Las crecientes necesidades sociales urgen a Gipuzkoa a crear 626 plazas en residencias

El desafío de la creciente demanda de servicios sociales tiene ya cifras concretas de lo que supondrá para Gipuzkoa en los próximos tres años. El mapa de servicios sociales elaborado por la Diputación, y al que ha tenido acceso este periódico, calcula que en 2017 se necesitarán 626 plazas más en residencias y centros de día ya que se espera que la demanda crezca en 5.800 personas. Responder al aumento de las necesidades supondrá un gasto extra de 29 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 8% del presupuesto del Departamento de Política Social, que ronda los 364 millones al año.

El documento, cuyo borrador será presentado en las Juntas Generales, ofrece una fotografía de la situación actual y una hoja de ruta de los servicios y prestaciones que deberán completarse para atender la demanda social de personas mayores, menores desprotegidos, personas con discapacidad y personas en situación de exclusión social, cuya atención es competencia de la Diputación. El análisis de la demanda actual muestra, ante todo, un sistema de protección social avanzado, un modelo tejido a lo largo de los años con esfuerzo en la inversión, pero que necesita corregir determinados déficits, entre ellos el desequilibrio entre comarcas en la oferta de algunos servicios. El escenario demográfico previsto para estos próximos cuatro años, con un claro envejecimiento de la población, no pone las cosas fáciles. Los mayores de 65 años pasarán del 20,6% actual al 21,9% de la población en 2017. La mayor esperanza de vida de las personas con discapacidad abre otro gran desafío, como es el envejecimiento de sus cuidadores. También se incrementarán los casos de enfermedad mental y crecerá un 4,7% las personas en situación de exclusión social severa y casi un 15% las que estarían afectadas por alguna situación concreta de exclusión residencial grave. Asimismo, el sistema de protección social deberá contar con el incremento anual de un 1,7% de la tasa de mujeres víctimas de violencia machista. En total, la estimación de la Diputación proyecta un aumento del 5% de la demanda actual de servicios y prestaciones. El reto es, en resumen, de gran envergadura.

La Diputación ha calculado las plazas necesarias para responder a la mayor demanda social en base a los criterios establecidos a la Ley de Servicios Sociales, recientemente aprobada por el Gobierno Vasco, las tres diputaciones y Eudel. El pacto, que busca homogeneizar los tres sistemas sociales, establece unos niveles de cobertura mínimos que deberán garantizarse para 2017. El cálculo arroja un déficit de 675 plazas en Gipuzkoa que, descontadas las 49 que ya se abrieron en 2014, dan un resultado de 626.

Delimitadas las mejoras necesarias, el Departamento de Política Social, que dirige Ander Rodríguez, ha establecido un orden de prioridades para atender las situaciones más urgentes, por la existencia de listas de espera, las previsiones de mayor demanda futura o una falta de equilibrio territorial. Esas intervenciones prioritarias ascienden a 457 plazas, cuyo reparto se especifica en el gráfico adjunto. A lo largo de este año se comprometen 147 plazas entre ellas las 55 anunciadas esta semana. Por tipos de servicios, se prevé aumentar la cobertura de atención en centros de día para personas mayores en Debagoiena y Buruntzaldea. También ganarán plazas Soraluze y Mutriku. Asimismo, resulta «imprescindible» aumentar la cobertura actual para paliar el déficit en la oferta de recursos para personas con discapacidad. Respecto a centros de inclusión, prácticamente se llega a la cobertura óptima, y solo se plantea un nuevo centro en Bidasoa con doce plazas.

La oferta actual en centros residenciales para personas mayores ganarán 110 plazas. Algunas zonas, como Leintz Ibarra y Oarsoaldea, cuentan con listas de espera superiores a la media guipuzcoana. Especialmente significativa resulta el déficit en Oarsoaldea, donde se construirá un nuevo centro residencial. También crecerá la oferta de centros residenciales y viviendas con apoyos para personas con discapacidad. Igualmente han aumentado las necesidades de las personas con trastorno mental, por lo que se propone potenciar el modelo de unidades residenciales para personas con trastorno mental severo. Se reforzará también los recursos para personas en riesgo de exclusión social y se completará la oferta de plazas residenciales sociosanitarias, de acuerdo al acuerdo que se alcance con el Departamento de Salud.

El desarrollo de este mapa supondrá un coste de casi 29 millones. Como contrapartida, el impacto económico que revertiría se cifra en la creación de 677 puestos de trabajo, un aumento en la producción de 54 millones (el doble de lo gastado), 11 millones más en recaudación (impuestos y cotizaciones sociales), de los cuales 7 corresponderían a ingresos fiscales para Gipuzkoa.