El desafío que está suponiendo no solo la llegada de migrantes a Euskadi que han cruzado en patera el Estrecho, sino la integración en general del fenómeno migratorio, ha llevado al delegado del Gobierno a trasladar al lehendakari la propuesta de un 'plan de país' que coordine la actuación de las distintas administraciones con competencias en la materia y los recursos disponibles. Según ha podido saber este periódico, la petición tuvo lugar el pasado 4 de julio, cuando Jesús Loza mantuvo su primera reunión en el cargo con Iñigo Urkullu. Y supondría estrechar la cooperación entre el Ejecutivo vasco y el central, que tiene la responsabilidad sobre Extranjería.

Para situar la iniciativa, las fuentes consultadas ponen como ejemplo y eventual precedente el Primer Plan integral contra la pobreza en Euskadi (1988), que estableció el primer programa de rentas mínimas y que incluía a todas las instituciones y agentes sociales. Jesús Loza parte de la tesis de que el problema trasciende en el tiempo al presente e incluso al futuro más cercano y de que se trata de un desafío lo suficientemente trascendental para la sociedad vasca en el que se debe involucrar a todos los actores concernidos. El delegado del Gobierno cree preciso que la cooperación sea interinstitucional e interdepartamental.

En su encuentro con Urkullu, quien se habría mostrado receptivo a la propuesta, Loza no prejuzgó en qué formato debe estar presente el Estado -no participa hoy en la mesa de coordinación existente-, pero sí incidió en la colaboración entre gobiernos. A su juicio, la cuestión no es tanto quién tiene la competencia para gestionar los recursos para atender a los migrantes en tránsito y el resto de las cuestiones vinculadas a la inmigración, sino cómo se coordinan todos los implicados para mejorar el trabajo.

La eficacia de esa coordinación en la asistencia a los subsaharianos que intentan pasar a Francia desde Gipuzkoa está detrás de la controversia abierta en los últimos días entre el alcalde de Irun, el socialista José Antonio Santano, y el Gobierno Vasco. Mientras Santano ha acusado al Ejecutivo de Urkullu de falta de liderazgo, el aludido, a través de una carta de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, le ha recordado que se trata de una competencia del Gobierno central y de los municipios, y que a pesar de ello desde Lakua se ha realizado un importante trabajo.

Fuentes municipales señalaron ayer que el alcalde irunés, que al parecer no había recibido todavía la misiva y se había enterado de su contenido por su publicación en este periódico, se ha mostrado extrañado por «la virulencia de la respuesta» de Artolazabal. En la carta, además de recomendarle que evitara ese tipo de comentarios, la consejera de Empleo y Políticas Sociales dejaba constancia de una ausencia de comunicación por parte del Gobierno español, que no notifica al vasco las circunstancias, fechas o número de personas que son dirigidas desde el sur peninsular a Euskadi.

Las mismas fuentes recordaban ayer que el Ayuntamiento de Irun ha solicitado ya la mesa interinstitucional vasca cuente también con una representación del Estado. «Tiene que haber un plan compartido, porque la situación ahora está controlada, pero en cualquier momento puede aumentar notablemente el número de migrantes que están esperando a pasar la frontera», explicaron.

La mesa interinstitucional que coordina la atención a los inmigrantes estudiará soluciones técnicas para atender a estas personas más allá de los cinco días de estancia máxima establecidos hasta ahora en los recursos de acogida habilitados en San Sebastián e Irun, que en ocasiones cuentan con plazas libres, según se acordó ayer en el encuentro que mantuvo ayer en Donostia la 'mesa guipuzcoana' con representantes del Gobierno Vasco, Diputación, los ayuntamientos de Irun y San Sebastián y organizaciones sociales como la Red de Acogida de la capital donostiarra y SOS Racismo. La intención es mejorar la «coordinación» y atender algunas de las reivindicaciones planteadas por estos colectivos, a quienes se ha propuesto entrar en la mesa.

La viceconsejera de Asuntos Sociales, Lide Amilibia, explicó que también se va a constituir «una mesa pequeñita de trabajo para ver cómo vamos a poder llevar adelante la vuelta de esas personas que puedan necesitar más tiempo en Euskadi para restablecer sus contactos».

