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EL SAC renueva su certificado ISO en sus servicios presenciales, telefónicos y telemáticos PDF Imprimir E-mail
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Martes, 07 de Febrero de 2012 09:10

Noticia publicada en el diario digital Bidasoaldia.com , el martes día 7 de Febrero de 2012.

EL SAC renueva su certificado ISO en sus servicios presenciales, telefónicos y telemáticos

De esta manera, el Servicio de Atención Ciudadana mantiene sus parámetros de calidad con el ISO 9001:2008


La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha decidido renovar el certificado ISO 9001:2008 a los servicios presenciales, telefónicos y telemáticos que se realizan a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) y también por medio de Internet con el portal S@C. El delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana, Pedro Alegre destacaba ayer que “esta renovación reconoce el trabajo que se viene realizando desde que se abrió este canal de atención a la ciudadanía, y también nos anima a seguir incorporando más y mejores herramientas que permitan a los habitantes de Irun hacernos llegar sus peticiones”. En esa misma linea aseguraba Alegre que ya “hay en marcha un grupo de trabajo que está analizando qué aspectos pueden ser interesantes para su modificación, de forma que la atención ciudadana se vea reforzada”.

Cabe destacar que el servicio de Atención Ciudadana de Irun, tanto presencial como telefónica, fue el primer departamento de estas características de un Ayuntamiento de España en lograr un certificado ISO en 1999. En aquel año se trató del 9002, para pasar a un nivel superior con el actual 9001:2008 logrado en el año 2002. En cuanto a la atención telemática, el reconocimiento ISO llegó en 2009, siendo el primero que se concedía a este tipo de servicio municipal en todo Euskadi.

 
SOS Bebés Robados pide que se esclarezcan los casos PDF Imprimir E-mail
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Lunes, 06 de Febrero de 2012 11:12
Noticia publicada en Diario Vasco sección Gipuzkoa, el día 5 de Febrero de 2012.


SOS Bebés Robados pide que se esclarezcan los casos

Concentrados. Una manifestante muestra un pañuelo reivindicativo de la asociación. :: MICHELENA


 

Pese al intenso frío y las nevadas, miembros de la asociación SOS Bebés Robados Euskadi se concentraron durante la tarde de ayer en San Sebastián para denunciar la «inmensa trama que ha existido en torno a la venta de bebés durante décadas» y para que los casos «no caigan en el olvido». Además, reclamaron el esclarecimiento de los hechos que han denunciado en los juzgados.
Concentrados tras varias pancartas con los lemas 'Justizia noiz? Auziak ez artxibatu' y 'Hemen haurrak saltzen ziren. Krimena argitu!', el colectivo de afectados por los presuntos casos de bebés robados se reunió frente a la catedral del Buen Pastor, tal y como llevan haciendo desde hace meses el primer sábado de casa mes. En la cita, los participantes volvieron a reclamar el esclarecimiento de los casos, y solicitaron ayuda material y económica a las instituciones para hacer frente a «la ingente cantidad» de casos aparecidos en Euskadi durante los últimos meses. La presidenta de la asociación, Flor Díaz, consideró que «estamos ante un problema de Estado. Las autoridades ya no pueden solo decir buenas palabras, tienen que actuar porque el problema va en aumento».
 
La retirada de ayudas sociales amenaza a más de 7.000 personas-Actualización de expedientes para encontrar trabajo PDF Imprimir E-mail
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Lunes, 06 de Febrero de 2012 11:00
Noticia publicada en Diario Vasco sección Más Actualidad Sociedad el lunes día 6 de Febrero de 2012.

POLÍTICA SOCIAL

La retirada de ayudas sociales amenaza a

más de 7.000 personas

UNO DE CADA OCHO PERCEPTORES DE RGI ESTÁ ILOCALIZABLE, POR LO QUE PODRÍA DEJAR DE COBRAR EL MES QUE VIENE 

06.02.12 - 01:57 - 

La retirada de ayudas sociales amenaza a más de 7.000 personas

Varias personas esperan fuera de Lanbide en Vitoria. :: RAFA GUTIÉRREZ


 

