Garbiñe Biurrun, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, recordó ayer en el Centro Cultural Amaia la importancia de los movimientos sociales. La conferencia que pronunció la juez, bajo el título 'Movimientos ciudadanos: para qué valen', estaba enmarcada en el programa por el X aniversario del Foro Ciudadano Irunés, que se está celebrando esta semana.
Garbiñe Biurrun recordaba que «desde que existe la democracia, existe esa preocupación por cómo puede participar la ciudadanía en la deliberación y toma de decisiones políticas. Siendo la democracia representativa un gran avance respecto a otros sistemas, no deja de ser limitado y limitante en cuanto a participación ciudadana tal como está configurado en la actualidad».
Además, el actual contexto influye en la dimensión de esta problemática: «si a eso le añadimos que hoy en día el poder político es rehén del poder económico y que ha tenido un déficit importante en cuanto al control externo e interno que ha dado lugar a casos de corrupción, sumado al momento de recortes y de ataques a los derechos sociales y los servicios esenciales, está claro que la necesidad de participación es la ciudadanía es más clara y se siente con mayor intensidad».
La juez recalcó que los movimientos ciudadanos «sirven, como siempre han servido», pero en el actual contexto son necesarios «para que la ciudadanía se sienta realmente partícipe de la política, de lo que está ocurriendo; y también para poder controlar a los poderes políticos». Todo ello para hacer realidad «una democracia social en la que exista una igualdad de todas las personas».
En referencia a la sociedad vasca en concreto, Garbiñe Biurrun señaló que «en Euskal Herria contamos con una ciudadanía bastante participativa y con interés en hacerlo. Hay un espíritu de no replegarse en el interés privado, sino en movilizarse, debatir, pretender determinadas modificaciones... Somos una ciudadanía dinámica, pero faltan cauces», opinaba la juez. «La ciudadanía intenta participar, pero se desanima porque esa participación tiene un recorrido corto y no se logra que los poderes públicos tengan suficiente consideración hacia la ciudadanía», afirmaba.
El deber del implicarse
La justa reclamación del derecho a participar conlleva, obviamente, que el ciudadano también tenga ciertas obligaciones: «tenemos unos poderes públicos a los que la ciudadanía no sólo puede, sino que debe acercarse. Es mucho más cómodo, fácil y sencillo vivir encerrado en las cuestiones particulares y, en todo caso, moverse por problemas privados y no por asuntos sociales; pero la ciudadanía también se moviliza por problemas que afectan a otras personas, un ejemplo de solidaridad clarísimo».
Para lograr esa implicación más allá del ámbito privado, «se requiere de organización y esfuerzo. Los ciudadanos deben estar absolutamente al tanto de la vida municipal y hacer un seguimiento prácticamente diario de los temas de actualidad en cada ciudad. Hay que estar encima, relacionarse con los grupos políticos del Ayuntamiento, intentar constituir grupos de trabajo formados por ciudadanos en determinadas áreas y exigir que los propios poderes públicos creen espacios de debate, de estudio y de decisión ciudadana. Eso es fundamental», subrayó Garbiñe Biurrun.
Asimismo, la juez mostró su opinión respecto a que «habría que promover una ley de participación ciudadana, que regulase y estableciese mecanismos y cauces para que los ciudadanos participasen directamente en ciertas decisiones, sobre todo en las de carácter municipal». De este modo, «sería una participación ciudadana que se revelaría claramente eficaz, con resultados», aseguraba Garbiñe Biurrun.
