La Diputación propone un nuevo modelo de financiación de servicios sociales |
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Lunes, 28 de Enero de 2013 17:46 |
Noticia publicada en Diario Vasco sección Gipuzkoa, el lunes día 28 de Enero de 2013.
CRONOLOGÍA DEL PLAN
2013
Actuaciones: Presentación de la propuesta; puesta en marcha de una comisión negociadora con los ayuntamientos y actualización del estudio económico de las residencias municipales, que supondrá un gasto de 60.000 euros.
Aportación económica: Los ayuntamientos abonarán los 8,1 millones por el déficit de las residencias municipales, mientras que la Diputación seguirá financiando los 14,8 millones de la ayuda domiciliaria que corresponde a los ayuntamientos.
2014
Actuaciones: Creación del organismo autónomo foral para la gestión de los servicios, incluidas las residencias municipales; las residencias con el nivel de déficit más reducido pasan a la gestión foral; reducción del 15% de la aportación foral al servicio de ayuda domiciliaria, que se destinará a compensar el déficit a aquellos ayuntamientos que continúen con la gestión de residencias.
Aportación económica: Los ayuntamientos abonarán 5,2 millones de euros del déficit de las residencias. La Diputación pagará el 85% de la ayuda domiciliaria (12,6 millones) y destinará el otro 15% (2,2 millones) a aliviar el déficit de las residencias municipales, además de aportar 750.000 euros por la gestión de las residencias con menos déficit, cuya gestión asume en 2014.
2015
Actuaciones: Integración progresiva del resto de residencias en manos municipales al organismo autónomo foral;potenciación de las horas destinadas a la ayuda domiciliaria (hasta un 40%) y reducción de la aportación del usuario por el servicio;puesta en marcha del equipo de apoyo y seguimiento de los perceptores de prestaciones recogidas en laLey de Dependencia por los servicios sociales de los ayuntamientos y compensación económica de 5 millones por parte de la Diputación; se contempla también la mejora de la financiación de los ayuntamientos a través de la Ley de Aportaciones u otras fórmulas por parte del Gobierno Vasco.
Aportación económica: La financiación de las residencias correrá a cargo de la Diputación;la financiación de la ayuda domiciliaria se reparte al 50% entre Diputación y ayuntamientos.
2016
Actuaciones: Culminación de la integración de las residencias municipales en el organismo autónomo foral, en el que también se incluirán los centros de día forales, con gestión externalizada, y municipales.
Aportación económica: La financiación de las residencias corre a cargo de la Diputación desde 2015;los ayuntamientos aportarían el 75% del coste de la ayuda a domicilio, mientras que la Diputación aportaría el 25%.
La Diputación de Gipuzkoa movió ayer ficha para avanzar en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlamento Vasco en 2008, en la que se garantiza el acceso universal a los servicios sociales para 2016, y se fija el papel que debe desempeñar cada institución (Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos) con el objetivo de homogeneizar los recursos, condiciones de acceso y financiación, entre otros. Según el reparto previsto en el texto normativo, a la Diputación foral le corresponde gestionar las dieciséis residencias ahora en manos municipales, que arrastran un déficit de 8,1 millones de euros, mientras que los ayuntamientos deben financiar el servicio de ayuda domiciliaria, que en la actualidad supone un gasto de 14,8 millones de euros anuales para las arcas de la Diputación.
Pero lo que sobre el papel supone un traspaso de ‘poderes’ en la gestión, en la práctica se convierte en un «problema bastante complejo» de solucionar por la escasez de recursos en general, y de los ayuntamientos en particular. La propuesta presentada ayer a los municipios y a las Juntas Generales pretende resolver ese escollo con un calendario progresivo de implantación desde este año hasta 2016, en la que se refuerzan además los recursos para que las personas dependientes puedan mantenerse en su domicilio y retrasar así su ingreso en una residencia.
El documento está abierto a las aportaciones del resto de grupos en las Juntas y debe también lograr el difícil consenso con los 88 ayuntamientos guipuzcoanos que ya han advertido de la necesidad de una inyección de dinero en sus cuentas para poder llevarlo adelante, a través de un cambio en laLey de Aportaciones, como plantea la Diputación, u otras alternativas que les permitan cumplir con las obligaciones de financiación recogidas en la Ley vasca de Servicios Sociales. «Si no se establece un nuevo reparto de recursos económicos que mejore la capacidad de los ayuntamientos, no será posible desarrollar en su integridad el planteamiento de este documento, y únicamente serán viables las actuaciones previstas en 2013-2014», quiso dejar claro desde un principio el diputado de Política Social, Ander Rodríguez.