Son las 8.30 horas. El autobús de la compañía Pesa que ha salido a las 7.00 de la mañana de Bilbao, y que ha hecho 'escala' a las 8.15 en la estación de autobuses de Donostia, se dispone a cruzar el puente internacional de Santiago, en la muga de Irun con Hendaia. De repente, se detiene en mitad del camino. La Policía francesa le ha dado el alto. Enseguida, dos agentes suben al vehículo y examinan a los pasajeros uno a uno, reclamando su documentación. Se fijan en los subsaharianos, a los que identifican. Pasados unos minutos, los agentes descienden del autobús y, tras ellos, un grupo de siete personas de raza negra. Seguidamente, los policías les introducen en una furgoneta conducida por un agente que no va uniformado y se los llevan de allí para devolverlos a territorio español a los pocos minutos.

Desde el inicio de verano, la presencia de Policía francesa en todos los puntos de la frontera de Irun con Francia se ha visto incrementada. En este caso no se trata de un aumento del nivel en la alerta terrorista, hecho que ha llevado al Gobierno galo a extremar la vigilancia fronteriza desde los atentados de París. No, los agentes franceses no buscan precisamente terroristas. Centran ahora su trabajo en detectar migrantes en tránsito que intentan atravesar la frontera, tras llegar a Irun después de haberse jugado la vida para llegar a la península en pateras. Y no escatiman esfuerzos en dar con ellos. Los controles se han intensificado de tal forma que los policías peinan todas las formas de atravesar la muga. Incluidos los medios de transporte públicos. Vigilan la estación de Hendaia tanto del tren (SNCF) como de Euskotren y hacen dar media vuelta a los migrantes irregulares que detectan, paran los autobuses de línea entre Bilbao, Donostia y Baiona en la misma frontera y los registran, dan el alto a quien intenta pasar a pie, por no hablar de los controles rutinarios a los vehículos a motor... «Los controles son sistemáticos y les da igual si son menores o personas que podrían solicitar asilo», denuncia Jon Aranguren, representante de SOS Racismo en Irun.

Fuentes de la Prefectura de Pirineos Atlánticos prefieren no explicar los detalles del operativo puesto en marcha. «No podemos informar al respecto», aseguran al otro lado del teléfono. Pero tanto este periódico, como las organizaciones humanitarias que trabajan a ambos lados de la muga han constatado las devoluciones en la misma frontera. Incluso, desde Euskotren han enviado una circular a sus trabajadores para que colaboren con la Policía francesa y faciliten un billete de vuelta a los migrantes cuando son interceptados a su llegada a Hendaia.

La legalidad de estas 'devoluciones en caliente' ha sido denunciada y criticada por las organizaciones que ayudan a los migrantes a ambos lados de la frontera como SOS Racismo o La Cimade, que trabaja en el mismo Centro de Retención Administrativa de Hendaia, una especie de CIE, en donde se confina a los migrantes irregulares antes de decretar su orden de expulsión.

La Policía francesa lleva a cabo estas devoluciones en la misma frontera bajo el paraguas de los acuerdos bilaterales con España que les permiten llevar a cabo la devolución de estos migrantes irregulares cuando los detectan en la misma frontera. «También lo pueden hacer cuando se interceptan dentro de las primeras cuatro horas desde que cruzan la frontera. En esos casos, están obligados a llevarlos hasta la frontera de Biriatou y a entregarlos a la brigada de Extranjería de la Policía Nacional, mediante un procedimiento administrativo muy sencillo. Lo que ocurre es que la mayoría de veces no se cumple este requisito y la Policía gala directamente los abandona en la frontera», explica Mikel Mazkiaran, presidente de SOS Racismo.

En los casos en los que los migranmtes son interceptados pasadas cuatro horas, entonces el país galo estaría obligado a hacerse cargo de ellos y llevarlos a un centro de retención como el de Hendaia, según Mazkiaran.

No obstante, Julie Aufauer, portavoz de la organización francesa La Cimade, de ayuda a migrantes en Hendaia, asegura que también en esos casos en ocasiones la devolución es inmediata en la misma frontera. Además, añade que la Policía gala actúa de esta forma porque tiene el paraguas legal de la declaración de estado de urgencia, tras los atentados de París. «Desde entonces la frontera francesa está teóricamente cerrada para quienes no son ciudadanos europeos y los agentes fronterizos pueden impedir el paso, sobre todo a quienes no tienen documentación en regla», afirma.

