La clemencia que han pedido los ayuntamientos guipuzcoanos para que la Hacienda foral les flexibilice el pago de los 85 millones que este año deberán devolver al no cumplirse las previsiones de ingresos no tiene respuesta. Al menos, de momento. Fuentes de la Diputación confirmaron ayer a este periódico que el fisco se mantiene firme en su decisión de que los consistorios paguen la factura íntegra este año, sin posibilidad de, como ocurrió en 2009, fraccionar el pago en varios años. Así, los 88 ayuntamientos guipuzcoanos deberán pagar ya el próximo mes el 50% del total, mientras que el resto se negociará caso por caso. Pero siempre, en 2012.

La Diputación no quiere quedar como la mala de la película. Su resistencia a flexibilizar la devolución del Fondo Foral de Financiación Municipal -la parte de la recaudación que los ayuntamientos reciben por anticipado en base a las previsiones de ingresos- no es una actitud de capricho. Así, asegura que hacer frente a los intereses que ello conllevaría le supone una rémora que en estos momentos, con el remanente y su capacidad de endeudamiento muy limitada, le es muy difícil asumir.

Además, históricamente el fisco siempre ha defendido ver la fotografía completa. El fondo foral es un sistema de riesgo compartido. En época de vacas gordas, cuando la recaudación desbordaba las arcas forales, los ayuntamientos recibían a final de año una paga extra ya que las estimaciones, y por tanto, el dinero adelantado, se habían quedado cortos. «Entonces, nadie se quejaba», señala un conocedor de la materia consultado. «Ahora, en cambio, en época de vacas flacas, la situación se les vuelve en contra», apunta.

La Diputación se resiste también a que se le acuse de quedarse con los brazos cruzados. Recuerda que en los Presupuestos de 2012 se incluye el incremento del fondo foral de medio punto en 2012 y otro medio en 2013.

Algunos consistorios, en cambio, lo ven bien diferente. Para empezar, apostillan que ese aumento de un punto en dos años supone apenas unos siete millones a repartir entre 88 municipios.

En segundo lugar, recuerdan que la elaboración de la previsiones de ingresos recae en las diputaciones y el Gobierno Vasco. «Si ellas fallan con tanta diferencia nosotros pagamos las consecuencias», indican fuentes municipales consultadas, que recuerdan de paso que, en el Consejo Vasco de Finanzas -el órgano que regula el flujo de ingresos- apenas son «testigos mudos sin derecho a voto».

Más allá de los aspectos formales, algunos municipios dudan de los argumentos que esgrime Hacienda para negarse a aplazar el pago del desfase recaudatorio. «Si la Diputación, con un Presupuestos de 700 millones, dice que no tiene capacidad para afrontar los intereses de un aplazamiento, qué vamos a decir nosotros, con unas cuentas mucha más reducidas y mucho menos margen de maniobra», señalan.

Así, vuelven a tirar de hemeretoca, regresando el calendario a 2009. Entonces, la Diputación que gobernaban PNV y Hamaikabat permitió que los consistorios pudieran pagar los 99 millones de desfase en tres plazos (2011, 2012 y 2013) y sin intereses.

Ironías del destino, ese aplazamiento ha provocado que los casi 52 millones de desfase con el que cerrará el fondo foral de 2011 se eleven a 85 al sumarles el segundo plazo (33 millones) de la liquidación de 2009, un roto de proporciones mayúsculas en los presupuestos municipales que obligará tirar de tijera. En Donostia, donde gobierna Bildu, la factura total a devolver este año se eleva a 23 millones de euros.

Pero el problema es doble. Si los 406 milones que los ayuntamientos ingresaron por adelantado en 2011 se han quedado finalmente en 355, nadie confía ya en la estimación de 396 millones ultimada por la Diputación para 2012, máxime cuando la recesión parece ya casi una evidencia.

La total dependencia de la Diputación -no solo para saber los ingresos previstos, sino como tutela financiera- tampoco empieza a gustar a algunos responsables municipales. El propio delegado de Hacienda de Donostia, Jabier Vitoria, cargó el domingo en este periódico contra el modelo vigente. «El gasto corriente debe estar supeditado al ingreso corriente y no a la expectativa de ingresos», remarcó. En su opinión, los ayuntamientos «requieren de una autonomía financiera que el sistema actual de financiación, con la política de riesgo compartido, no garantiza». El responsable de las finanzas donostiarras cree que «el sistema de financiación municipal debe ser revisado de forma urgente» y advierte de que «este modelo no es el de Bildu. Los ayuntamientos tienen mayoría de edad suficiente para no tener que andar tutelados», advierte. Preguntados por esta cuestión, fuentes forales señalaron ayer estar estudiando el tema.

Sea con un modelo u otro, lo cierto es que cuatro años después del comienzo de la crisis, el fondo foral sigue en niveles de 2005 y a la altura del dramático 2009, cuando el tsunami económico impactó de lleno en Euskadi.

2.000 perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) podrían perder su prestación -cuya cuantía oscila entre los 650 y los 923 euros al mes- por estar ilocalizables para Lanbide, el organismo del Gobierno Vasco que desde diciembre gestiona la ayuda. De hecho, el Ejecutivo cree que la cifra de personas de las que no se tiene noticia puede incluso duplicarse en las próximas semanas, hasta llegar a los 4.000. De ser así, afectaría al 7% de los casi 56.000 beneficiarios que en estos momentos están cobrando el subsidio.