«Creación de mil empleos»
En líneas generales, la Diputación plantea un nuevo modelo de financiación «que va más allá del mero reparto de atribuciones que establece la ley» y que la Diputación ‘transforma’ en «un plan de mejoras» orientado al mantenimiento de la persona dependiente en su hogar, con tres apuestas que favorecerían la creación en Gipuzkoa de un millar de puestos de trabajo en el sector de los cuidados a personas dependientes en el plazo de cuatro años, según sus cálculos.
Por un lado, y en paralelo al trasvase de la gestión de la ayuda domiciliaria a los ayuntamientos, estos deberían comprometerse a potenciar el servicio, ya que el actual «arrastra cinco años seguidos de descenso de usuarios», de 6.146 en 207 a 5.447 en 2011. Rodríguez explicó que se plantea aumentar el número de horas semanales de ayuda en el hogar para los graves dependientes (Grado III), lo que supondría un 40% más de horas y un gasto extra de 3,5 millones de euros al año que habría que añadir a los 14,8 millones de coste. Además, se rebajaría el copago (la cantidad que tiene que abonar el usuario) en relación al precio público, ya que en la actualidad muchos de los potenciales usuarios a partir de un nivel de renta prefieren contratar este servicio en el mercado privado o directamente en la economía sumergida, porque les ofrecen un precio más atractivo que el servicio de ayuda domiciliaria municipal, explicó Rodríguez. Con esta medida se prevén 130 nuevos puestos de trabajo.
Una de las principales novedades de la propuesta es la creación de un nuevo servicio municipal:un equipo «de acompañamiento y seguimiento en el hogar» para las 12.000 personas beneficiarias de ayudas en Gipuzkoa, encargado de garantizar la idoneidad de los cuidados con el fin último de contribuir a la estancia en el domicilio del dependiente. Este equipo profesional estaría compuesto por unas cien personas, que serían nuevos empleos a jornada completa. La Diputación compensaría con 5 millones a los ayuntamientos.
El tercer frente que la Diputación ha abierto para intentar potenciar la atención en el domicilio tiene que ver con las prestaciones económicas contempladas en la Ley de Dependencia. El martes pasado, el consejo de diputados aprobó la extensión de la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) a las dependencias severas y moderadas, que podrán beneficiarse de una ayuda económica de entre 300 y 833 euros, en función del grado de dependencia, para contratar a un cuidador –sin lazos familiares–. La Diputación calcula que esta medida supondrá el trasvase del 20% de los actuales perceptores de la prestación por el cuidado en el entorno familiar –la más solicitada–, a la nueva ayuda, lo que se traduciría en 750 contrataciones de asistentes personales en el hogar.
Un organismo autónomo
El trasvase de las dieciséis residencias municipales se realizaría a través de un nuevo organismo autónomo foral, que asumiría la gestión de forma progresiva –en 2014 las residencias con menor déficit y en 2015, el resto–, en un calendario de plazos en el que también se fijan las fases del trasvase gradual de la financiación de la ayuda domiciliaria a los ayuntamientos.
Según el calendario propuesto, este año la Diputación aportará a los municipios el 100% de la financiación por la atención domiciliaria, y a su vez los ayuntamientos sufragarán el déficit de las residencias. En 2014, la aportación foral se quedaría en un 85%, en 2015 abonaría el 50% y a partir de 2016 sería el 25%. El plan supondría un aumento de gasto acumulado de 5,8 millones de euros para el conjunto de los ayuntamientos y de casi 7 millones de euros para la Diputación. «En este tránsito nadie perderá derechos, ni las personas dependientes ni los trabajadores», garantizó Ander Rodríguez.
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"Queremos facilitar la renegociación de los créditos para evitar los desahucios" |
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Viernes, 25 de Enero de 2013 22:25 |
Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa sección Sociedad, el viernes día 25 de Enero de 2013.
