Los centros escolares Dunboa, Eguzkitza, Elatzeta, Hirubide, Irungo La Salle, Toki Alai y Txingudi, así como el instituto Pío Baroja, participan este año en el programa Agenda 21 Escolar que promueve el Ayuntamiento de Irun a través de su departamento de Desarrollo Sostenible. Tras abordar en años anteriores la gestión de residuos, el consumo responsable, el agua o la energía, el tema escogido para esta decimotercera edición ha sido el cambio climático.

El delegado de Desarrollo Sostenible, Miguel Ángel Páez, explica que «se pone en marcha una nueva edición de la Agenda 21 Escolar, un programa que permite que alrededor de 5.000 jóvenes iruneses participen y den su opinión en temas que nos afectan a toda la sociedad como es el medio ambiente. Se trata de acercar estos asuntos a los centros para que desde la comunidad educativa, las nuevas generaciones sean conscientes, por ejemplo, de los retos que enfrenta el planeta en materia del cambio climático».

La Agenda 21 Escolar se trabaja a través de tres ejes: currículum, gestión del centro escolar y participación en el municipio. Una vez completados la inserción del tema elegido en el currículum y el diagnóstico en la gestión del centro, se desarrolla un plan de actuación con posibles mejoras, y para ello realizan diversas actividades, tanto en el aula como en la calle. Con los resultados obtenidos, además de que los escolares adquieran una serie de compromisos personales, también sugieren propuestas dirigidas a los representantes municipales.

Entre las diferentes actividades previstas para este año los estudiantes analizarán si las diversas asignaturas que cursan tienen en cuenta el tema del cambio climático, planteándose preguntas como: ¿se refleja de forma adecuada la importancia que el cambio climático tiene en nuestro planeta?¿Conocemos qué consecuencias tendrá en nuestro municipio? ¿Cuál es la presencia que tiene el cambio climático en nuestra escuela? ¿Qué podemos hacer para reducir las consecuencias que tiene el cambio climático en Irun?.

Una vez finalizado el diagnóstico de la escuela, el alumnado que participa en la Agenda 21 trabajará en los diversos espacios del municipio con el fin de estudiar sobre el terreno sus características: el consumo de las casas, la utilización de los vehículos, encuestas sobre el tiempo, el hacer la compra en el municipio, qué parte juega el Ayuntamiento en este tema, etcétera. Analizar todas estas cuestiones será el objetivo. Asimismo, además de conocer la realidad de Irun, los escolares podrán debatir propuestas para un futuro más sostenible. Acabados todos los diagnósticos, el último paso consistirá en diseñar el Plan de Acción de la escuela y preparar la Audiencia municipal que se lleva a cabo todos los años en la Sala Capitular, a final de curso. En esta sesión, los escolares darán a conocer las conclusiones del trabajo realizado.

Sí Se Puede Irun hizo entrega ayer de sus aportaciones al reglamento municipal de cláusulas sociales. El documento se encuentra en estos momentos en fase de elaboración. «La importancia de las cláusulas sociales es crucial, porque aportan una perspectiva social a todas las contrataciones del Ayuntamiento», subraya el grupo municipal SPI. «Es una herramienta para mejorar los servicios que ofrece el Ayuntamiento, además de darle un componente de justicia social».

Entre las aportaciones que SPI ha realizado al documento, el grupo municipal destaca «la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación del reglamento a todas las entidades participadas por el Ayuntamiento de Irun, como Irunvi o Bidasoa activa». SPI observa también «la necesidad» de aplicar las cláusulas sociales «a los contratos menores», así como que el seguimiento del cumplimiento de las mismas «se haga desde la mesa de contratación, y no solamente desde Alcaldía o la Junta de Gobierno».

El grupo municipal propone también que, en la fase de preparación de las licitaciones, se exijan «declaraciones responsables que corroboren la solvencia social de las empresas, de tal manera que sólo puedan licitar con el Ayuntamiento de Irun aquellas que vengan demostrando periódicamente un compromiso social, y no incurran en prohibiciones de contratar».

En lo que se refiere a la fase de adjudicación de los contratos, SPI considera necesario «establecer un criterio de baremación que marque de manera fija qué porcentaje representarán las cláusulas sociales en el momento de adjudicar». Y en la fase de ejecución, el grupo propone añadir al reglamento «la posibilidad de rescindir contratos en casos de incumplimiento de las cláusulas sociales, así como un régimen sancionador».

En sus propuestas, el grupo SPI ha añadido cláusulas sociales a los contratos de suministros; pidiendo, por ejemplo, «que los servicios de comida y bebida procedan del comercio justo», así como los suministros de vestuarios, ropa de trabajo, calzado o material deportivo. El grupo pide incorporar criterios sociales también a lo relacionado con el acceso a las tecnologías, atendiendo, entre otras, «a las personas con diversidad funcional».

Asimismo, en sus propuestas SPI ha añadido «referencias de otras localidades que entendemos relevantes para añadir más cláusulas sociales o darle una perspectiva diferente al borrador que se nos ha entregado». En este sentido, el grupo municipal cita documentos elaborados por los ayuntamientos de Madrid, Sevilla o Zaragoza, o por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. SPI recuerda también que «en ayuntamientos de Euskadi como Gasteiz, Barakaldo o Bilbao se viene trabajando en esta materia».