En el colegio se estudia que la pirámide invertida representa una sociedad envejecida y que la evolución demográfica en Euskadi va dibujando una de esas formas en la medida en la que la natalidad desciende y la esperanza de vida de los mayores crece. Ya fuera de las aulas, muchos adultos se han interesado en los servicios públicos disponibles para atender a sus progenitores o seres allegados con algún tipo de dependencia. Han querido conocer el contenido de ese catálogo aprobado esta semana, que cobra el nombre de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y que desarrolla una Ley de 2008.
las cifras
80% atendidos:
Se trata del porcentaje de personas que si bien figuran en listas de espera están atendidas por algún servicio alternativo.
Déficit de plazas:
260 es el número de plazas que faltan en residencias de mayores para llegar a la lista de espera técnica, según la Diputación.
Porque las necesidades siguen creciendo siete años después y la demanda de este tipo de servicios está obligando a las instituciones públicas a aportar más recursos para mantener los actuales ratios de atención. Un indicador. Según datos del departamento de Políticas Sociales de la Diputación actualizados a 30 de junio, en el conjunto del territorio 698 guipuzcoanos están en lista de espera para entrar en alguna residencia y 238 aguardan a ingresar en algún centro de día. Las cifras confirman asimismo la teoría de la mayor esperanza de vida de las mujeres, que doblan en número a los hombres en esta estadística.
Por otra parte, la gran demanda se manifiesta también en el tiempo transcurrido para la asignación de plaza. Un solicitante debe esperar más de cinco meses de media (159,64 días) para entrar en una residencia de mayores y más de seis (199,30 días) para acceder a un centro de día. Por ello, el objetivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa -competente en la materia- es crear 515 plazas más hasta 2019. El director de Planificación, Carlos Alfonso, explica que «aunque una lista de espera es un indicador de que no hay plazas suficientes para atender a todos los demandantes, todos los centros necesitan una 'lista de espera técnica' que hemos estimado en un 10% de la oferta global». Se refiere al cupo utilizado para optimizar el aprovechamiento de plazas y calculado para que se produzca una entrada en cuanto haya una baja. Restando ese porcentaje al total de plazas ofertadas, desde la institución foral calculan que el déficit real asciende a unas 260 personas en las residencias de mayores y 80 en centros de día.
No obstante, las necesidades derivadas de la evolución demográfica de la sociedad guipuzcoana -los mayores de 65 años pasarán del 20,6% actual al 21,9% de la población en 2017- no son las únicas que provocan una creciente demanda de recursos públicos. De hecho, el mayor envejecimiento no ha disparado la demanda de plazas en la red de alojamientos. La Ley de Dependencia ha provocado, en gran medida, este estancamiento. La norma ha reforzado el modelo de cuidados en el hogar. La mayoría de familias se han acogido a la prestación económica por el cuidado en el entorno (PECE).
Preocupa la discapacidad
Hay otras necesidades que preocupan más. La Cartera de Servicios Sociales detalla un amplio catálogo de servicios que los ciudadanos podrán exigir ante los tribunales al erigirse en derecho subjetivo. Entre todos ellos alcanzan especial relevancia los que atañen a personas con discapacidad o con enfermedades mentales. Actualmente hay 93 solicitantes que esperan a ser admitidos en una residencia para discapacitados y 48 que desean acudir a centros de día preparados para este segmento de la población. Aunque la cifra resulte comparativamente baja respecto a la que apunta a la realidad de los mayores, introduce un mayor foco de inquietud a las instituciones por su perfil.
Carlos Alfonso asegura que «en estos casos la rotación es mucho más baja y cuesta más tiempo acceder a los servicios. El objetivo prioritario que nos marcamos en el mapa de servicios sociales es reducir el periodo de espera de aquellos que presentan mayores necesidades y alcanzar la lista de espera técnica». Ayer, por ejemplo, tuvo lugar la junta de Gobierno de Uliazpi, entidad pública que proporciona apoyo a personas con discapacidad intelectual que requieren respuestas individualizadas. Sólo cinco jóvenes forman la lista de espera, pero tal y como señala Alfonso, «su situación hace que no puedan esperar», para lo cual se valora seriamente «tener que crear plazas».
Al margen de este colectivo específico, la demora para quienes quieren ingresar en una residencia para personas discapacitadas asciende a 577 días, más de un año y medio. Y más larga resulta aún la dilación para el discapacitado que demanda un centro de día. Debe aguardar durante 673 días. Casi dos años.
Tanto en este colectivo como en el que constituyen las personas con algún trastorno mental, la relación entre sexos se invierte y son los hombres quienes más recursos solicitan. Especialmente significativo es el caso de Donostialdea, donde sólo 18 mujeres esperan a una plaza de residencia para discapacitados frente a 43 hombres. En los centros que tratan enfermedades mentales la proporción en su lista de espera es de cinco hombres ante 30 mujeres.
Los datos fríos llevan aparejados sus matices. «El 80% de las personas que figuran en listas de espera están atendidas en algún otro servicio diferente al que han pedido, pero no quedan desprotegidas», aclara Alfonso. Por otra parte, también cita como reto el de «corregir el desequilibrio territorial» y recuerda que «allí donde no existe el recurso, no hay lista de espera», para valorar la proliferación de medios puestos al servicio de los guipuzcoanos.
Sumando los diferentes tipos de dependencia, alrededor de 4.500 personas piden cada año optar a un recurso social en Gipuzkoa y el Gobierno foral prevé que el número de ciudadanos dependientes se vaya a incrementar en 7.000 u 8.000 en los próximos dos ejercicios. La meta, deja claro el director de Planificación, es incrementar los recursos para «mantener la cobertura actual», considerada «correcta» y en el límite de «la sostenibilidad económica». También existe la clara voluntad de prestar las ayudas necesarias para prolongar todo lo que se pueda la estancia de las personas en su entorno domiciliario.