MARIO MARTÍNEZ DE BUTRÓN DECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO
"Queremos facilitar la
renegociación de los créditos
para evitar los desahucios"
El decano de los notarios vascos, que llegó al cargo el pasado mes de diciembre, reconoce que tiene la responsabilidad de mantener o subir el "elevado nivel" que dejaron sus predecesores en una época "muy difícil para la sociedad y para el Notariado"
BEATRIZ SOTILLO - Viernes, 25 de Enero de 2013 - Actualizado a las 05:22h
Mario Martínez de Butrón, en la sede del Colegio Notarial del País Vasco. (J.M.M.)
DONOSTIA. Los notarios sufren la crisis como todos, puesto que son parte de la sociedad, pero ahora mismo están tratando de contribuir a solucionar uno de los problemas más graves derivados de esta situación: los desahucios y los impagos hipotecarios. Mario Martínez de Butrón (Bilbao, 1962) acaba de ponerse al frente del Colegio Notarial del País Vasco para un mandato de cuatro años con el propósito de "rescatar la imagen del notario como funcionario y persona de confianza para el consumidor". Uno de los primeros proyectos que ha acometido es la extensión y generalización de una iniciativa planteada por un notario vasco para condonar las escrituras que tengan por objeto la novación de un crédito hipotecario.
Un notario de Portugalete decidió condonar las escrituras de algunas hipotecas para facilitar una solución a las personas ahogadas por los créditos. El Colegio Notarial del País Vasco hizo suya esta idea, ¿qué pasos han dado?
Todo surge por la iniciativa de un compañero, pero no se trata de una acción para evitar los desahucios, porque nosotros en las ejecuciones hipotecarias tenemos una labor muy limitada, el papel principal es de la autoridad judicial. Nosotros podemos intervenir en la fase previa, porque para que haya un desahucio tiene que haber un proceso en el cual unos señores no pueden pagar. Lo que sí podemos hacer es facilitar a esos señores la posibilidad de renegociar sus créditos.
¿Ahora están en eso?
La iniciativa del compañero ha puesto de manifiesto que existe un problema y, segundo, que solo con que el notario condone no se consigue nada, porque los gastos notariales sobre este tipo de operaciones no son determinantes. Nos hemos puesto en contacto con las entidades financieras y también con algunos políticos con la idea de conseguir algún tipo de pack cerrado donde los gastos queden muy reducidos, pero no solamente los gastos notariales, que son mínimos, sino también los registrales, de tramitación, comisiones... Tenemos que estudiar los casos en los que una novación puede servir para algo. La verdad es que los bancos están haciendo cosas para conseguir que la gente que durante un tiempo no puede pagar no acabe en el desahucio, porque nadie tiene interés en que se llegue a eso, ni la banca, ni las inmobiliarias, ni mucho menos los notarios.
Además del procedimiento judicial existe otro, el notarial o extrajudicial, para resolver ejecuciones hipotecarias, ¿por qué no se usa más?
El procedimiento extrajudicial nació fundamentalmente para evitar la figura de los subasteros, pero como su utilización depende de la entidad acreedora, hasta la llegada de la crisis no se había recurrido a él en absoluto. Ahora lo ha empezado a utilizar alguna entidad muy concreta.
Y ¿es mejor o peor que el procedimiento judicial?
Desde un punto de vista teórico la capacidad de la Notaría de publicitar la subasta del inmueble de una manera más ágil y eficiente permite que el precio de remate sea superior. En teoría eso que era muy bonito hace 10 años y servía para que el piso se adjudicara al precio real y no al mínimo, hoy por hoy no tiene tanta utilidad, porque el precio lo determina el mercado. En muchos casos incluso ese 60%, que es el valor mínimo, está por encima de lo que marca el mercado. Podemos decir que el procedimiento extrajudicial tiene menos gastos, es más rápido, pero no protege ni favorece al deudor como le hubiera podido favorecer hace 10 años.
¿Los notarios pueden hacer algo para aumentar la protección de las personas hipotecadas?
Es complicado porque el problema que tenemos es que si en su momento el piso costó cien y ahora vale 60, por mucho que lo subastes o por mucho que busquemos compradores, nadie va a pagar más de 60. Ese es el problema del procedimiento extrajudicial, del judicial, y el que tenemos todos hoy en día, que los pisos valen mucho menos de lo que valían cuando los compramos.
