La peor noticia en el momento más inesperado. El 'hachazo' de Standard &Poor's a la zona euro, rebajando la calificación crediticia de nueve países (entre ellos, España y Francia, que pierde la triple A), ha despertado sorpresa y hasta indignación. Máxime, si se tiene en cuenta que que el castigo llega cuando los mercados acababan de dar una tregua más que notable a la deuda soberana de España e Italia, y la sensación general era de que se estaban haciendo los deberes a la velocidad correcta para evitar nuevos sustos.
Pero nada parece servir a las agencias de 'rating', a las que no les duelen prendas golpear una y otra vez, quizás hasta que la víctima ya no pueda respirar más.
De hecho, S&P insistió ayer en su posición, al asegurar que existe una posibilidad del 40% de que la eurozona entre en recesión este año, con una contracción de la economía de hasta el 1,5%. En una conferencia telefónica, la agencia expuso su decepción por la que entiende una escasa compra de bonos de países en apuros por parte del Banco Central Europeo (BCE), mientras criticaba abiertamente el hecho de que los Gobiernos que han movido ficha para contener el déficit lo han hecho con políticas excesivamente centradas en la reducción de los gastos. Una línea que, dice S&P, puede retrasar la recuperación.
Sea como fuere, las rebajas de 'rating' han disparado la incertidumbre. En España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que el Ejecutivo «sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mejorar la reputación del país». El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acusó por su parte a S&P de realizar un ajuste «de trazo grueso» sin tomar en cuenta las medidas puestas en marcha, aunque reconoció que el varapalo «afecta a la credibilidad» de la moneda única.
Tras subrayar que la decisión de la agencia de calificación «es una mala noticia» al dejar a España «en una zona vulnerable», Montoro destacó que ahora es tiempo de «reaccionar». «Hay que aprovechar para encontrar los estímulos y las oportunidades para cambiar las cosas», resaltó durante su participación, junto a Rajoy, en la convención autonómica del PP, en Málaga.
«Sólo una opinión»
El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, mostró su estupor por el ajuste masivo , que tildó de «inconsistente», y dejó ver que S&P no ha tomado en cuenta los «esfuerzos» realizados en pro de la consolidación fiscal. «Cuando todos los Gobiernos y todas las instituciones europeas se han movilizado, y estamos viendo los primeros resultados, me sorprende el momento elegido por la agencia, que no tiene en cuenta los progresos actuales», señaló. Barnier tomó «nota» de la degradación pero recalcó que se trata «sólo de una opinión más». «Lo importante es la evaluación económica, objetiva, que estamos haciendo», añadió.
Barnier también salió en defensa del BCE: «En cada país se están aplicando medidas de recorte sin precedentes, las reglas comunes asegurarán una unión económica que irá de la mano con la monetaria, y existe un claro compromiso del Banco Central Europeo».
El propio BCE tachó la decisión de S&P de «golpe arrollador», en especial, para Italia, que se enfrenta a numerosos vencimientos de deuda. El presidente del Eurogrupo, Jean Claude Junker, insistió en la «inflexible determinación» de los países del euro en «hacer lo necesario para superar la crisis, asegurar la solidez de las finanzas públicas y volver a la senda del crecimiento y la recuperación del empleo».
Algo más crítico fue el Gobierno portugués, no en vano la nota del Tesoro luso ha quedado a relegada a 'bono basura', al asegurar que S&P se basa en «una serie de incoherencias» que no toman en cuenta la realidad nacional de los países. El Ministerio de Hacienda portugués criticó lo que, a su juicio, es un cambio más que profundo de los criterios que hasta ahora habían manejado las agencias de 'rating'. Y vino a señalar que los baremos dejan en papel mojado los esfuerzos nacionales ante eventuales problemas del grupo del euro analizados en su conjunto.
Sólo Angela Merkel cambió el paso general para afirmar que no le sorprendía el recorte «dado el debate de las últimas semanas». La canciller aprovechó para aumentar la presión sobre los socios más retrasados. «Ahora tenemos el reto de aplicar el pacto fiscal incluso más rápidamente», dijo. Para añadir a continuación, «y hacerlo en su totalidad, no tratando de suavizarlo».