Los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) tienen la obligación legal de estar localizables para atender posibles ofertas de empleo o formación. Pese a ello, 7.006 perceptores de esta ayuda social permanecen desaparecidos para Lanbide, el organismo del Gobierno Vasco que acaba de asumir su gestión. Esa cifra supone casi el 13% de las 56.000 personas que reciben la prestación, cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros mensuales en función de que el destinario tenga o no personas a su cargo. Si siguen sin dar señales de vida, los ciudadanos a los que la Administración no encuentre en el domicilio que han facilitado podrían dejar de recibir esa cantidad a partir del mes que viene por estar en una situación supuestamente fraudulenta.
Este dato, al que ha tenido acceso este periódico, desborda todas las previsiones del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Hace dos semanas, cuando divulgaron las primeras cifras sobre esta presunta bolsa de fraude, apuntaba, ya con sorpresa, que se elevaría a 4.000 perceptores. Al final, el número casi se ha doblado.
El hallazgo de las posibles irregularidades se ha producido de una manera singular. Cuando Lanbide se hizo cargo de la renta de garantía de ingresos envió por correo certificado una carta a cada uno de los perceptores para informarles de la nueva situación; no solo de que el Gobierno Vasco tomaba las riendas de una gestión que hasta entonces había correspondido a diputaciones y ayuntamientos, sino de que a partir del pasado diciembre la percepción de la ayuda pasaba a estar vinculada a la búsqueda activa de trabajo. De hecho, esta es una de las principales apuestas del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales para evitar que ciertas personas se cronifiquen en las prestaciones sociales perdiendo interés por reincorporarse al mercado laboral.
Segunda remesa
El problema es que, de esas 56.000 misivas enviadas por correo certificado, Lanbide recibió devueltas las 7.006 mencionadas. El motivo era que el destinatario no residía en la dirección que le consta al Servicio Vasco de Empleo. Según explicó el viceconsejero de Planificación y Empleo, Javier Ruiz, el procedimiento utilizado para contactar con los perceptores de RGI fue el habitual en estos casos: un funcionario de Correos acude al domicilio de turno para entregar la carta certificada y si no da con el destinatario o no consta que viva allí, deja una comunicación para que pase por la oficina postal a recoger la misiva en un plazo de siete días. De no hacerlo en este periodo de tiempo, la carta se envía de vuelta a Lanbide.
Ahora, el Servicio Vasco de Empleo ya ha comenzado a remitir una segunda remesa de cartas certificadas a esos 7.000 beneficiarios desaparecidos. Esta vez, la comunicación les advierte de que deben ponerse en contacto con Lanbide bajo pena de perder la RGI.
En caso de que por segunda vez regresen devueltas, se pasará a citar a los afectados a través del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), trámite puramente formal porque su lectura diaria es más que infrecuente entre la inmensa mayoría de los ciudadanos. En esta publicación se dará una fecha en la que los perceptores deben personarse ante las oficinas del Gobierno Vasco. De no hacerlo, se pasará a decretar la suspensión cautelar de la prestación. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que un buen número de beneficiarios, de seguir ilocalizables, dejarán de cobrar la RGI el mes que viene.
Desde el departamento que dirige la consejera Gemma Zabaleta son muy cautos a la hora de calificar esta situación como fraude mientras no se confirme, una vez agotados todos los trámites legales, que los perceptores están desaparecidos. Lo que sí está claro, aseguran las mismas fuentes, es que existen irregularidades en la medida en la que no hay manera de contactar con personas obligadas a estar localizables.
Maneras de contactar
Se plantea una cuestión, ¿por qué Lanbide no acude a otros medios para ponerse en contacto con esos perceptores, como es el teléfono o el correo electrónico? El motivo, dicen, es que la carta certificada es la única fórmula legal que demuestra la ausencia del implicado. Es decir, no hay manera de probar, a estos efectos, que no responde a las llamadas telefónicas. Además, nadie está obligado a tener teléfono ni cuenta de email, pero sí debe estar empadronado en Euskadi para recibir la RGI.
A la vista de estas cifras, la lucha contra el fraude en las ayudas sociales se presenta como una de las prioridades a las que debe enfrentarse Lanbide. No sólo porque supone un gasto injusto para las arcas públicas en tiempos de estrecheces, sino porque situaciones de esta naturaleza dan munición a quienes, tomando la parte por el todo, ponen en tela de juicio unas prestaciones que son el único sustento de miles de familias que las perciben de manera legítima.
Todo apunta a que las irregularidades comenzarán a aflorar en su dimensión real cuando, en unos meses, se empiece a llamar a los perceptores para recibir cursos formativos. Hay que tener en cuenta que de esto último quedan excluidos los pensionistas, que suponen un tercio de los 56.000 beneficiarios de la RGI.
El Servicio Vasco de Empleo está trabajando sobre 18.000 expedientes, de los 56.000 pertenecientes a perceptores de RGI, con el fin de actualizarlos y allanar el terreno a los beneficiarios para encontrar un trabajo o participar en acciones formativas. Una vez que las diputaciones han enviado la documentación a Lanbide tras el cambio en la gestión, este organismo del Gobierno Vasco se encarga de actualizar los historiales de los perceptores de acuerdo con el fin que ahora se persigue: vincular las ayudas con la búsqueda activa de empleo. Para ello, los técnicos están pidiendo a los interesados, por ejemplo, el currículum vitae, titulaciones, acreditaciones... La previsión es que todos los expedientes estén actualizados para el próximo mes de junio.
 