Los notarios también están sufriendo los efectos de la crisis, ¿cuánto se ha reducido su trabajo?
La mayor parte de nuestros ingresos vienen de la compraventa de viviendas y los préstamos, ahí la disminución ha sido del 50%, con lo cual los beneficios también se han reducido muchísimo, pero no creo que seamos un colectivo que atraviesa una situación tan extrema como para salir a quejarse, sobre todo viendo lo que hay. El día que la sociedad mejore y en lugar de haber 20.000 nuevos parados haya 20.000 nuevos puestos de trabajo, los notarios también estaremos bien.
Ahora hay varios proyectos para aumentar el papel de los notarios. Se habla de bodas y divorcios, mediación.. ¿qué le parecen?
En general todo lo que sea asumir nuevas funciones es algo que a los notarios nos tiene que agradar, sobre todo porque estamos capacitados para hacerlo y porque seguramente lo haríamos a un coste inferior al habitual. Disponemos de una red de oficinas y de unos sistemas informáticos que nos van a permitir reducir el coste que hoy soporta la sociedad, pero también hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo el tan traído y llevado tema de las bodas. No nos gusta haberlo conocido por un borrador de un anteproyecto en cuya elaboración no hemos intervenido, que casi se nos ha ocultado y en el cual se mezclan muchas cosas.
¿Por qué no les gusta?
Estas nuevas funciones se derivan de una ley que cambia todo el sistema de seguridad jurídica preventiva. Introduce una modificación total que lo único que va a conseguir es ralentizar el marco jurídico ya que atribuye a los registradores un poder absoluto y los convierte en adjudicadores de derecho. Esto supone que el notario, el juez, el ayuntamiento preparan expedientes, hacen contratos y luego van a ser los registradores quienes, unos días después, van a decidir si eres propietario, administrador, o si estás casado .
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La atención a los dependientes en la CAV, la segunda mejor valorada |
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Viernes, 25 de Enero de 2013 22:20 |
Noticia Diario Noticias de Gipuzkoa sección Sociedad, el viernes día 25 de Enero de 2013.
La atención a los dependientes en
la CAV, la segunda mejor
valorada
El Observatorio estatal califica con un nota de 7,5 puntos el sistema vasco
EFE - Viernes, 25 de Enero de 2013 - Actualizado a las 05:22h
DONOSTIA. El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de Euskadi es el segundo más valorado del Estado con una nota de 7,5 puntos, solo superada por Castilla y León, que consigue una puntuación de 9,2. Así lo pone de manifiesto el X Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que constata que Castilla y León, Euskadi y Andalucía (7,1 puntos) destacan "de manera notable" con relación al resto de comunidades autónomas.
La mitad de las autonomías suspende y baja la puntuación respecto a dictámenes anteriores y son la Comunidad Valenciana (0,8), Canarias (2,1), Ceuta y Melilla (2,1) y Baleares (2,5) las que se "empecinan" en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley contempla, según dijo el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Destaca el descenso de alguna comunidad como es el caso de Aragón (3,8), que por primera vez suspende, así como el "retroceso" de Castilla-La Mancha que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado (5,8). Pasan del cinco, por primera vez, Navarra (5,4) y Galicia (5,8).
En general, el Observatorio constata una tendencia "muy negativa" en la implantación de la ley y la puntuación de media ha descendido con respecto al anterior semestre de 2012 al pasar de 4,88 a 4,72. Además, el dictamen alerta de que la atención que prestan las comunidades autónomas a las personas dependientes no podrá mantenerse a causa de los recortes en el SAAD del Gobierno.
No obstante, en el caso de Gipuzkoa, como informó ayer este periódico, la Diputación ha dado luz verde a nuevas prestaciones para recibir cuidado en casa de las que podrán beneficiarse 12.500 guipuzcoanos con dependencia grave y moderada. Esto contrasta con lo que ocurre en otras comunidades, ya que el observatorio afirma que en los seis meses de aplicación de la ley la situación es "especialmente preocupante".
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La ampliación de las ayudas a la dependencia puede beneficiar a 12.500 guipuzcoanos |
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Viernes, 25 de Enero de 2013 22:14 |
Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa sección Sociedad, el jueves 24 de Enero de 2013.
