José María Bravo, exdirector de la Hacienda de Irun condenado a once años de cárcel por el fraude cometido en esta oficina tributaria entre 1991 y 2004, ha solicitado este jueves salir de la cárcel y abandonar su actual situación de prisión provisional. Alega para ello arraigo familiar y nulo riesgo de fuga.

Bravo se encuentra en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado 2 de agosto, cuando la Audiencia de Gipuzkoa decretó su ingreso en prisión al entender que tras ser condenado a once años de cárcel y encontrarse separado de su exesposa Rosa Cobos (también condenada por el mismo caso a tres años y cuatro meses), existían riesgos de que intentase eludir la acción de la Justicia mientras el Tribunal Supremo resolvía el recurso que el condenado tiene interpuesto en esta instancia contra el fallo de la sala guipuzcoana. Un recurso que el Alto Tribunal verá el próximo 12 de marzo, aunque comunicará su decisión más adelante.

Mientras llega ese momento, este jueves se ha celebrado en el Audiencia de Gipuzkoa una vista para decidir si el tribunal prorroga o pone fin a la prisión provisional, toda vez que el próximo 8 de mayo Bravo cumplirá dos años encarcelado. Un internamiento acumulado en tres etapas diferentes desde 2007. Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa han argumentado que «se mantienen las circunstancias que motivaron la prisión provisional», por lo que han solicitado al tribunal, encabezado por el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, que prorrogue este estado por el tiempo máximo que en estos casos marca la ley: la mitad de la pena impuesta cuando ya existe una sentencia condenatoria (en este caso de 11 años).

Primero la defensa, y al final de la vista el propio Bravo en una intervención de más de 20 minutos por videoconferencia desde Soto del Real, han defendido que no existe tal riesgo de fuga. Han desvelado para ello que José María Bravo mantiene una relación sentimental estable desde «abril o mayo de 2011» con una ciudadana oriunda de una antigua república soviética residente en El Escorial (Madrid). La propia aludida ha participado en la vista como testigo para confirmar esa relación y ha presentado como prueba el empadronamiento de Bravo en su domicilio y un certificado de instituciones penitenciarias que demostraría que se trata de la persona a la que se permite tener visitas íntimas. El exdirector de la oficina irundarra también ha alegado circunstancias económicas personales, en el sentido de que el hotel que regenta en Extremadura está padeciendo su ausencia, con una caída de ingresos y beneficios y dos EREs en los últimos años que han reducido la plantilla a la mitad. Los hijos de Bravo, que trabajan en el hotel, han confirmado el empeoramiento de la situación del negocio.

También han participado en la vista la madre y una hermana del penado, quienes se han mostrado dispuestas a elevar de 500.000 euros al valor total de sus viviendas habituales en San Sebastián las garantías que pudieran servir como fianza para que Bravo salga de la cárcel. Un gesto que ha sido rechazado por la Fiscalía y la acusación particular, que han recordado que ya se estabñleció en este caso que la fianza debe ser aportada en efectivo o con aval bancario y no con inmuebles.