el Ayuntamiento de Irun ya aprobó el pasado año una profunda reforma del sistema de bonificaciones y exenciones en los servicios municipales. En su sesión plenaria de esta semana, la Corporación local ha querido dar un paso más, ahondar en las ayudas a las familias que se encuentran en situaciones más desfavorecidas. «La idea es», recordaba el alcalde, José Antonio Santano, «que los que pueden pagar por el servicio lo hagan y a quienes tienen más dificultades, les ayudemos». La premisa general, aplicada en el dictamen aprobado y que se refería, en esta ocasión, al Conservatorio Municipal, la Escuela de Música y el aula de 2-3 años de la Escuela Infantil, es que el consistorio no asuma más del 50% del coste y los usuarios del servicio, al menos el 20%. Por esta razón, Santano insistió en que estas bonificaciones «son bonificaciones sobre unas tasas que ya están bonificadas para todo el mundo».

De acuerdo con lo aprobado, los tramos de ingresos que hasta ahora eran objeto de un 50% de ayuda, desde ahora recibirán un 75%. Además, se crea una nueva tabla de beneficiarios con rentas más altas que percibirán hasta un 25% de bonificación. A esto hay que sumar las modificaciones en la definición de unidad familiar y en la de sus ingresos, persiguiendo el objetivo de flexibilizar los límites para abarcar a un mayor espectro de familias.

«Después de una trayectoria de modificaciones, hoy, el Gobierno propone otra más, que llega sin un estudio para ver hasta dónde puede repercutir», criticó el portavoz de EB, Manuel Millán, que votó en contra. También lo hizo Bildu. El concejal de la coalición abertzale, Juan Carlos Martínez recordó que «el año pasado ya dijimos que los cambios no tendrían efecto. Ahora el Gobierno sigue el mismo camino y se vuelve a quedar corto. Pierde una oportunidad de hacer un bloque desde la izquierda para conseguir un efecto real».

La portavoz del PP, Juana de Bengoechea defendió su apoyo al dictamen porque «este Ayuntamiento tiene verdadera intención de ayudar y porque este dictamen demuestra que si lo que se aprueba es insuficiente, vamos a ir más allá. Un estudio es fácil de hacer; calcular el efecto real de estas bonificaciones, muy difícil». Desde EAJ-PNV, Xabier Iridoy recordó que el año pasado se cambió el criterio para que la referencia fueran los ingresos familiares «y ése es el camino para que las familias puedan acceder a los servicios municipales. La propuesta se quedó corta y por eso ahora vamos un paso más allá y si dentro de un año hay que profundizar aún más, lo haremos». El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez comentó que «ya dijimos el año pasado, en la anterior modificación, que no íbamos a quedarnos ahí. Esta propuesta ha sido muy debatida en las comisiones y creemos que estos criterios tienen mejor encaje social». Respondiendo a la demanda del PP, Páez aseguró que al igual que el pasado año «las bonificaciones serán publicitadas a través de la revista municipal y por otros medios».