• M.A.I.
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• J. OCHOTECO
• IRUN

El Gobierno municipal ha vuelto a aumentar la cuantía prevista para las Ayudas de Emergencia Social (AES). El gasto autorizado en este concepto se ha incrementado en 55.000 euros, que se cargarán a la partida de subvenciones a familias.
Las AES son ayudas que gestionan los ayuntamientos pero que financia el Gobierno Vasco; y su destino es cubrir pagos como la hipoteca, el alquiler u otros gastos como facturas domésticas. El ente autonómico reservó este año una partida de 20,5 millones de euros para las AES, pero la previsión es que sean necesarios 31,4 millones para cubrir la demanda. Si se cumplen las predicciones, deberán ser los municipios quienes asuman el gasto; como ha ocurrido en el caso de Irun o en ciudades como Donostia u Hondarribia, en las que también se ha agotado la partida inicialmente prevista para las AES.


En el caso de Irun, durante el primer semestre de este 2014 ya se superó el gasto realizado en AES a lo largo de todo el 2013. Entonces, en el Pleno ordinario de julio, fue necesario aprobar un incremento de 117.683 euros para las AES, con cargo al presupuesto municipal. La delegada de Bienestar social, Maite Cruzado, se refirió entonces a un «estado de necesidad desbordado» que obligaba a aumentar la cuantía de las ayudas, así como a la «necesidad» de que el Gobierno Vasco incrementase la dotación de las mismas.
Inicialmente, el presupuesto calculado este año para las AES en Irun ascendía a 557.591 euros; pero las previsiones apuntan a que finalmente puedan llegar a ser necesarios 750.000 euros. En el año 2013, el Ayuntamiento de Irun atendió un total de 536 solicitudes de ayuda pero, solamente hasta el pasado 30 de junio, ya se habían tramitado 537 peticiones de AES con un importe total que ascendía hasta los 613.206 euros.

• EFE | SAN SEBASTIÁN

La Fiscalía de Gipuzkoa pide siete años y medio de cárcel para un hombre al que acusa de un delito contra la salud pública, después de ser sorprendido con un total de 6,5 kilos de anfetamina que ocultaba en su domicilio de Irun, en un local de Astigarraga y en un turismo.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos, que serán juzgados próximamente en San Sebastián, se remontan al 12 de febrero de 2013, cuando el procesado fue interceptado por la Policía mientras circulaba en el interior de un vehículo con más de dos kilos de anfetaminas que presuntamente pensaba "distribuir mediante su venta a terceros".
Además, en el registro de la vivienda de este hombre, situada en Irun, los agentes se incautaron de un cubo de plástico con más droga, mientras que en un local del barrio de Ergobia, en Astigarraga, encontraron varias bolsas con otras cantidades de esta misma sustancia, hasta completar un total de 6,5 kilos de anfetamina. En esta lonja, los policías intervinieron asimismo distintos útiles e instrumentos para la manipulación de la droga como una envasadora, una báscula, bolsas de plástico y rollos de embalar, así como envases y herramientas que contenían "restos de sustancias psicotrópicas y disolventes".
Los agentes también localizaron en este lugar un equipo de cultivo de marihuana y 30 gramos de esta sustancia.
El documento de la Fiscalía concreta que "la suma en el mercado ilícito de la droga incautada ascendería a 269.057 euros".
La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito contra la salud pública en relación con sustancias que causan grave daño y con la agravante de notoria importancia por el que solicita para el imputado siete años y medio de cárcel y una multa de más de un millón de euros.

• M.A.I.
• IRUN

El departamento de Bienestar Social, junto con 9 asociaciones y entidades de la ciudad (Adiskidetuak, Arrats, Berpiztu, Caritas, Cruz Roja, Federación Oiasso 2000, Foro Ciudadano, Kabia Elkartea y Rais) y vecinos y vecinas de la ciudad a título individual, realizó la pasada semana un recuento de las personas sin techo que pernoctan en la vía pública de la ciudad. Este mismo análisis, enmarcado en el segundo 'Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave en la CAPV' que se publicará en 2015, se realizó la misma noche, la del miércoles 29 de octubre, en diez localidades de la Comunidad Autónoma Vasca.
En Irun, donde este estudio se realizaba por primera vez, participaron 65 voluntarios que, entre las 22.00 y las 2.00 horas contabilizaron las personas, de cualquier edad, que estaban pernoctando en la calle, bien a la intemperie, bien en un espacio de uso público a cubierto o en cualquier otro lugar inadecuado para vivir. Encontraron 39 personas en alguna de estas situaciones, 32 hombres y 7 mujeres.
Para que este recuento pudiera completarse, los responsables del estudio realizaron una división geográfica del municipio en nueve zonas y dieron una formación básica a los voluntarios. A las personas sin hogar encontradas se les realizaron preguntas de un cuestionario que perseguía conocer sus características sociodemográficas básicas, su situación administrativa, su estado de salud y sus relaciones sociales y familiares. El cuestionario incorporaba también una ficha de observación anexa con datos de identificación y localización muy básicos que se rellenó en todos los casos, mientras que el cuestionario se aplicó en aquellos casos en los que las personas localizadas accedieron a ser entrevistadas.
Una de las ciudadanas voluntarias que participó en el estudio señalaba que «pensaba que iba a ser más duro, más difícil. También esperaba que fuéramos a encontrar más gente, la verdad. Las personas con las que estuvimos nos recibieron bien, aunque hubo quien quiso completar el cuestionario y quien no». Apuntaba que, en conjunto, «no fue una experiencia dura, también porque el tiempo acompañó y porque íbamos un grupo majo de gente».
En su caso, la decisión de participar llegó motivada por «conocer un poco mejor y de primera mano esta parte de la realidad de la ciudad».