Los trabajadores de las ITVs de Urnieta e Irun, pertenecientes a la empresa concesionaria del Gobierno vasco Tüv Rheinland Ibérica S.A, y que están en huelga desde hace ocho meses en protesta por la renovación del convenio, han ampliado la convocatoria "como mínimo" hasta el próximo 3 de marzo.
En un comunicado, el Comité de Empresa ha instado al Ejecutivo autonómico a "fiscalizar la posición y las intenciones" de Tüv Rheinland Ibérica S.A "como forma de desbloquear la situación y la negativa actual de la empresa a negociar un acuerdo que termine con el conflicto y restablezca al cien por cien" el servicio de ITV.
En ese sentido, han explicado que el principal motivo para solicitar al Gobierno Vasco que "no dé por buena la situación actual" y obligue a la concesionaria a "demostrar qué está proponiendo para superar la situación de conflicto actual" son unas declaraciones realizadas por el portavoz de la empresa concesionaria, Alfonso Artola, en las que afirmaba que "Tüv Rheinland acepta las reivindicaciones de los trabajadores". Sin embargo, "sigue negándose a acudir a estampar su firma en ese acuerdo para terminar con el conflicto", han señalado.
Actualmente, la ITV de Urnieta está cerrada por la huelga y la de Irun ofrece un servicio mínimo de lunes a viernes por la mañana, donde "las contadas citas que se ofrecen para realizar la inspección se están dando para el 26 de marzo".
De este modo, han advertido de que, "va a ser muy difícil" llegar a un acuerdo que termine con el conflicto en las ITVs, mientras la empresa "se siga negando a sentarse a negociar con los trabajadores para llegar a un acuerdo".
"Eso no va a ocurrir, mientras el organismo responsable de la prestación del servicio, que es el Gobierno vasco, siga dando por buena la actual situación de tener ocho meses interrumpido o prestado deficientemente un servicio público obligatorio como es la ITV y continúe permitiendo a la empresa concesionaria incumplir sistemáticamente con el contrato de concesión".
Los trabajadores han solicitado una reunión con el Gobierno vasco para tratar de encontrar soluciones a la situación actual y han transmitido a la dirección del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, su "total voluntad y disposición a restablecer completamente el servicio, entregando además la documentación completa del acuerdo de 5 años (2012-2016) que han propuesto a la empresa para negociar y llegar a un acuerdo que pueda terminar inmediatamente con el conflicto".