NUEVAS PRESTACIONES
La ampliación de las ayudas a la
dependencia puede beneficiar a 12.500
guipuzcoanos
LA DIPUTACIÓN DA LUZ VERDE A LAS NUEVAS PRESTACIONES PARA RECIBIR CUIDADOS EN CASA
El Departamento de Política Social estima que esta cobertura podría generar más de 160 contratos este año
JORGE NAPAL - Jueves, 24 de Enero de 2013 - Actualizado a las 05:22h
Una mujer cuida de una persona dependiente en su domiclio (N.G.)
DONOSTIA. El cuidado de las personas dependientes en su hogar se ha convertido en una cuestión prioritaria en Gipuzkoa. La contratación de asistentes personales para atender a quienes no pueden valerse por sí mismas cobra una importancia crucial, y lo hace en un contexto en el que la "contarreforma" aprobada el año pasado por Rajoy no ha hecho sino complicar las cosas. La reducción de un 30% de las prestaciones desde el pasado mes de septiembre pesa como una losa para los principales afectados, algo que no está dispuesto a tolerar el Ejecutivo foral, que desde un primer momento mostró su negativa a aplicar recorte alguno en Gipuzkoa en esta materia. Así, las actuales ayudas no solo se mantienen, sino que se ampliarán para las personas con dependencia grave y moderada, tal y como avanzó ayer el Ejecutivo foral.
El cambio es sustancial. Con la medida aprobada por el Consejo de Diputados, las prestaciones ya no solo están reservadas a las personas con dependencias severas, como hasta ahora, sino que pasan a incluirse en ellas las graves (grado II) y parte de las moderadas (grado I nivel 2). En Gipuzkoa hay casi 12.500 personas que han sido valoradas con esos niveles de dependencia, por lo que podrían acogerse a las nuevas ayudas si bien se estima que no todas se decantarán por esta prestación.
La nueva ayuda está destinada a sufragar los gastos de contratación de cuidados en el hogar. La cuantía mensual de las ayudas por asistencia personal, como puede apreciarse en el gráfico que se adjunta, oscila entre los 833,96 euros (percibidos por las personas con dependencia severa) y los 300 euros destinados a dependencias moderadas.
En suma, el Ejecutivo foral calcula que esta nueva ayuda supondrá un desembolso anual de 600.000 euros -ya consignados en los presupuestos forales-, a los que hay que añadir los 8.713.000 euros que ya supuso la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) durante el año pasado. El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, estima que "hacer frente a los recortes impuestos" por el Gobierno español supondrá a las arcas forales un desembolso de diez millones de euros. Ya en septiembre del año pasado, Gipuzkoa blindó vía decreto las ayudas a la dependencia. Según informó ayer la Diputación, la ampliación de la cobertura ha sido posible ahora "gracias a la interpretación extensiva" que hace el Gobierno foral de la Ley de Dependencia. Esta medida, llegó a decir Rodríguez, "convierte a Gipuzkoa en el único territorio en todo el reino de España en abrir el derecho a esta prestación a nuevos grados".
Así, según los datos aportados, en el Estado hay concedidas 1.300 prestaciones de asistencia personal, de las que 1.190 corresponden a dependientes severos de Gipuzkoa. El Departamento de Política Social estima que la nueva medida podría generar más de 160 contratos nuevos a lo largo de este año.
SEIS MESES DE PLAZO El titular de Política Social explicó que las ayudas a los nuevos grados pueden solicitarse durante los próximos seis meses a través de los servicios municipales, tal y como se viene haciendo hasta ahora. Además, los demandantes que a 1 de agosto del año pasado cumplían los requisitos establecidos en los baremos de valoración, "cobrarán la prestación con carácter retroactivo".
El diputado dio a conocer ayer el acuerdo en una rueda de prensa en Donostia en la que destacó que han establecido como una de las prioridades para este ejercicio la potenciación de las políticas dirigidas al mantenimiento en el entorno de las personas dependientes "durante el mayor tiempo posible". "Por eso", añadió, "consideramos fundamental proveer a este colectivo de las herramientas necesarias para preservar y fomentar su autonomía".
