PEDRO GOROSPE - Bilbao - 26/12/2011

Euskadi se dispone a empezar el nuevo año en uno de los más complicados y adversos escenarios posibles en materia fiscal, tanto en lo que se refiere a la estricta recaudación como en armonización e inspección tributaria. Los últimos acuerdos en las Juntas Generales de los tres territorios y la falta de ellos n el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), en el que se dan cita las Haciendas forales y el Gobierno, han acabado por consolidar al País Vasco como un espacio fiscal opaco, con tres normativas tributarias diferentes y sin que una mayoría en el Parlamento para enderezar el rumbo.

Las Diputaciones de Bizkaia y Álava han conseguido rebajar el nivel de la reforma fiscal que impulsa ellehendakari, Patxi López, de la que está más próxima la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu. Aquellas han aprobado unos cambios legales que van a suponer unos ingresos adicionales de 300 millones de euros, cuando se necesitarían 3.000 millones para volver al nivel de recaudación previo a la crisis.

Ignacio Zubiri: "La factura de la descoordinación la paga el ciudadano"

Los ingresos tributarios llevan desde 2008 marcando una clara tendencia a la baja, que este ejercicio no va poder remontar. Entre enero y noviembre pasados, la recaudación de las tres Haciendas por tributos concertados ascendió a 10.190,4 millones de euros, un 2,7% menos que en el mismo periodo de 2010.

Pese a ello, una de las principales vías para poder aumentarlos quedó bloqueada el pasado jueves en la reunión del OCT por los representantes vizcaínos al negarse a coordinar tanto la inspección fiscal como la lucha contra el fraude con las otras dos provincias.

El argumento principal de Bizkaia es que solo responde de sus tributos ante sus Juntas Generales. Y no solo del PNV. El PP defiende a ultranza la desconexión de las bases de datos tributarias para evitar, en palabras de su portavoz en el Legislativo foral vizcaíno, Esther Martínez, que "cualquier funcionario pueda apretar un botón y saber cuáles son los datos fiscales de todos los vizcaínos".

El catedrático de Hacienda Pública de la UPV Ignacio Zubiri recalca que la factura de la descoordinación fiscal "la paga el contribuyente, no tanto en este caso por la desarmonización, que es pequeña, sino por las diferencias provinciales en la lucha contra el fraude, que unida sería más efectiva, y en la gestión de los impuestos". Y del dinero que recauda la Hacienda de Bizkaia solo el 30% termina siendo suyo. El 70% restante corresponde al Gobierno, según la Ley de Aportaciones, para equilibrar las diferencias provinciales y hacer unas políticas que cohesionen a Euskadi.

El Gobierno, pese a disponer de los argumentos y los instrumentos para incidir en la política fiscal, se ha quedado sin margen de maniobra para decidir sobre los ingresos públicos.

"Euskadi es una comunidad coja y manca", define gráficamente el abogado donostiarra y exparlamentario de EE Javier Olaverri cuando explica la situación institucional y política de la comunidad autónoma. "Coja" porque las leyes básicas sobre las que se asienta el edificio institucional -la Ley de Territorios Históricos y la Ley de Aportaciones- fueron diseñadas por el PNV para una comunidad en que este partido estaba al frente de todas las instituciones. Pero todo ha cambiado, incluso la forma de resolver los conflictos que se generan. El último de ellos se produjo en febrero de 2010 y enfrentó a los entonces diputados generales de Bizkaia y Gipuzkoa, ambos del PNV, José Luis Bilbao y Markel Olano, respectivamente. Bizkaia y Álava habían retirado ya el Impuesto de Patrimonio. Sólo lo mantenía Gipuzkoa, pero eso no les eximía de pagarlo.

Si antes las posibles discrepancias se resolvían en la ejecutiva nacional peneuvista, ahora, con cada institución foral en manos de un partido, el PNV se ha replegado a Bizkaia, que ha convertido en un reducto de contrapoder al Ejecutivo de López.