Última actualización el Lunes, 06 de Febrero de 2012 11:08
 
Irun critica la "nula flexibilidad" de la Hacienda foral de Gipuzkoa PDF Imprimir E-mail
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Sábado, 04 de Febrero de 2012 17:30
 Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa sección Bertan Bidasoa-Txingudi ,el viernes día 3 de Febrero de 2012.

BIDASOA-TXINGUDI

Irun critica la "nula flexibilidad" de la Hacienda

foral de Gipuzkoa

EFE - Viernes, 3 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 19:13h

Miguel Ángel Páez, concejal de Hacienda, Desarrollo Económico y Patrimonio de Irun.

Miguel Ángel Páez, concejal de Hacienda, Desarrollo Económico y Patrimonio de Irun. (Xabier Sagarzazu)

 

 

El delegado de Hacienda de Irun, Miguel Ángel Páez, ha asegurado que la "flexibilidad" y la "capacidad de negociaión" de la Diputación de Gipuzkoa, a la hora de abordar la devolución de la liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal del año pasado, "es nula".

DONOSTIA. Paéz, que ha participado esta mañana en la reunión mantenida entre la Diputación y los municipios guipuzcoanos, ha lamentando "profundamente" la "falta de sensibilidad" del ente foral y ha criticado que "se han limitado a explicar sus planes y no han permitido ningún tipo de propuesta alternativa".

La Diputación ha planteado a los ayuntamientos que deben pagar en febrero el 50% de la devolución del Fondo Foral de Financiación Municipal de 2011, mientras que la otra mitad se deberá abonar en tres plazos: mayo, agosto y noviembre.

Ante esta situación, el delegado de Hacienda irunés ha explicado que están estudiando, "desde este momento", las "fórmulas de ajuste" para poder afrontar en febrero, como exige la Diputación, el pago del 50% de los 4,3 millones que debe devolver la localidad fronteriza del Fondo Foral de 2011.

"Se han cumplido los peores pronósticos. No han querido ni dialogar ni negociar. Ellos han puesto sobre la mesa una propuesta y a los ayuntamintos nos toca obedecer", ha insistido Páez.

 

 


Última actualización el Sábado, 04 de Febrero de 2012 17:36
 
La Diputación obliga a los municipios a pagar este año los 49,7 millones que deben al FFFM PDF Imprimir E-mail
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Sábado, 04 de Febrero de 2012 17:09
 Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa sección Economía, el sábado día 4 de Febrero de 2012.

ECONOMÍA
La Diputación obliga a los municipios a
 
pagar este año los 49,7 millones que deben
 
al FFFM
 

PERMITE ABONAR LA MITAD DE LAS CANTIDADES DE FORMA APLAZADA A LO LARGO DEL EJERCICIO

Se ofrece para gestionar el saneamiento de las cuentas de los consistorios que se hallan al borde del colapso financiero

PEPE SIMANCAS - Sábado, 4 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:27h

La diputada de Hacienda y Finanzas, Helena Franco, y el diputado general, Martín Garitano, ayer antes de su comparecencia ante los medios en la Diputación

(Ruben Plaza)

 

 

Helena Franco Diputada foral de Hacienda y Finanzas

DONOSTIA. A pesar de ser una petición a voces por parte de los ayuntamientos guipuzcoanos, la Diputación no permitirá el pago aplazado a varios años de las cantidades que los consistorios adeudan al Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM) a causa de la diferencia existente entre las previsiones de ingresos tributarios en el territorio y la recaudación real, que siguió cayendo en 2011. La institución foral ha exigido a los responsables de los gobiernos locales que paguen este mes la mitad del total de 49,7 millones que, correspondientes a 2011, deben al FFFM -la principal fuente de recursos para los municipios- y les permite abonar el resto en tres plazos, concretamente en mayo, agosto y noviembre.

De esta manera, la Diputación que gobierna Bildu no ha atendido a la reclamación de varios ayuntamientos del territorio, que solicitaron transferir el 50% del dinero este año y, tras un 2013 de carencia, terminar por devolver la otra mitad entre los ejercicios 2014 y 2015. El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y la diputada de Hacienda y Finanzas, Helena Franco, comparecieron ayer ante los medios justo después de mantener una reunión con alcaldes, a los que transmitieron la decisión de la Diputación de permitir solo un aplazamiento a lo largo del presente ejercicio.

