Las 154.000 personas mayores de 65 años que viven en la actualidad en Gipuzkoa tienen hilo directo con la Diputación a través del renovado Consejo de Mayores, que ayer celebró una reunión en el Palacio Foral. Este órgano consultivo, que colabora en la planificación y seguimiento de las políticas dirigidas a este colectivo, cuenta ahora con representantes de las siete comarcas del territorio, así como tres representantes de la Diputación, tres miembros de las entidades en las que se organiza el movimiento asociativo, dos representantes de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en este sector, un representante de Eudel y otro del organismo autónomo Kabia -que gestiona la transferencia de las residencias municipales a manos forales-.

En activo desde 2010, el Consejo de Personas Mayores ha querido revitalizarse a través de un proceso participativo en todas las comarcas. «Queremos que el Consejo sea una herramienta aún más efectiva para dar cauce institucional a las inquietudes y preocupaciones de las personas mayores, y que todas las comarcas de Gipuzkoa se sientan representadas en éste», dijo ayer el diputado general, Markel Olano, un objetivo con el que arrancó el proceso participativo en abril de este año. Olano explicó que se ha trabajado en talleres con «una alta participación» y se ha concluido con la elección de las personas que representarán a esas comarcas en el Consejo.

Tras el recibimiento por parte del diputado general y de la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, los miembros del Consejo conocieron de primera mano los proyectos 'Etxean bizi', para apoyar el cuidado de las personas dependientes y mayores en sus casas; el acuerdo con los ayuntamientos para reformar el Servicio de Ayuda Domiciliaria; o los últimos cambios en el sistema de prestaciones por dependencia, que incluye el seguimiento en los domicilios y los cursos de formación a las personas dependientes, ya iniciados este mes de julio. Peña remarcó que la Diputación se ha marcado «como meta» la atención a la dependencia, pero también escuchar a las personas mayores «que gozan de buena salud y de un estilo de vida activo».

Sí Se Puede Irun ha pedido al Gobierno municipal «que toda empresa que realice obras o servicios en Irun cumpla estrictamente con el pago en plazo a las pymes o autónomas que subcontratan. Es fundamental para no ahogar a la pequeña empresa y a los autónomos, que son los más perjudicados en la cadena de la contratación pública, junto a las y los trabajadores», asegura SPI.

«El Ayuntamiento carece de un mecanismo que le permita controlar los plazos de pago de la contratista adjudicataria a las empresas subcontratadas que participen en la ejecución del contrato. Por suerte, en la nueva Ley de contratos se establece la potestad de comprobación del estricto cumplimiento de esos pagos», si bien «esa potestad será facultativa salvo en caso de contratos de gran cuantía. Ya hemos pedido al Gobierno municipal que haga todo lo necesario para que esa potestad de comprobación se haga efectiva», señala SPI.