El hecho de que la Policía gala impida de forma sistemática el paso de migrantes que llegan a Irun, provoca que muchos tengan que prolongar su estancia en la ciudad fronteriza. En ocasiones, las ONG han denunciado que se han quedado sin sitio en el que dormir, porque ya habían pasado por el albergue preparado en el gimnasio del colegio Leka Enea o habían cumplido los cinco días máximos de pernoctación. «La pasada noche se quedaron fuera del recurso cinco personas», afirman desde SOS Racismo Bidasoa.

No obstante, según aseguran desde la ONG, a pesar de los obstáculos que se encuentran, la mayoría de migrantes «al final consiguen pasar la muga. Si no es a la tercera, a la cuarta».

El Gobierno Vasco recibió ayer con «sorpresa» las declaraciones realizadas por el alcalde de Irun, José Antonio Santano, a este periódico en las que echa en falta mayor liderazgo por parte del Ejecutivo vasco a la hora de buscar soluciones al tema de los inmigrantes que llegan a Euskadi.

Desde Lehendakaritza no se entiende la razón de las palabras de Santano porque «él sabe que las competencias corresponden al Gobierno español y a los ayuntamientos, así como a las diputaciones en el caso de los menores».

Hasta hace poco los temas relacionados con los migrantes se gestionaban en la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, dirigida por Jonan Fernández y dependiente de Lehendakaritza, pero ahora es el Departamento de Empleo y Políticas Sociales quien se ha responsabilizado del tema.

Por eso, fue la consejera de ese departamento, Beatriz Artolazabal, en representación de todo el Ejecutivo, quien remitió una carta al alcalde de Irun, a la que ha tenido acceso DV, para expresarle «la perplejidad que ha provocado su comentario sobre lo que usted califica 'falta de liderazgo del Gobierno Vasco'» e insiste en que «creemos profundamente en la colaboración y el respeto interinstitucional y vamos a seguir trabajando en esta línea, a pesar de declaraciones como las que usted ha realizado».

Por ello, la responsable de Políticas Sociales «en tono positivo, de colaboración y para una mejor atención a las personas migrantes», solicita a Santano que «evite ese tipo de comentarios y participe de lleno, como le corresponde en su representación de Irun, de la cual suponemos conocedor en la comisión interinstitucional, en la atención a la situación que requieren las personas migrantes».

En su escrito, Artolazabal le recuerda que desde «hace años el Gobierno Vasco viene trabajando en el ámbito de la migración, así como en relación a personas refugiadas o en crisis humanitarias», pero se centra especialmente en la actuación que ha desarrollado desde la llegada de un autobús con inmigrantes a la estación donostiarra el 4 de julio.

Entre otras cuestiones, además de recordarle que la competencia corresponde a la administración central, le señala que «el Gobierno español no nos ha notificado hasta el momento las circunstancias, fechas o número personas que son dirigidas desde el sur peninsular a Eukadi» y que la información de la que disponen «se basa en la buena actuación de organizaciones como la Cruz Roja».

En su misiva, la consejera repasa los movimientos realizados por el Gobierno Vasco como la participación en reuniones sectoriales en Madrid donde ha trasladado su «preocupación ante la situación que se está generando sobre todo en zonas fronterizas», la constitución de tres mesas interinstitucionales territoriales o la puesta en marcha de recursos que permita a los migrantes más vulnerables -mujeres con niños, convalecientes, personas sin contactos...- una estancia más prolongada en Euskadi.

A fecha de ayer son 2.507 las personas migrantes que han sido atendidas desde el 28 de junio en Euskadi por las distintas instituciones -Cruz Roja, Gobierno Vasco, diputaciones forales de los tres territorios y los ayuntamientos de Bilbao, Donostia, Vitoria e Irun-, que han realizado 3.019 pernoctaciones en sus caminos hacia el norte de Europa y procedentes de los puertos y localidades del sur peninsular.

El director de Políticas de Familia y Diversidad del Gobierno Vasco, Ernesto Sainz Lanchares, estima que «se actúa ante todo con humanidad y urgencia'» y para ello «hace falta una estrategia común europea, bien planificada y teniendo en cuenta los motivos de estos movimientos humanos».

Esa necesidad de una acción común ha llevado a Artolazabal a enviar una carta al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, en la que apuesta por que «los países y regiones de la Unión Europea trabajen y colaboren con el resto de instituciones europeas y de las comunidad internacional para definir una eficaz política que afronte y solucione el fenómeno de las grandes migraciones».