La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, advirtió ayer de que el Gobierno Vasco no aprobará el decreto de la cartera de Servicios Sociales si su memoria económica no cuenta con un consenso sobre los recursos económicos con los que debe contar cada una de las instituciones -diputaciones y ayuntamientos- para desarrollar las competencias que les asigna la Ley de Servicios Sociales.
Zabaleta realizó estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento Vasco, donde informó sobre el borrador de decreto de la cartera de servicios Sociales. Se trata de un documento que recoge el tipo de asistencia al que tienen derecho los ciudadanos y define sus características.
En su intervención, la consejera resaltó que el texto base de cartera se ha alcanzado tras un proceso «muy largo y prolijo» que ha durado más de dos años. Este trabajo, recordó, se ha realizado en un momento «difícil» en el que «todas las administraciones están preocupadas por los ingresos y gastos». Por este motivo, recalcó que el borrador ha sido elaborado desde la premisa de que «las dificultades económicas no fueran una excusa para no poder avanzar».
«Alto grado de consenso»
El plazo de alegaciones al texto para las instituciones y particulares se cerrará el próximo 30 de abril. La consejera señaló que existe un «alto grado de consenso» desde las instituciones, por lo que no esperan que se presenten muchas alegaciones. «Seguimos limando aspectos para enriquecernos», resaltó.
Respecto a la financiación, Gemma Zabaleta abogó por alcanzar un acuerdo político tanto en el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales como en el Consejo vasco de Finanzas, que derive en una configuración de la Ley de Aportaciones que «contemple los flujos financieros de cada institución» de forma que cada una de ellas pueda hacer frente a sus responsabilidades.
Además de iniciar la tramitación administrativa del decreto de cartera, el órgano institucional acordó en febrero la constitución de un equipo de trabajo que deberá determinar la suficiencia financiera de la cartera, es decir, los recursos económicos con los que debe contar cada una de las instituciones para desarrollar las competencias que se les asignen.