Las cuentas municipales están muy mermadas en estos momentos y en varias localidades se encuentran al borde del colapso. "Sabemos que algunos ayuntamientos están en situación de extrema gravedad y la Diputación no puede hacer como que mira a otro lado y que cada uno se las arregle", dijo Franco a la hora de explicar que la administración foral permitirá a los municipios unas fórmulas para que puedan hacer frente a la devolución de esos 49,7 millones de euros.

Una de ellas es la posibilidad de que los consistorios acudan a título individual a las entidades financieras para obtener líneas de crédito dirigidas exclusivamente al pago del 50% que podrán abonar en mayo, agosto y noviembre. Franco detalló que la Diputación está negociando con bancos y cajas un convenio marco para ofrecer a los ayuntamientos esas líneas de crédito que se otorgarían si los municipios cumplen dos condiciones. En primer lugar, los préstamos que lograran para la devolución de ese 50% sobre la cantidad que adeudan habrían de amortizarlos en dos años (2013 y 2014). Y en segundo lugar, esa amortización tendrían que llevarla a cabo a través de descuentos en los cobros que perciben del FFFM, de tal manera que el dinero que la Diputación les transfiere anualmente constituiría la garantía sobre esos créditos.

De ese modo, la Diputación quiere asegurarse de que los municipios no incurren en un endeudamiento aún mayor que el alcanzado hasta ahora. Para los ayuntamientos que no puedan acceder a esas líneas de crédito porque sus cuentas se encuentran seriamente mermadas, el ente foral ofrece otra fórmula, la de los responsables municipales articulen un plan estructural orientado a sanear sus respectivas finanzas. En esa operación, la Diputación exigiría tener capacidad de decisión. "Se trataría de un plan de saneamiento a medio plazo para subsanar las deficiencias estructurales en los consistorios que voluntariamente se acojan a la medida, que tendrían que asumir todas las consecuencias", explicó Franco en lo que fue una velada referencia a una actuación intervencionista de la institución foral.

"PLANTEAMIENTO EXIGENTE" En alusión a la propuesta que la Diputación ha puesto sobre la mesa a los consistorios para hacer frente al pago de esos 49,7 millones de euros, la diputada de Hacienda reconoció que "sabemos que es un planteamiento exigente, una propuesta con poco margen" pero consideró que las fórmulas de los ejecutivos forales anteriores, que posibilitaron la devolución al FFFM durante varios años, "no hacían más que ocultar los problemas y acrecentarlos al permitir a los municipios entrar en inercias de gasto".

A su juicio, las cantidades que los consistorios deben reintegrar al Fondo Foral "no son el problema principal, que parece que no se quiere poner sobre la mesa". Franco indicó que "todos quieren ofrecer unos servicios públicos con amplios y mejores equipamientos pero con unos ingresos que no son los de antes, y eso no puede ser". Además, incidió en que "algunos ayuntamientos tienen unos problemas estructurales por las obligaciones que han contraído con entidades financieras y otros por la situación económico-social en el municipio". La responsable foral no quiso especificar cuántos consistorios se encontrarían en esa situación y se limitó a apuntar que "los hay de gran y pequeño tamaño".

Garitano agregó que la Diputación ha enviado un cuestionario a los 88 ayuntamientos del territorio para que, a través del mismo, evalúen su situación financiera y manifiesten cómo van a devolver las cuantías que deben al FFFM. Los responsables municipales deberán contestar al requerimiento la próxima semana.

Preguntados acerca de si la negativa evolución de la economía perjudicará todavía más a los ingresos tributarios y, por consiguiente, los ayuntamientos guipuzcoanos podrían ver recortados en mayor medida los recursos provenientes del FFFM, los responsables forales respondieron que "es prematuro avanzar cómo se desarrollará el ejercicio". Lo que sí señalaron es que la Diputación tiene previsto informar cada trimestre a los representantes municipales acerca del transcurso del ejercicio fiscal de cara a eventuales ajustes que hubieran de realizarse en las previsiones de cierre anual.

Los periodistas también preguntaron a Garitano y Franco sobre la supuesta investigación de la Hacienda foral sobre las empresas que el tenista Rafa Nadal tuvo domiciliadas en Gipuzkoa desde 2006 hasta 2011. Los responsables del Ejecutivo foral rehusaron hablar sobre el asunto y simplemente apuntaron que tienen intención de revisar los regímenes especiales del Impuesto de Sociedades, entre ellos el de Sociedad de Promoción de Empresas (SPE).

 

 


 
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