Tras ese fin se encuentran servicios como los centros de día o las estancias temporales de respiro del programa Sendian. Una apuesta que el Ejecutivo foral entiende tan necesaria como las prestaciones económicas que acaban de aprobarse, gracias a las cuales se podrá contratar la asistencia que necesitan las personas dependientes para mantenerse en sus domicilios. Una cuestión de creciente importancia que el año pasado fue sometida a votación en las Juntas Generales, donde se solicitó al Gobierno Vasco que asumiera el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras que no desempeñan otro empleo remunerado y se veían afectadas por los recortes de Rajoy .
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El Parlamento Vasco pide a los municipios viviendas para los desahuciados |
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Viernes, 25 de Enero de 2013 22:06 |
Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa sección Sociedad el jueves día 24 de Enero de 2013.
FÓRMULAS DE COLABORACIÓN
El Parlamento Vasco pide a los
municipios viviendas para los
desahuciados
El Parlamento Vasco ha instado a los ayuntamientos de Comunidad Autónoma Vasca a que pongan los pisos vacíos de titularidad municipal a disposición de los desahuciados de sus viviendas habituales.
EFE - Jueves, 24 de Enero de 2013 - Actualizado a las 13:35h
El Parlamento Vasco ha abierto sus debates esta décima legislatura con la tramitación de una proposición no de ley de EH Bildu, la primera iniciativa que se registró bajo el mandato del lehendakari Iñigo Urkullu, pocos días después de que una mujer se suicidara en la localidad vizcaina de Barakaldo cuando iba a ser desahuciada.
GASTEIZ. A la iniciativa original han presentado enmiendas conjuntas el PNV, PP y UPyD, que es la que ha sido aprobada, y por otro, EH Bildu con el PSE-EE, rechazada por los grupos anteriores.
Una de las diferencias de ambos textos, que también recogen propuestas coincidentes, es que la coalición abertzale y los socialistas planteaban medidas concretas hacia las entidades financieras y la aprobada hace hincapié en las reformas legales.
La de EH Bildu y el PSE-EE también pedía una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil para que mientras que las entidades financieras reciban dinero público se suspendan todas las subastas y ejecuciones de viviendas habituales.
La resolución aprobada con los votos del PNV, PP y UPyD insta al Gobierno Vasco a activar sus recursos en materia de vivienda para atender a los desahuciados de su residencia habitual y dé prioridad a su acceso a programas de viviendas en alquiler social.
También pide a las entidades financieras a que suspendan temporalmente de los desahucios a quien no pueda hacer frente al pago de la hipoteca por la pérdida de empleo o la caída de ingresos y reclama al Ejecutivo autonómico a que en función de las decisiones que adopten los bancos sobre los desahucios "revise las relaciones económicas, institucionales y de colaboración" con cada uno de ellos.
El Parlamento pide fórmulas de colaboración entre las instituciones y las entidades financieras para poder establecer un programa de ayudas a las familias incursas en procesos de desahucios "de extrema gravedad".
La Cámara Vasca ha acordado asimismo instar al Gobierno de España a decretar una "moratoria hipotecaria transitoria" con el objetivo de evitar que tengan que abandonar su vivienda habitual quienes no puedan hacer frente al pago sus hipotecas por la pérdida de recursos.
Pide al Gobierno español que continúe con las modificaciones legales para poner fin a situaciones de indefensión y desprotección de los afectados por desahucios y para articular un procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada de las deudas en el que se incorporen alternativas que garanticen la permanencia en la vivienda.
EH Bildu y el PSE-EE han defendido un texto en el que también instaban al Gobierno de España a que decrete una "verdadera moratoria hipotecaria" de, al menos, dos años para evitar desahucios y han instado a las Cortes a que acometan las modificaciones normativas para poner fin a la situación de desprotección de las familias afectadas.
En su iniciativa pedían que en las reformas legales se amplíen las posibilidades de dación en pago y que se determine que "todas las entidades financieras que hayan recibido o reciban ayudas públicas queden obligados a aceptar la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación completa de la hipoteca".
También pedían al Gobierno vasco que revisase los convenios que tenga firmados con las entidades financieras que actúan en la Comunidad Autónoma para que no ejecuten ningún desahucio sin pasar antes por el servicio de mediación hipotecaria.
Otro punto del texto conjunto de la coalición abertzale y el PSE-EE solicitaba a todas las instituciones públicas, incluido el Parlamento Vasco, a retirar sus fondos de aquellas entidades financieras que no paralicen los desahucios y que no lleven adelante las propuestas de solución del citado servicio de mediación .
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