Ser voluntario podrá ser gratificante pero no es fácil. Las personas que colaboran desinteresadamente en alguna organización de ayuda a los demás deben sortear a menudo el obstáculo de conciliar esta actividad con su vida familiar y laboral. Es un problema habitual que, por desgracia, no afecta a los desempleados.
Ellos no tienen trabajo pero sí horas libres, y son cada vez más los parados que dedican su tiempo y habilidades a hacer algo por sus semejantes. «Con la crisis económica ha aumentado el número de personas en paro que se plantean entrar en grupos de voluntariado», afirma Loli García, directora de Política familiar y comunitaria del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.
El Ejecutivo aprobó el pasado 27 de diciembre la prórroga del II Plan Vasco de Voluntariado 2008-2010, con el que se plantea potenciar el desarrollo del tejido asociativo y dar un impulso a la acción voluntaria. El plan fue aprobado durante el mandato de Juan José Ibarretxe, pero el cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas de marzo de 2009 retrasó su cumplimiento.
El departamento de Gemma Zabaleta ha optado por prorrogar el plan hasta 2012 en vez de iniciar el proceso para redactar uno nuevo, lo que habría provocado un parón más. En la elaboración de este documento han participado las tres agencias vascas de voluntariado, 63 entidades del tercer sector, siete departamentos del Gobierno Vasco, Emakunde, las diputaciones, Eudel y cinco ayuntamientos, entre ellos los de las tres capitales.
Una de las conclusiones a las que han llegado es que el plan aprobado en 2008 «es excesivamente ambicioso y complejo, y escasamente estratégico». Además echan de menos un «liderazgo fuerte, unificador de compromisos y garante del cumplimiento de acciones», y lamentan su «escasa difusión».
Con la prórroga se pretenden subsanar los aspectos negativos y fomentar los positivos, como la necesidad de «potenciar la interrelación y comunicación entre agentes». «Se quiere agrupar a las acciones de las entidades que trabajan en este ámbito», señala Loli García, que insiste en que el Gobierno no tiene la intención de «desbaratar lo que ya se está haciendo, aunque eso implique un menor protagonismo».
La prórroga mantiene las líneas estratégicas del plan anterior y plantea 114 acciones para las que destina un presupuesto de 23,8 millones de euros. Las medidas aprobadas deberán hacer frente a cambios como la procedencia de los voluntarios y la conciliación laboral, a los que se les unen las nuevas oportunidades que ofrecen las redes sociales. Como, por ejemplo, «llevar desde casa las cuentas de una entidad o hacer labores de asesoría», explica Loli García.
Por este motivo, una de las iniciativas incluidas dentro del plan es «impulsar medidas legislativas tendentes a garantizar la conciliación de la acción voluntaria, la vida laboral y familiar», especialmente a través de las nuevas tecnologías.