El asunto tiene que ver con el cambio de manos en la gestión de la RGI. Cuando el Gobierno Vasco, a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), tomó las riendas, envió por correo certificado una carta a cada uno de los perceptores para darles cuenta de la nueva situación: esencialmente, que a partir de ahora la percepción de la ayuda pasa a estar vinculada a la búsqueda activa de empleo -quien no quiere trabajar, no cobra, viene a ser la filosofía-. Precisamente por eso, la gestión pasó de depender de los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones a ser asumida de manera directa por Lanbide.

La cuestión es que, según reveló ayer el viceconsejero de Planificación y Empleo, Javier Ruiz, «2.000 cartas enviadas a beneficiarios han sido devueltas por tratarse de domicilio desconocido». Así que Lanbide ha iniciado una investigación caso por caso para determinar cuál es la situación real de estas personas que están ilocalizables.

Eso sí, ni el viceconsejero, ni el director general de Lanbide, Javier Ramos, ni el director de Formación y de Garantía de Ingresos, Pedro Sánchez, quisieron pronunciar la palabra fraude. «Puede ser que la persona no estuviese en casa, o que haya habido fallos en Correos», aventuró Javier Ruiz para evitar abrir antes de tiempo sospechas sobre un asunto tan delicado.

Sin embargo, sí admitió que, en cualquier caso, mantenerse ilocalizable supondría una irregularidad ya que los beneficiarios de RGI, por ley, deben estar disponibles para atender posibles ofertas de empleo o de formación. Y recordó el proceder habitual en las comunicaciones postales de este tipo: un funcionario de Correos acude al domicilio para entregar la carta; si no da con el destinatario o no consta que viva en el domicilio indicado, le deja una comunicación para que pase a recoger la misiva por la oficina de Correos en un plazo de siete días. De no hacerlo en ese tiempo, la carta se devuelve al remitente, en este caso, al Servicio Vasco de Empleo.

¿Qué ocurre ahora? Explica el viceconsejero que se citará a los afectados por medio del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), y se les dará cita para un día concreto en las oficinas de Lanbide. De no personarse, se procederá a la suspensión cautelar -que no retirada definitiva- de la prestación. Un escenario este más que previsible si se tiene en cuenta que la lectura del boletín oficial no es un hábito diario para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Además, y como ya se ha adelantado, el número de afectados por esta situación podría incluso duplicarse porque, según el director general de Lanbide, Javier Ramos, en el organismo que dirige llevan un par de semanas recibiendo cartas de vuelta y, al haberlas enviado de manera progresiva, estiman que seguirán llegándoles durante los próximos quince días. De mantenerse el ritmo, rondarían las 4.000 devoluciones. Una evolución muy probable si se tiene en cuenta que hace una semana eran mil, y ayer ya habían subido a 2.000.

Todo esto despierta de nuevo el fantasma de la sospecha sobre la posibilidad de que haya bastantes personas que se aprovechan de uno de los sistemas de protección social más solidarios y generosos del continente. La propia consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ya alertó hace meses de que «hay profesionales del fraude que ven las ayudas sociales como rentas vitalicias». Así que uno de los retos de Lanbide es acabar con estas situaciones que no sólo generan un gasto injusto en las arcas públicas, sino que empañan la imagen de una mayoría de beneficiarios que perciben justamente la RGI y tienen en ella su único sustento.

En este sentido, el Servicio Vasco de Empleo cuenta con medios para el «control», aseguró ayer Pedro Sánchez, director de Formación y de Garantía de Ingresos. De momento, no han arrojado ningún resultado porque «estamos en un momento muy inicial» en el que los esfuerzos se centran en engrasar la maquinaria de Lanbide. Las bolsas de fraude, en caso de que realmente existiesen, aparecerán cuando se empiece a llamar a los perceptores para recibir cursos.

El comienzo del juicio concitó ayer a las puertas de la sala de vista a representantes institucionales de Gipuzkoa. Hasta la sede judicial acudieron el alcalde de Irun, José Antonio Santano, cuyo Consistorio ejerce la acusación popular. También estuvo presente la concejal irundarra Maite Cruzado.

Igualmente, acudió la expresidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, actual presidenta de la comisión de Igualdad. También se desplazó Julio Astudillo.

Santano señaló que su presencia tenía por objeto apoyar a la familia de Yasmín y «poner en valor la acción de Juan Pablo Urtizberrea que intentó socorrer a Yasmín, aunque desgraciadamente no lo consiguió». El primer edil irundarra añadió que «este tipo de conductas son la punta del iceberg de comportamientos que hay que erradicar. La sociedad ha de mantener una actitud muy vigilante ante cualquier tipo de comportamiento que pueda considerarse machista y minusvalore el papel de una mujer. Esto tiene que ser combatido y ese es un compromiso de las administraciones públicas y también del Ayuntamiento de Irun».

Rafaela Romero expresó su confianza en que el jurado «no dude de la intención del acusado», a diferencia de lo ocurrido en el juicio por la muerte de Nagore Laffage. Romero insistió en que «mientras a los jóvenes, a toda la sociedad, no le enseñemos que todos somos iguales las personas que van a juzgar no lo harán en libertad y en igualdad como no lo hicieron en el caso de Nagore Laffage».