Y "manca", sigue argumentando Olaverri, porque, pese a que ese mismo entramado legislativo otorga al Parlamento vasco la decisión final en materia de armonización fiscal y de inspección, "no hay una mayoría política en la Cámara que lo haga posible".Los socialistas, que impulsan la coordinación en la lucha contra el fraude, tiene como socio preferente en la Cámara al PP, partido que rechaza esa coordinación y apuntala el foralismo del PNV ya desde 1983, cuando sus enmiendas reforzaron el papel de las Diputaciones durante la tramitación de la Ley de Territorios Históricos.

El mal arranque de 2012 en todo lo relacionado con los impuestos va a tener además otros componentes negativos. Para todos los expertos consultados la falta de coordinación en la lucha contra el fraude fiscal y la impermeabilidad de los sistemas tributarios deja abierta la puerta a que algunos contribuyentes se sientan especial y peligrosamente seguros.

"Quienes lanzan ese mensaje de protección a ultranza del contribuyente posiblemente no son conscientes de que quienes lo reciben pueden ver una vía abierta al fraudel", destaca Zubiri. En su opinión, la coordinación de los servicios de inspección presenta numerosas ventajas, políticas y económicas, ya que permitiría homogeneizar los sistemas y, por lo tanto, reducir costes. Pero, además los harían más efectivos y más transparentes "sin ninguna duda".

Esta reflexión ya se está extendiendo en la UE como una contribución más a la construcción de un sistema "más equitativo, justo y equilibrado" en el que la lucha contra el fraude no estaría sujeta al impulso político de cada Administración, sino a criterios puros de búsqueda de la legalidad y de persecución del defraudador.

Los datos del Informe integrado de la Hacienda vasca correspondiente a 2009, el último realizado en Euskadi -para el territorio común hay cifras de este mismo año- dejan a las claras que el acelerador de la inspección se pisa de manera diferente en cada provincia. Bizkaia presenta unos números notablemente bajos en relación con los de Álava y Gipuzkoa, pese a su superior peso económico.

Con una interconexión de las haciendas forales se podrían haber evitado quizá episodios judiciales como el que sufrió la Hacienda de Bizkaia con el caso Ibarra. La Audiencia vizcaína absolvió el pasado abril al exjefe de la Inspección Fiscal de este territorio Juan Ramón Ibarra de los delitos de que se le acusaba, pero consideró probado en su sentencia que Ibarra creo un listado de contribuyentes en el que llegó a incluir a 209 e introdujo una "traba" informática en el sistema que los presentaba ante los demás inspectores como si estuviesen siendo objeto de una inspección, cuando no era así.

Como sostienen todos los expertos consultados, la opacidad fiscal es una potencial fuente de problemas. "Detrás de una inspección sin controles ni coordinaciones hay unos perjudicados que pagan las facturas, y esos son los mismos ciudadanos a los que dicen proteger quienes apuestan por no poner más controles", destaca Zubiri.

Las tres Haciendas, sin embargo, sí se han coordinado en ocasiones para defender a los contribuyentes, recuerda Olaverri. El caso de las vacaciones fiscales ha mantenido unidas a las instituciones forales en una defensa colegiada de las empresas beneficiadas y de las normas forales declaradas ilegales por la UE. Solo cuando Bruselas ha propuesto imponer multimillonarias multas se ha roto la unidad.

El rechazo foral a coordinar los sistemas de inspección casa además muy mal, coinciden los consultados, con la transparencia de las administraciones.

pie de foto:De izquierda a derecha, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao; el consejero de Economía, Carlos Aguirre, y los diputados generales de Álava, Javier de Andrés, y Gipuzkoa, Martin Garitano, en su rueda de prensa conjunta tras la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas, el pasado 14 de octubre en Vitoria.- IREKIA

Tributación en los tres territorios