para PP así que todos votaron en contra, pero PSE y PNV hicieron valer su mayoría para aprobar el texto alternativo.

En el caso de la propuesta de SPI para exigir al Gobierno Vasco que iguale la RGI al Salario Mínimo Interprofesional, este grupo vio en el texto alternativo presentado por el Gobierno local demasiadas ausencias respecto a las exigencias del original, especialmente porque desaparecía la reclamada equiparación. De nuevo SPI y Bildu votaron en contra, pero aquí el PP sumó sus votos a jeltzales y socialistas.

Las otras dos mociones presentadas, saldadas también con la aprobación de textos alternativos, miraban a lo local. Bildu presentó un texto sobre los desahucios que el Gobierno respondió con otro que instaba a las entidades financieras a aplicar el Código de Buenas Prácticas del Real Decreto 6/2012 del 9 de marzo (el llamado 'Decreto Guindos') para proteger a los deudores hipotecarios, una solicitud que previamente el alcalde ya había enviado por carta a las entidades de acuerdo con la petición que le había hecho Stop Desahucios. Aún de acuerdo con el texto alternativo, Bildu echó en falta la «denuncia firme ante la actitud de las entidades con los solicitantes de préstamos que tienen dificultades para pagarlos» y votó en contra. PSE, SPI, PNV y PP lo hicieron a favor.

En la quinta moción SPI pidió un estudio para aplicar una tasa sobre empresas de suministro (eléctrico, gas...) por el uso que sus instalaciones hacen del espacio público. El Gobierno solicitó que se retirara porque ya existe una tasa al respecto (1,3 millones de ingresos en dos años) y porque aunque, como decía SPI, una sentencia del Supremo parece abrir la puerta a otra vía impositiva, «hay que estudiarlo con calma, sin comprometernos a que esa tasa la vayamos a aplicar porque igual no se puede». SPI se mantuvo firme en su exigencia, admitiendo la existencia de una tasa pero alegando que cabe la segunda, ante lo cual el Gobierno optó por presentar una nueva moción alternativa que le comprometía sólo a estudiar la viabilidad de esa segunda tasa (no a aplicarla) y que fue apoyada por PSE, PNV y PP, con SPI y Bildu en contra.