El pleno de la Corporación dio en su última sesión, el miércoles, un valiente paso adelante frente al drama de los desahucios. A través una moción suscrita por todos los grupos con representación municipal, partiendo de una iniciativa de Stop Desahucios, los corporativos locales aprobaron por unanimidad una serie de compromisos que incluyen uno que compromete al Ayuntamiento de Irun a que «retire sus fondos y deje de realizar depósitos con aquellas entidades financieras que mantengan procedimientos de ejecución hipotecaria de desahucio de vivienda habitual en la ciudad».

Algunos ayuntamientos guipuzcoanos han ido dando pasos en este sentido, como hizo Lasarte-Oria, también por unanimidad, hace apenas dos semanas. En el caso de Irun, este compromiso partía de la propuesta de Stop Desahucios como respuesta a «la decisión de una amplia mayoría de las entidades financieras de seguir adelante con las ejecuciones hipotecarias». A partir de otra moción aprobada en el mes de mayo, esta plataforma viene trabajando conjuntamente con representantes de las diversas fuerzas políticas municipales en comisión pionera dedicada al seguimiento de los casos de desahucio y al asesoramiento de aquellas personas que están en riesgo de quedarse sin su hogar.

Con la aprobación del miércoles, el Ayuntamiento asume nuevos compromisos, además del de retirar los fondos. Por una lado se solicita «al Gobierno central una modificación en profundidad de la actual Ley Hipotecaria». Por otro, y ahondando en la relación entre la institución y los bancos, se solicitaba que «los parques de viviendas en poder de los bancos se pongan a disposición de la ciudadanía que carece de vivienda» con preferencia para «las familias desahuciadas», con un «alquiler social acorde a sus condiciones». Para llevarlo a efecto, se alude a que las instituciones públicas, «en particular el Gobierno Vasco» por tener la competencia en alquileres sociales, colaboren. Y dado que las instituciones públicas gestionan «miles de millones que depositan en los bancos» la moción exige «un mínimo de ética a las entidades que se benefician de gestionarlos». Por eso, instan a estas entidades a «paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria de forma inmediata por un periodo de dos años».

El último de los compromisos obliga al Ayuntamiento a notificar todo esto a los directores de las entidades en las que el consistorio tenga cuenta. Será la segunda vez en poco tiempo en la que los directores de las sucursales locales se encuentren con algún representante municipal.

Precisamente esta semana, José Antonio Santano se reunió con ellos en el ayuntamiento para explicar las líneas de la propuesta que alcaldes y concejales socialistas de Euskadi planteaban como respuesta al problema de los desahucios. «La idea es abrir un canal directo con ellos para conocer de primera mano cuál es la situación real de nuestros vecinos y qué líneas de actuación tienen previstas las entidades financieras en este sentido». Santano explicaba que aquélla fue «una primera toma de contacto con la que lo primero que queremos es evitar situaciones que nadie desea y que provocan auténticos dramas sociales». En breve será convocada una segunda cita para explicar el acuerdo plenario.