Los dos colectivos sociales denuncian que conseguir el derecho a percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda es “una verdadera lotería”. Si bien, explican, ambas prestaciones son un derecho subjetivo, es decir, garantizado por ley, y el ejecutivo debe tener siempre fondos dispuestos para cubrir la demanda, como si se tratara de la Sanidad o la Educación, sin embargo “esto está muy lejos de ser así”.

“El funcionamiento actual hace que esta garantía para poder sostener nuestras vidas”, continúan, “se convierta en una carga, un estrés, un estigma, una condena, un SIN VIVIR,” así denuncian que esto es debido a las irregularidades que se están produciendo en la tramitación de expedientes de suspensión por parte de Lanbide.

Las personas perceptoras de RGI+PCV, aproximadamente 64.000 unidades de convivencia en la Comunidad Autónoma Vasca. En la comarca son más de 2000 personas. Muchas de las cuales, denuncian estos colectivos, son “rastreadas sin descanso por Lanbide en una suerte de acosos epistolares, carentes de argumentos legales, mediante las cuales nos despojan de los mínimos derechos para una vida digna”. Hay casos que ni los afectados ni sus abogados acaban de comprender, simplemente porque carecen de argumentación.

STOP Desahucios junto con Erletxea opinan que estas personas son víctimas de la violencia institucional ejercida por las políticas de empleo y de recortes del Gobierno Vasco quien incentiva a las empresas con dinero público para explotar, precarizar y condenar a la miseria a toda persona que busca un medio para sostener su vida y la de su familia.

onsideran que la pobreza se está cronificando en Euskal Herria donde el panorama de una parte muy importante de la sociedad vasca empieza a ser alarmante.

Así cuando Lanbide decide no renovar la ayuda económica, suspender cautelarmente, extingue el derecho a la prestación, Lanbide está decidiendo que “ya no puedes comprar alimentos, que te corten la luz, el gas, el agua, que ya no puedes calentar la casa o darte una ducha caliente, que te corten la linea de teléfono, que no puedas pagar tu alquiler o hipoteca llevándote al desahucio, que la Diputación Foral se lleve a tus hijos-as, en definitiva expulsarte de su sistema y condenarte a la miseria”.

Beatriz Artolazabal, Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ve necesaria hacer una "revisión profunda" y Borja Belandia, nuevo director de Lanbide, se está afanando en la revisión global de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) anunciada por la consejera. Sin embargo, esta claro que la referencia, que ambos citan a la revisión, es más una investigación de expedientes con el fin de rebajar el número de personas perceptoras, independientemente de las necesidades básicas, denuncian STOP Desahucios y Erletxea. Igualmente denuncian que Beatriz Artolazabal y Borja Belandia son responsables directos de la PRECARIZACIÓN DE LA VIDA en la CAV de esa pobreza alarmante y cronificada que están observando, en el día a día estos colectivos sociales.

Borja Belandia ya fue denunciado en Junio del pasado año por falsear un procedimiento para suspender una RGI y delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento al haber avalado un procedimiento irregular de suspensión del cobro de la renta de garantía de ingresos.

Desde los responsables políticos ofrecen “una política fría sin conciencia ni ética” que les lleva a no plantearse que tras los expedientes que fiscalizan “existen personas a las que dejan sin recursos económicos para la vida”.

“Sin dinero no tenemos derechos, sin empleo no tenemos dinero, sin derechos no tenemos acceso a la vida” concluyen.

Por otra parte esta misma mañana se han llevado a cabo concentraciones ante oficinas de Lanbide por una reforma de la RGI que garantice acabar con la pobreza, ante la anunciada reforma de la RGI, de la “Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social”.

El objetivo de la propuesta de reforma de la RGI debería ser dar la vuelta a esta situación: lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI o que nadie que acceda a ella siga siendo pobre. Así lo exigen los numerosos colectivos sociales y sindicales que se han manifestado esta mañana. Pero por desgracia, el Gobierno Vasco no está de acuerdo con este objetivo, “no le importa que 194.060 personas (9,1% de la población total) presenten riesgo de pobreza real en nuestra Comunidad Autónoma”.

La propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos elaborada por los partidos que conforman el Gobierno Vasco (PNV y PSE), nuevamente endurece los requisitos de acceso y recorta los derechos ligados a la Renta de Garantía de Ingresos, a través “de la implantación de una única RGI por vivienda, considerando a todas las personas que viven en el mismo domicilio como miembros de la misma unidad de convivencia, por más que no existan relaciones familiares. El Gobierno Vasco desprecia la cruda realidad, que es la que obliga a que, distintas unidades de convivencia se vean obligadas a compartir piso porque son personas o familias con escasos recursos económicos e incapaces de afrontar, de forma independiente, los altos precios de los alquileres e hipotecas existentes en nuestra Comunidad. La desvinculación de la cuantía de la RGI del Salario Mínimo Interprofesional, que le garantizaba un suelo y le ligaba a la realidad laboral. Nuevamente el Gobierno Vasco desaprovecha la ocasión de presentar las bases de una Ley que sea capaz de acabar con la pobreza y opta por profundizar en el terreno de los recortes, apuntalando una política que, cada vez convierte en algo más difícil de conseguir y mantener el derecho subjetivo a la RGI y PCV. Por otro lado, el aumento de las medidas de control previstas en la reforma amplía la sospecha permanente sobre la gente pobre, criminalizando a las familias perceptoras de las prestaciones sociales.

Por desgracia no es la primera vez que asisten a este tipo de recortes al sistema de prestaciones sociales, denuncian, así anteriormente ya se ha reducción del número de RGI por vivienda a 2; ampliado el requisito de empadronamiento de 1 a 3 años; el recorte del importe de la RGI en un 7% desde el año 2012; la eliminación, vía presupuestaria, de la vinculación de la RGI al SMI en los últimos 6 años, etc. Los diferentes colectivos se ha movilizado hoy para exigir una reforma de la RGI que no conlleve ningún nuevo recorte; y, a su vez, garantice unas prestaciones que posibiliten llevar a cabo proyectos de vida dignos.