El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que establece la suspensión de desahucios hasta el 16 de noviembre de 2014 y ordena la constitución de un fondo de viviendas para alquileres sociales. La paralización de los desahucios durante los próximos dos años se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales iniciados a fecha de hoy en los que no se haya producido el lanzamiento (última fase de una ejecución hipotecaria, que habitualmente coincide con el desahucio).

Tal y como anunció ayer el Gobierno tras el Consejo de Ministros, para beneficiarse de la suspensión del desahucio es necesario cumplir los supuestos de vulnerabilidad especial y tener un determinado nivel de renta. Pueden acogerse a la medida familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género.

Asimismo, tienen derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

Al mismo tiempo, será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales- o que se haya producido una alteración de las circunstancias económicas (que el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50 por ciento en los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos).

La norma garantiza que durante dos años los colectivos definidos como vulnerables no puedan ser desalojados de su vivienda, con la confianza de que, tras este periodo, habrán superado las dificultades económicas actuales, señala la exposición motivos de la norma.

La plataforma Stop Desahucios Bidasoa se ha concentrado hoy frente a los juzgados de Irun para apoyar a un vecino de esta localidad guipuzcoana que estaba citado a declarar y exigir la paralización del procedimiento hipotecario en el que está inmersa esta persona.

Kutxabank había interpuesto una demanda penal contra Juan Carlos Infante por usurpación de la propiedad, ya que este ciudadano se niega a abandonar la vivienda en la que reside desde hace 16 años y que hace meses, al no poder hacer frente al pago de la hipoteca, fue adquirida por la entidad bancaria en una subasta.

Al salir de la vista, este vecino de Irun ha explicado a los medios que "se ha paralizado el proceso penal", lo que ha calificado de "un pequeño avance", aunque se ha mostrado contrariado porque va a continuar el embargo de sus cuentas y bienes, que se limitan a alguna pertenencia que tiene en la casa.

Fernando Arozena, de Stop Desahucios Bidasoa, ha denunciado que Kutxabank "no ha tenido reparos en continuar el procedimiento judicial contra Juan Carlos cuando apenas han transcurrido unos días desde que anunciara a bombo y platillo la paralización de las ejecuciones hipotecarias".

Como «un delincuente»

Ha añadido que tratan a este ciudadano como "un delincuente cuando son ellos los que se niegan a negociar y han adoptado actitudes mafiosas para quedarse con su casa, vivienda de la que Juan Carlos asume los gastos de comunidad, luz y agua a la espera de una solución a su situación de desahucio".

Arozena ha recordado que esta persona "nunca se ha negado" a pagar la hipoteca, ha cumplido con los pagos mientras su situación económica se lo permitía y, cuando ha vuelto a tener empleo, "ha ofrecido fórmulas de negociación como el alquiler social y la respuesta que ha recibido ha sido el embargo de las cuentas y ahondar mas en su situación de precariedad".

La plataforma Stop Desahucios Bidasoa ha anunciado que está estudiando la posibilidad de presentar una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Irun para solicitar al consistorio "que retire los fondos que tiene en Kutxabank y en otras entidades que siguen promoviendo los desahucios".

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley de medidas de protección de los deudores hipotecarios por el que se creará un "fondo social de viviendas" destinadas al alquiler para personas que hayan perdido su vivienda. La nueva norma incluye también la paralización de los desahucios durante dos años, medida a la que se podrán acoger quienes tengan un nivel de renta inferior a tres veces el IPREM (unos 1.600 euros mensuales) -una renta anual de 19.200 euros-, familias numerosas, con menores de tres años a su cargo, con personas en situación de incapacidad o dependencia, deudores en paro y sin prestación por desempleo y determinados casos de violencia de género.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha señalado que estos alquileres tendrán "precios bajos" y ha explicado que el nuevo decreto se tramitará en las Cortes con un proceso de diálogo en el que el Ejecutivo espera aportaciones "de todos los grupos, especialmente PSOE", con el que estos últimos días ha mantenido conversaciones para intentar pactar las medidas.

El ministros de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que la bolsa de pisos para alquilar del nuevo fondo social se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.